Nunca antes en la historia reciente de Nicaragua un Presidente de la República había corrompido al sistema judicial como lo ha hecho Daniel Ortega. Consciente de que no quiere la disidencia y que le conviene tener cartas que jugar, mantiene en sus calabozos a al menos 235 personas, entre importantes figuras de oposición, lideres de sociedad civil y empresarios reconocidos. Todos han resultado condenados en procesos judiciales que no han sido más que un trámite. 

La devaluación de justicia nicaragüense comenzó a mediados de 2021 cuando Ortega ordenó a la Policía detener a sus principales opositores. Los delitos y  las supuestas investigaciones vendrían después con pruebas y testigos falsos que, en la mayoría de los casos, eran los mismos agentes o simpatizantes de su partido el Frente Sandinista. 

Así, el sistema judicial se convirtió en un instrumento de represión más y perdió su rol como espacio para la defensa de los derechos civiles de los nicaragüenses, dice un abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El año pasado, ninguna de las puertas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) se abrieron para conocer cómo se realizaban los “juicios orales y públicos” contra los opositores detenidos a partir del 28 de mayo del 2021.

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Eso sí todos, luego de meses de espera, se realizaron de manera exprés y con un denominador en común: una declaratoria de culpabilidad.

FARSAS JUDICIALES

Los políticos, empresarios, sacerdotes, fueron condenados de antemano, ya que el Ministerio Público los tildó de “criminales y delincuentes”, según diversos comunicados como el número 001-2022 del 31 de enero pasado en el que anunciaba que a partir del 1 de febrero se reanudaban los juicios contra los opositores que estaban en las celdas de El Chipote y bajo arresto domiciliar.

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Luego de las protestas de abril del 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementó una primera etapa de represión judicial contra los opositores y fue la criminalización. Los capturados eran acusados de terrorismo.

Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones que los juicios, que llaman “farsas judiciales”, se desarrollan bajo una serie de irregularidades que violan el principio de presunción de inocencia.

Los imputados no tienen acceso a abogados y, según un análisis del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se les violaron al menos 16 derechos humanos y constitucionales.

Una abogada, que habla con este medio bajo anonimato, explica que este ambiente de irregularidades se debe a la falta de independencia de los poderes del Estado. Desde jueces, pasando por los fiscales hasta magistrados están al servicio de El Carmen, la sede del régimen en Managua. Es decir, agrega la experta, que los funcionarios judiciales son electos por afinidad política y no por méritos profesionales.

“Por eso se ha dado toda la ilegalidad en los procesos penales”, expone la abogada, para quien otra irregularidad visible es que los juicios se realizaron en El Chipote y no en el Complejo Judicial de Managua o de los departamentos donde supuestamente las personas acusadas cometieron los delitos.

ANIQUILAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en Nicaragua coinciden la ausencia total de institucionalidad y de Estado de Derecho, este último aniquilado por la dictadura en los últimos cinco años.

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A eso le suma la “altísima corrupción” en el Poder Judicial, que desde su punto de vista la dictadura administra en su beneficio. Por eso cree que en la Justicia no existe un “ápice de transparencia y probidad” y la lealtad de los funcionarios se fundamenta en el temor que tienen a perderlo todo y ser procesados por los actos de corrupción que han cometido, es decir el régimen opera bajo la premisa de premio -castigo.

Para poner en marcha todo este proceso, Ortega ha utilizado un engranaje donde participan instituciones y poderes del Estado. Comienza con las detenciones arbitrarias que realiza la Policía al mando de su consuegro Francisco Díaz.

Luego está el Ministerio Público, que valida esos arrestos que ejecutan sin orden judicial y con detenciones ilegales prolongadas, que los defensores catalogan como desapariciones. 

Y a esta práctica se agrega el Poder Judicial, con jueces que condenan. Los defensores públicos tampoco ejercen su  labor ya que participan negándoles a los  presos políticos el derecho a tener un abogado de su elección. El Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial, actúan como secuestradores. 

“Existe una falta de independencia y que el totalitarismo del Poder Ejecutivo ha trascendido a todas las instituciones”,  señala la abogada penalista.

FÁBRICAS DE DELITOS

Por su lado, el defensor del Colectivo plantea que otras instituciones se “articulan de manera armónica” en esta cadena de irregularidades como el Instituto de Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Esta última guarda un silencio cómplice ante la actuación de los funcionarios del Estado. 

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“Estas instancias instituciones, cometiendo prevaricato y en violación a la Constitución Política, funcionan en cadena para fabricar delitos y evidencias, violentar las garantías judiciales y condenar a opositores”, reitera Arce. 

Otra de las inconsistencias que ha observado el abogado Arce en los juicios a los presos políticos, es que más allá de los testimonios de policías y simpatizantes orteguistas es que el Ministerio Público no cuenta con “evidencias irrefutables y variadas que permitan determinar la responsabilidad penal de una persona”.

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Los abogados defensores tampoco han tenido acceso a las supuestas evidencias para poder refutarlas. “Todo el proceso judicial está configurado para una condena”, asegura Arce. 

Al respecto, la abogada penalista consultada por DESPACHO 505, expone que no es ilegal que un policía exponga su testimonio en un juicio, el problema es que la institución sancionada por Estados Unidos está “totalmente partidarizada y sometida a una voluntad partidaria”. 

Pero también el régimen ha querido “lavarse la cara”, añade. En diciembre se conoció el fallo de culpabilidad que emitió la juez Ulisa Yaoska Tapia contra el opositor Beyker Enrique Ferreti Aguilar, de 22 años, a quien la justicia orteguista señala de ser el autor del crimen del bebé Teyler Leonardo Lorío Navarrete. El bebé falleció producto de un disparo en la cabeza que recibió en plena vía pública en Managua durante la Operación Limpieza.

ORTEGA SE QUIERE LAVAR LA CARA

Con dicho fallo el régimen pretende proyectar ante la comunidad internacional que se esfuerza en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del 2018, como también  lo quisieron hacer con la muerte del periodista Ángel Gahona y de la estudiante brasileña Rayneia Lima. 

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“Ellos (el régimen) lo que quieren hacer es a nivel internacional proyectar que hubo justicia en un caso, y este caso quieren ejercer la acción penal y condenar a una persona que no es la que realmente cometió el delito para encubrir a sus paramilitares o a sus policías”, expone la jurista.

Una de las irregularidades en el juicio del bebé Lorío Navarrete es la retardación de justicia —tomando en cuenta que el asesinato ocurrió en junio de 2018— y a eso se suma la falta de acceso a la información por parte de los padres del menor.

Arce también menciona que el fallo de culpabilidad es para fortalecer la narrativa oficial “en la que exime de responsabilidad a los actores gubernamentales (policías, para policiales y fuerzas de choque)”.

“Un elemento que deslegitima el proceso es que el mismo no contó con el testimonio de los padres, actualmente en el exilio producto de la represión y hostigamiento, el testimonio de Nelson y Karina son fundamentales en la reconstrucción de los hechos ocurridos ese día”, detalla el defensor de los derechos humanos.

PODER JUDICIAL AL SERVICIO DE ORTEGA

El régimen entre el 2020 y 2022 se ha dedicado a crear un marco jurídico donde ha inventado nuevos delitos como los que estableció con la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley de Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y además reformó el Código Procesal Penal.

Dentro de su abanico de criminalización incluye imputar delitos comunes con el afán de mostrar a los opositores como “delincuentes comunes”. El caso más sonado es el del paramilitar disidente Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el “Chino Enoc” a quien la Justicia condenó a más de 12 años de prisión por los delitos de transporte ilegal de droga; fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas y artefactos explosivos; y  portación, tenencia ilegal o municiones.

Su delito real fue criticar abiertamente a Rosario Murillo. Ella usó el sistema judicial para hacerlo responsable de un delito que, probablemente, nunca cometió.

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