La primera factura por el mantenimiento del campanario mandado a construir el año pasado en el centro de Managua supera el medio millón de córdobas. La orden de pago por este servicio fue aprobada por la Alcaldía de Managua el pasado 2 de marzo a favor de Sánchez Soluciones Constructivas S.A, la misma compañía a la que confió la edificación de la obra, mediante un procedimiento que fue cuestionado en su momento por falta de transparencia y sospechas de tráfico de influencias.

El monumento de 17 metros de altura que costó 29.1 millones de córdobas, cuyo principal atractivo es la denominada Campana de la Paz -artefacto forjado en bronce y con diseño a medida encargado por Rosario Murillo- fue erigido hace apenas ocho meses para exaltar la gestión de Daniel Ortega: “La alcaldía de Managua reconociendo todos los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de todos estos años, reconociendo las alcaldías, y reconociendo a nuestro presidente (Daniel Ortega), a nuestro pueblo es que en los próximos días vamos a estar inaugurando el monumento de la Campana de la Paz”, dijo la sancionada vocera gubernamental al anunciar el proyecto.

La campana fue accionada por primera vez a la media noche del 19 de julio de 2020, en medio del estallido de fuegos artificiales por el 41 aniversario de la Revolución popular sandinista y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. El acto inaugural anunciado nunca se celebró, algo que fue atribuido al cuidado extremo que mantuvo Ortega ante el riesgo de contagio de Covid-19.

Transcurridos ocho meses la Alcaldía de Managua programó contratar el mantenimiento al espacio y Sánchez Soluciones Constructivas S.A., propiedad de Marietha Sánchez Campbell, resultó favorecida con la adjudicación del “Servicio de mantenimiento del campanario” por un monto total de C$521,630.21 más el pago del IVA que equivale a C$78,244.53 y que totaliza C$599,874.75, según consta en la resolución administrativa No.071 correspondiente al procedimiento de Compra por cotización de mayor cuantía No.091-2021.

En el documento, el Comité de evaluación considera que la oferta presentada por la empresa elegida “cumple efectivamente con los requisitos técnicos legales y financieros así como con los criterios de evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones”.

Además, designa a la Dirección General de Ornato la administración del contrato, incluida la supervisión, garantía, recepción y trámites de pago. El plazo de entrega del servicio quedó establecido en 30 días contados a partir de la notificación del contrato. “De conformidad a lo establecido en el artículo 181 numeral 1.1 del Decreto 08-2013 del reglamento de la Ley 801 Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, se prescinde de la Garantía de Cumplimiento”, establece el penúltimo punto de la resolución.

La investigadora Dayra Valle, experta en contrataciones públicas, critica que se estén gastando recursos en el mantenimiento de un campanario cuando estamos en una situación de emergencia por el Covid-19 y una profunda crisis económica que ya va por su tercer año.

“Los recursos siguen siendo escasos, tenemos muchos requerimientos de atención de los diferentes servicios públicos que son urgentes. Esto demuestra que se sigue beneficiando a ciertos proveedores que están en una lista privilegiada que favorece la Alcaldía de Managua, lo cual es violatorio de Ley de Contrataciones”, plantea.  

LAS IRREGULARIDADES DE LA CAMPANA PAGADA POR LOS MANAGUAS

El proyecto del monumento construido en la intersección entre la Carretera Norte y la Avenida Bolívar, en el centro capitalino, se ejecutó bajo una serie de señalamientos por irregularidades, comenzando porque no era parte de los 286 proyectos aprobados por el Concejo Municipal en el 2020.

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Tras el anuncio de la obra, DESPACHO 505 a través del rastreo de los contratos de adjudicación reveló que la obra encargada por Rosario Murillo le costaría C$29,110,942.06 a la comuna y que había sido otorgado a Sánchez Soluciones Constructivas.

El análisis de esos documentos también reveló que la obra fue otorgada mediante contratación simplificada, un procedimiento de compras públicas reservado para situaciones de emergencia, según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.

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Además, la construcción del monumento inició el 18 de mayo de 2020 y fue publicitado por Murillo y la cadena de medios oficialistas, pero la adjudicación de la misma fue resuelta hasta el 9 de junio, cuando en terreno las labores avanzaban a marcha forzada.

De acuerdo con la Resolución Administrativa de Adjudicación No. 087 suscrita por la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, el 9 de junio, el proyecto inicialmente se denominaba Construcción del Edificio Campana de la Paz y “por razones de interés público y de presupuesto” se modificó para ser llamado Construcción, Reparación y Remozamiento del Centro Histórico de Managua.

Este cambio permitió que el 2 de julio el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), reconociera el campanario como un sitio de interés turístico y cultural, para que las compras o servicios relacionadas a la obra quedaron cubiertas por incentivos y beneficios fiscales contemplador el la Ley 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística.

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A esto se suma que Sánchez Soluciones Constructivas S.A ha sido señalada como parte de los contratistas frecuentes de la Alcaldía de Managua desde 2016. Una investigación del medio digital Divergentes encontró que entre 2016 y 2018 recibió en contratos simplificados al menos C$58,347,870.19. A este se sumó la construcción del campanario y otros cinco en lo que va de 2021.

Según consta en la revisión de contrataciones públicas revisadas por DESPACHO 505, entre enero y febrero de este año la Alcaldía de Managua adjudicó a partes iguales diez contratos de obras por los que Sánchez Soluciones Constructivas S.A cobró C$ 4,788,226.1, y Asesoría & Construcciones S.A. Aconsa C$5,100,936.9.

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A nombre de esta compañía también aparecen dos adjudicaciones más de la Alcaldía de Managua que superan los 4 millones de córdobas.

Valle explica que el problema no radica en la adjudicación como tal, porque las instituciones públicas necesitan contratar servicios que no tienen capacidad de suplir, y en este caso está hecha bajo los parámetros de legalidad. Los malo, es que “cuando no conocés si hay una real competencia (en los concursos públicos), están pasando dos cosas: colusión entre el comprador y los proveedores y/o colusión entre proveedores. No dejan que entren otros proveedores que pudieran ser competitivos”.

Llama la atención, sobre el hecho de que las adjudicaciones estén siendo dadas a un número muy limitado de proveedores, que resultan ser contratistas frecuentes, insistió.

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