La dictadura recurre a prácticas de 2018, con las que llevó a la cárcel a periodistas y opositores, para callar a los médicos que denuncian el mal manejo de la pandemia de coronavirus.

El 4 de diciembre de 2018, Elba Rosa Solís López, flanqueada por una batería de periodistas oficialistas desde las afueras del Ministerio Público, informa entre un forzado llanto que interpuso una denuncia en contra del director del canal de televisión 100% Noticias, Miguel Mora, por incitar a la violencia y promover el odio y la muerte. “Yo solo culpo al varón que se llama Miguel Mora, porque con sus medios ha incitado a la población a hacer cosas terribles. Pido justicia para mi hijo”, dijo mientras se secaba las lágrimas

Según su testimonio, el periodista Mora era el responsable de la muerte de su hijo José Antonio Cruz Solís, abatido a tiros el 18 de junio de ese año en el sector de las Cuatro Esquinas, en Carazo. “He venido a denunciar”, repite, mientras los periodistas intentan sacar respuestas que culpen a Mora. En la noche del 21 de diciembre, 17 días después, la Policía irrumpe en la Redacción del canal de televisión y detienen al periodista y a su jefa de Prensa, Lucía Pineda Ubau. A la mañana siguiente, lo presentan en los juzgados para acusarlo de fomentar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad y el Estado.

Esta práctica de la dictadura para criminalizar a los opositores, empleada en 2018, está siendo retomada ahora para llevar a los tribunales de justicia orteguista a los médicos que denuncian la irresponsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. La tarde de este lunes, los médicos Guadalupe Esperanza Ruiz Joya y Rubén Flores Villavicencio acusaron a la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) de presuntamente informar en redes sociales y medios de comunicación que habían fallecido por Covid-19. La denunciada tiene nombre y apellido: doctora Greta Solís, presidenta de la AMN.

“Desde que difundieron a nivel nacional e internacional mi supuesta muerte, me he puesto mal de salud”, aseguró la doctora Ruiz Joya. “Yo quiero que la doctora Greta Solís Vargas dé la cara, porque me puso en una lista de médicos fallecidos y también mintió al decir que soy trabajadora del hospital (público) Alemán Nicaragua, y no es cierto, porque apenas estoy saliendo de mi servicio social”, agregó.

El otro doctor dijo: “A mí me han lesionado mi dignidad como ser humano, también a mi familia. Están haciendo trabajo político para boicotear el sistema de salud y las distintas acciones que está ejerciendo el Ministerio de Salud para contener la pandemia”. Ambos especialistas acusarán a los dirigentes de la Asociación por los delitos de lesiones psicológicas y daños morales, en un patrón ya usado por la dictadura para silenciar a los opositores.

En una declaración, la Asociación Médica Nicaragüense negó que ellos hayan elaborado una lista con nombres y apellidos de los galenos fallecidos por Covid-19. “Nuestra misión es y seguirá siendo promover la más elevada conducta ética y profesional en la atención de los pacientes y pueblo en general, así mismo informar y recomendar de manera responsable las medidas de prevención y autocuido en el contexto de la pandemia”, sostuvo.

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VIEJA RECETA DE REPRESIÓN CONTRA MÉDICOS

El despido de al menos 14 médicos activó las alarmas sobre un recrudecimiento de la persecución e intimidación contra el personal de salud. Foto: Cortesía

La decisión de estos médicos de denunciar a sus colegas representa una amenaza de cárcel, alertan organizaciones de derechos humanos y médicos nicaragüenses. Los procesos tienen vía libre, porque el régimen controla todos los poderes del Estado.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, afirma que esta no es una nueva forma de represión ya que en 2018 el régimen usó a otros simpatizantes para imputar cargos contra ciudadanos que se oponían a la dictadura: “Son unos cobardes, Ortega y Murillo no tienen la entereza de acusar directamente, porque si el Estado se siente ofendido, de oficio podría acusar”.

Hasta hoy la dictadura ha encarcelado a campesinos, estudiantes, feministas y periodistas. Los médicos se suman a esa lista de perseguidos, aunque en 2018 osó despedir a personal sanitario que participó en las manifestaciones ciudadanas.

“Esta es una característica de las dictaduras, es una forma perversa de criminalizar protestas y callar. Ya no podemos hablar que se instrumentaliza al Poder Judicial, sino que usan peones para acusar. Estamos en situación de represión permanente y ahora usan la pandemia para seguir reprimiendo. Están enfocados ahora en médicos, y han bajado un poco la represión contra los excarcelados. No quieren que los médicos desnuden la realidad de la pandemia”, agrega la defensora.

Esta misma interpretación hace Carlos Guadamuz, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, al señalar que ve una criminalización de los profesionales de la salud, que empezó con despidos masivos en los hospitales públicos, como primer gesto de amenaza para silenciarlos.

“Hay una estrategia de represión desatada contra médicos, a raíz de los despidos. Es sistemática y está dirigida a desarticular cualquier posibilidad de crítica, y más allá de la crítica es una exigencia de atención en salud”, valora.

Esta campaña de represión violenta derechos humanos y laborales establecidos en la Constitución Política y la Ley de Carrera Sanitaria (Ley 760). Además, afecta directamente a los nicaragüenses al acentuarse el déficit de médicos en tiempos en que los contagios de coronavirus aumentan sin control.

DE LOS HOSPITALES AL CALABOZO

La situación pasa otro plano al registrarse la denuncia que pone a los médicos a un paso de la cárcel, como ocurrió la tarde de este lunes.

“El Poder Judicial no representa ninguna tutela para los nicaragüenses porque es un órgano activo de la represión”, valora Guadamuz.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los “despidos arbitrarios de personal médico y de salud”, a los que relaciona directamente con profesionales sanitarios que brindan “información y/o critican” la respuesta del régimen de Daniel Ortega a la pandemia del coronavirus.

La situación del manejo de la pandemia en general, y de los médicos en específico, llevó a la ONU a reiterar su “preocupación” por la situación de Nicaragua, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La misma preocupación es compartida por otros organismos, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras la denuncia diversas organizaciones políticas mostraron su respaldo a la Asociación Médica, entre ellas la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). La UMN emitió un comunicado en el que rechaza la sistemática campaña de acoso y desprestigio que personeros del régimen y sectores afines han desatado contra las diversas organizaciones médicas del país y sus miembros.

“Esta campaña incluye acoso laboral, amenazas por medio de mensajes telefónico, acoso policial, despido laboral, amenaza de cierre de consultorios y clínicas, de procesamiento judicial entre otros. Manifestamos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con la Asociación Médica Nicaragüense y su presidenta la doctora Greta Solís, ante la campaña injuriosa desatada en contra de nuestros hermanos colegas de AMN. El gobierno pretende criminalizar el ejercicio del debate científico con el fin de ocultar la verdad sobre la situación de la pandemia de coronavirus que afecta dramáticamente a nuestra sociedad”, reza el comunicado.

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ES VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

El epidemiólogo Álvaro Ramírez se solidarizó con los médicos, pero alertó del riesgo de cárcel que enfrentan los especialistas nicaragüenses que critican a la dictadura, y que recurre a viejos trucos como revictimizar a sus seguidores para proceder jurídicamente contra quienes le adversan.

La denuncia contra la AMN, considera, afecta a la dignidad de los médicos.

“Es una criminalización que va a continuar, antes fue con estudiantes y ahora es con médicos, y eso es condenable. A quien se debe acusar es Ortega por cometer crímenes de lesa humanidad y por actuar irresponsablemente ante la pandemia”, agregó.

Pilar Estébanez, fundadora de la organización Médicos del Mundo España, condenó la persecución que sufren los galenos en Nicaragua pues se está violentando los derechos humanos y la profesión sanitaria. “Me parecen increíble los médicos de Nicaragua porque se exponen a un sinnúmero de represalias por parte de la dictadura”.

La médica española asegura que los médicos están para salvar vida y hoy más que nunca se necesitan para combatir la pandemia de coronavirus.

“Los médicos están para sanar a la gente y no pueden ser complacientes con ninguna dictadura ante una emergencia terrible como la que está viviendo Nicaragua”, dijo.

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