Michael Reed-Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional.

Cómo hacer justicia desde afuera en la medida en que el sistema judicial de Nicaragua esté secuestrado por el régimen de Daniel Ortega es una de las tareas pendientes en el país, asegura el abogado colombo-estadounidense Michael Reed-Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional.

Para alcanzar esa justicia el experto propone varias vías en las que la comunidad internacional debería involucrarse más, dice en esta entrevista con DESPACHO 505.

“Cuando los efectos de los crímenes trascienden las fronteras nicaragüenses, inmediatamente esos Estados afectados deberían ejercer su jurisdicción”, apunta el abogado que este este viernes participó en Madrid en el foro “Justicia secuestrada y prisión política en Nicaragua”, organizado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional, la Asociación Nicaragua Libre, IM-Defensoras y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Michael Reed Hurtado tiene más de 25 años de experiencia en el campo de los derechos humanossu trabajo se ha centrado, entre otros, en el desplazamiento forzado de personas; las condiciones y la reforma de las prisiones; la persecución penal efectiva de los delitos del sistema; y la justicia transicional.

¿Cómo describiría el sistema de justicia en Nicaragua?  

Es la expresión de una justicia política, es un aparato de justicia completamente domesticado por el régimen político y al servicio de los fines del régimen orteguista.  

A cuatro años de la matanza de abril en Nicaragua no hay un solo policía preso ni enjuiciado. El régimen decretó una Ley de Amnistía, y Ortega y Murillo señalados como autores intelectuales, sigue en el poder. ¿Ve viable en este momento recurrir a la justicia internacional? 

Advertisement. Scroll to continue reading.

La denegación de justicia a nivel nacional será objeto de procesos internacionales que establezcan, eventualmente, la responsabilidad internacional del Estado.  

La medida de amnistía que se adoptó, que procuró hacer un borrón y cuenta nueva, es una medida manifiestamente contraria al derecho internacional y que llevará a la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense.  

El régimen se ha vuelto muy refractario y está tratando de evitar toda su responsabilidad. Es hora de que la comunidad internacional entienda que esto no es solo un asunto nicaragüense, sino que la actitud homicida, refractaria y violatoria del régimen orteguista, tiende a dañar el balance internacional y debe ser un motivo de preocupación de todos los Estados comprometidos con los derechos humanos. Que se reestablezca la responsabilidad y el poder público en Nicaragua. Es muy grave que el Estado nicaragüense logre evadir sus obligaciones internacionales.  

Sin embargo, Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y el sistema judicial está secuestrado por la dictadura. ¿Qué otras vías se podrían utilizar para alcanzar esa justicia sin impunidad? 

El Estatuto de Roma es un mecanismo que estableció la Corte Penal Internacional y una serie de órganos. Se trata de una jurisdicción especializada internacional que, en muy pocos casos, ejerce jurisdicción sobre algunos perpetradores y los somete con todas las garantías a un proceso penal.  

Se trata de un mecanismo extraordinario y especial. El hecho de que Nicaragua no haga parte del Estatuto de Roma no quiere decir que Nicaragua no esté sujeta a todo el derecho internacional que establece la necesidad de perseguir ciertos crímenes. Crímenes como torturas son autónomos y discretos que deben procurar la atención de todos los Estados.  

Que acontezca tortura y, además, sistemática, no es solo un problema nicaragüense, es un problema de toda la comunidad internacional. Para ello tenemos el ejercicio de la jurisdicción universal en la que muchos Estados pueden usarla. Esto no debe estar sujeto a política, debe ser de manera objetiva, algo que se persigue. Además, tenemos la responsabilidad por pasiva, ya sea por la nacionalidad de las víctimas, o en algún caso un perpetrador que pueda tener otra nacionalidad.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Por otro lado, hay crímenes que se perpetran que no son solo de sangre, sino que tiene cierto componente transnacional. Cuando los efectos de los crímenes trascienden las fronteras nicaragüenses, inmediatamente esos Estados afectados deberían ejercer su jurisdicción.  

La Corte Penal es solo uno de los mecanismos, no es el único. Hay que buscar otras medidas. Cómo hacer justicia afuera en la medida en que la justicia en Nicaragua está secuestrada.  

En el caso de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, por regímenes dictatoriales, ¿a quién debe dirigirse esos procesos? A los autores materiales, a los que disparan, torturan, encarcelan, o a los autores intelectuales, a los que dan las órdenes. En este caso, Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

A estos crímenes les llamamos políticamente condicionados. No se trata solo de homicidios o de tortura o detenciones arbitrarias, sino que además cumplen un fin para una organización. Por eso es increíblemente importante ver el abanico de responsabilidades que están involucrados. Estos crímenes requieren planeación, ejecución y encubrimiento.  

Eso lleva a que los responsables no solo sean los gatilleros o los matones, o los torturadores, eso lleva a que los burócratas que dirigen los espacios de reclusión son responsables. Eso lleva a que los ideólogos que han puesto en marcha medidas de represión durísima contra ciertas poblaciones también tengan un nivel de responsabilidad.  

No hay la menor duda de que si uno va a perseguir procesos significativos de responsabilidad, no se puede quedar solo con los gatilleros. Es fundamental ir por todas responsabilidades, incluyendo aquellos que se han determinado como máximos responsables.  

El proceso de justicia no es inmediato y rápido. Esto va a ser un proceso gradual. Es importantísimo también establecer los niveles rasos de responsabilidad, con el fin de que la materialidad de los crímenes quede probada. Pero, no es suficiente porque si el régimen represivo no existiera, la gran mayoría de estos crímenes no se hubiesen cometido y esa parte es fundamental. Sobre todo, cuando se opera dentro de un cuerpo jerarquizado como la Policía. No quiere decir que los de abajo que cumplieron órdenes sean irresponsables, ellos también tienen responsabilidad. Pero lo cierto es que un cuerpo jerarquizado no sale a marchar por la voluntad de los de abajo, sino porque alguien les dio la orden. Es importante saber quién dio la orden para que estos eventos acontecieran y después de saber es importante que eso tenga implicación: responsabilidad penal.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Como Centro Guernica para la Justicia Internacional, cómo valoran la designación del Grupo de Expertos en Derechos Sobre Nicaragua designado recientemente por la ONU. ¿Qué esperan de ese trabajo? 

Es una nueva medida por parte del Sistema de Naciones Unidas con el aval del Consejo de Derechos Humanos que sigue demostrando la gran preocupación de la comunidad internacional. Los tres expertos acaban de ser nombrados, deben organizar su trabajo y, a partir del momento, volver a reportarle al Consejo de Derechos Humanos lo que han encontrado.  

Esta es una medida más que insiste en que la impunidad no es una opción como en muchos otros países que se han enfrentado. Este tipo de medidas permite puntos de ingreso hacia la justicia, coloca anclas que nuevamente hacen creer que, en Nicaragua, eventualmente, con muchos obstáculos habrá justicia.