Mildred Rayo y Miguel Flores, los miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) fueron condenados este lunes a penas de entre 8 a 10 años de cárcel, respectivamente, tras ser declarados culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Junto a Rayo y Flores fue condenado un tercer joven cuya identidad pidió no ser revelada, según información ofrecida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La condena fue dictada en la mañana de este lunes por el juez orteguista Félix Salmerón, y dio por cerrado el proceso penal que celebró a puertas cerradas el pasado día 26 en el Complejo Judicial de Managua. Un juicio que la AUN calificó de «montaje arbitrario contra su libertad».
En los mismos archivos judiciales consta que el juez Salmerón Moreno impidió que Flores contara con un defensor privado durante el juicio, al ignorar el pedido de reprogramación que introdujo con antelación. El juez no resolvió el escrito y al dar apertura a la audiencia nombró a un defensor público en sustitución del abogado privado de Flores
PRESOS DESDE NOVIEMBRE
Flores y Rayo fueron capturados por militares el 1 de noviembre de 2022, junto al otro joven, cuando circulaban cerca del río Sapoá, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, y se dirigían hacia Managua, de acuerdo con la denuncia pública de AUN.
Los jóvenes universitarios fueron retenidos para una requisa por soldados del Ejército de Nicaragua y posteriormente «fueron trasladados a una base militar, en Managua», según AUN, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Los universitarios forman parte de un grupo de más de 235 presos políticos, que incluye a los líderes de AUN Lesther Alemán y Max Jérez.
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Entre los presos políticos de la dictadura de Nicaragua se incluyen dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas, líderes religiosos, y otros.
Los arrestos de opositores se iniciaron después de abril de 2018, cuando estalló una protesta ciudadana por unas controvertidas reformas a la seguridad social que luego se convirtió en una exigencia de renuncia de Ortega.
La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
