El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) ha notificado a Casa Alianza Nicaragua el cierre de dos de sus centros de protección infantil, en los que albergan a niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono y diversos tipos de  abusos. La decisión merma aún más la escasa oferta de protección especial y cierra las puertas a menores de edad que la requieren.

La notificación fue firmada el 20 de octubre por la ministra de MIFAN, Johana Vanessa Flores. La institución procederá en los próximos 15 días, a realizar el egreso de las niñas, niños, y adolescentes que se encuentran internados en ambos centros. 

Casa Alianza,  inició a operar en Nicaragua, a partir de 1998 con el objetivo de  brindar atención especial a los  adolescentes  en sus  residencias conocidas como Conrad  Hilton y el Hogar de  Madres Adolescentes, en Managua, y que son las que tendrán que cerrar sus puertas.

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En la notificación  dirigida a María José Argüello, apoderada general de Casa Alianza, se revela  que el cierre  se debe a que durante una supervisión constataron que  Casa Alianza, ingresó a madres adolescentes y a sus bebés, sin medidas de protección especial autorizadas por MIFAN.

“En la supervisión efectuada en Residencia de Madres Adolescentes en el mes de septiembre, constatamos el internamiento de madres adolescentes y sus bebés que fueron ingresados sin la aplicación de una medida de protección especial autorizada por este ministerio” dice textualmente el tercer párrafo de la notificación.

La institución alega que ese hecho contraviene lo dispuesto en marco jurídico del país. Bajo este argumento y haciendo referencia a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño, así como el Código de la Niñez  y la Adolescencia y el Código de la Familia, Flores procedió a ordenar el cierre. 

“El Ministerio de la Familia notifica a la Asociación Casa Alianza de Nicaragua, el cierre como centro de protección especial, por lo que  a partir de la fecha no remitirá  a niños y niñas abandonados y abusados, así como adolescentes, madres embarazadas y otras que requieran la tutela temporal del estado”, se lee en el documento.

La misiva detalla que se debe garantizar a niños, niñas y adolescentes,   el derecho a vivir en un entorno  familiar con énfasis en la destitucionalización  y que esto implica reubicarlos con sus familias biológica extensas o referentes afectivos.

Días atrás se conoció  que el MIFAN orientó retirar a niños y adolescentes  de algunos Centros de Protección Especial y Hogares Sustitutos,  para devolverlos a sus núcleos familiares, de los que ellos mismos los habían separado, por considerar que estaban en riesgo en manos de padres negligentes, así como por ser víctimas de abandono, violencia y otras situaciones de vulnerabilidad. 

“Lo que sabemos es que esta orientación surge tras el suicidio de un niño de 12 años que se encontraba bajo el resguardo del Centro de Protección Especial Puente de Amistad”, explicó en esa ocasión un funcionario de un hogar sustituto.

Desde ese momento, han intervenido otros centros y según un trabajador de otro de los centros afectados, “se están llevando inicialmente a los niños que tienen padres cuando el mismo Ministerio los había retirado de sus hogares porque vivían episodios de violencia intrafamiliar, abandono, los mandaban a vender a las calles y tampoco tenían condiciones dignas”.

“A partir de algunas situaciones, como el suicidio del niño en el centro de protección Puente de Amistad, el Ministerio de la Familia decretó un cierre, a nuestra consideración desde el punto de vista administrativo, arbitrario, porque no se cumplieron los trámites, las investigaciones, que pudieran determinar si este centro, efectivamente, reunía o no las condiciones y capacidades para atender a niños, niñas y adolescente”, valora.

El Artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo.

El Código señala que los menores son objeto de protección especial por parte del Estado cuando los tutores abusen de la autoridad que le confiere la guarda y tutela de los menores o actúen con negligencia.

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“Cuando carezcan de familia, cuando se encuentren en centros de protección o abrigo, cuando trabajen y sean explotados económicamente, cuando sean abusados y explotados sexualmente, cuando se encuentren en total desamparo y deambulan en las calles sin protección familiar, los niños deben recibir protección estatal”, señala.

Además, se debe garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico, cuando padezcan de algún tipo de discapacidad y ante “cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial”.

La garantía de absoluta prioridad de los derechos de la niñez y la adolescencia, según el Código, indica que el Estado es responsable de la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y promoción de de la niñez y la adolescencia.

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