LETZIRA SEVILLA, LESBER QUINTERO Y URIEL VELÁSQUEZ

La vida de “Marcia” y “Alberto”, dos adolescentes de Carazo que vivieron los últimos ocho años en un hogar sustituto, dio un vuelco de 180 grados, cuando, sin ningún aviso previo ni explicación alguna, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan) los llegó a retirar en horas de la noche para devolverlos a la casa de su mamá. 

Los vecinos estaban sorprendidos, al ver que hasta la casa de la madre de los adolescentes llegó una camioneta de donde bajaron con bolsas y maletas en las que cargaban sus pertenencias. Nadie se atrevió a preguntar nada. Algunos pensaron que estaban de vacaciones, pero llegaron para quedarse, porque el Mifan así lo había decidido. 

“No entiendo por qué los regresaron a esa casa de donde se los llevaron porque su mamá no los cuidaba, ellos estaban pequeños, la niña y el niño”, señaló una vecina. 

“Ese hogar es muy pobre y con malas influencias. La mamá no era apta para cuidarlos, por eso se los habían quitado”, dijo a Despacho 505 otra vecina de los adolescentes de 16 y 17 años devueltos a su casa.  

Como el caso de estos hermanos, hay más, debido a que el Mifan ha ordenado el cierre de algunos Centros de Protección Especial y Hogares Sustitutos, mientras que en otros se han llevado a niños y adolescentes para devolverlos a sus núcleos familiares, de los que ellos mismos los habían separado, por considerar que estaban en riesgo en manos de padres negligentes, así como por ser víctimas de abandono, violencia y otras situaciones de vulnerabilidad. 

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“Lo que sabemos es que esta orientación surge tras el suicidio de un niño de 12 años que se encontraba bajo el resguardo del Centro de Protección Especial Puente de Amistad”, explicó un funcionario de un hogar sustituto de los al menos nueve que han sido afectados en Managua, Carazo, Granada y Rivas. 

Sin detallar si existe o no una investigación de por medio, la ministra de Familia, Johana Vanessa Flores admitió que el niño que “se suicidó” en el centro Puente de Amistad, ubicado en el kilómetro 14.5 de la Carretera Sur, “se encontraba bajo medida de protección especial del MIFAN debido a una trágica historia de violencia intrafamiliar que conllevó a la muerte violenta de su madre”.  Desde el 26 de agosto el Mifan clausuró el centro. 

Desde ese momento, han intervenido otros centros y, según un trabajador de otro de los centros afectados, “se están llevando inicialmente a los niños que tienen padres cuando el mismo Ministerio los había retirado de sus hogares porque vivían episodios de violencia intrafamiliar, abandono, los mandaban a vender a las calles y tampoco tenían condiciones dignas”. 

Para Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual, devolver a los niños, niñas y adolescentes a sus casas, sin realizar un estudio previo que compruebe que existen las condiciones adecuadas, es ilegal, arbitrario y pone en riesgo la integridad física de estos menores. 

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“En estos hogares y centros hay niños, niñas y adolescentes abandonados o que han sido víctimas de abuso sexual en sus propias casas y mandarlos de regreso porque sí, es devolverlos con sus propios verdugos”, critica la defensora. 

DESALOJO DE CENTROS ES ARBITRARIO 

Jorge Mendoza, del Consejo de Coordinación de Codeni, señala que en los últimos años el Ministerio de la Familia ha venido obstaculizando la labor de algunos centros de protección, y lo hace a través del Ministerio de Gobernación y a través de los permisos, inspecciones que se hacen a los centros de protección para verificar las capacidades y condiciones que tienen.  

“A partir de algunas situaciones, como el suicidio del niño en el centro de protección Puente de Amistad, el Ministerio de la Familia decretó un cierre, a nuestra consideración desde el punto de vista administrativo, arbitrario, porque no se cumplieron los trámites, las investigaciones, que pudieran determinar si este centro, efectivamente, reunía o no las condiciones y capacidades para atender a niños, niñas y adolescente”, valora. 

A criterio de Codeni, “esto provoca que muchos niños que sufren violencia intrafamiliar, abuso sexual, en hogares donde el alcohol, las drogas, afectan su integridad, su desarrollo, sus derechos, están condenados a que vuelvan a vivir este tipo de situaciones, porque efectivamente el Estado no tiene las capacidades para atender a todos los niños”. 

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Mendoza recalcó que la mayoría de los centros de protección que existen en nuestro país, son centros que obedecen a fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, y enfatiza que el Mifan “está condenando entonces a muchos niños que ya son víctimas a que retornen a una situación, a un retorno que les afecta y violenta sus derechos fundamentales”. 

Codeni hace “un llamado para que las autoridades del MIFAN, primero, reconozcan la invaluable  labor que realizan estos centros de protección, segundo, que efectivamente más que el cierre,  deberían estar valorando un acompañamiento para fortalecer las capacidades de protección y prevención de la niñez y la adolescencia, en todos los países de mundo los hogares de protección juegan un papel de apoyo y respaldo a los estados en su labor de garante de derechos de la niñez y la adolescencia”. 

ESTADO DEBE PROTEGERLOS 

El Artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo.   

El Código señala que los menores son objeto de protección especial por parte del Estado cuando los tutores abusen de la autoridad que le confiere la guarda y tutela de los menores o actúen con negligencia.   

Cuando carezcan de familia, cuando se encuentren en centros de protección o abrigo, cuando trabajen y sean explotados económicamente, cuando sean abusados y explotados sexualmente, cuando se encuentren en total desamparo y deambulen en las calles sin protección familiar, los niños deben recibir protección estatal. 

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 Además, se debe garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes cuando sufran algún tipo de maltrato físico o psicológico, cuando padezcan de algún tipo de discapacidad y ante “cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección especial”.  

 La garantía de absoluta prioridad de los derechos de la niñez y la adolescencia, según el Código, indica que el Estado es responsable de la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y promoción de la niñez y la adolescencia  

Este año el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (MIFAN) cuenta con un presupuesto de 426.6 millones de córdobas, sin incluir las donaciones que recibe, según datos del Ministerio de Hacienda. Entre esos recursos hay fondos asegurados para los centros de protección de la niñez y hogares sustitutos que ahora el Gobierno está desalojando.   

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