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Reporte 505

Los cinco militantes de Ortega y Murillo que cayeron en desgracia y fueron enviados a prisión

Un alcalde en funciones, una magistrada, un operador político, un paramilitar y ahora un vocero judicial. Así castigó el régimen a sus militantes.

Ortega

A Daniel Ortega y a Rosario Murillo no les tiembla la mano si tienen que ordenar represión contra sus mismos militantes, aunque les hayan jurado lealtad ciega y defendido que se mantengan en el poder como sea.

Este año, cinco rostros conocidos del orteguismo han sido llevados por la fuerza a El Chipote, la cárcel política de la dictadura. Solo uno de ellos se trató de un castigo político, mientras que los otros casos, fueron registrados bajo especulación.

El último es el caso del vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, quien el viernes pasado fue secuestrado por policías del régimen, después de que le allanaron su oficina. Hasta ahora se desconoce la razón de su detención.

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La Policía Orteguista, a cargo de los secuestros, no se molesta en informar las detenciones, menos en seguir procedimientos legales como el contacto del detenido con sus familiares. Las acusaciones aparecen después, aunque en el caso de «los compañeros detenidos», los casos suelen disiparse y dejar en el ambiente la sensación de que se les ha enviado el mensaje a la militancia y un escarmiento al fanático.

EL EXALCALDE DE «LA OPERACIÓN TOLA»

Por estos días de la Nicaragua bajo represión, era difícil imaginarse a un orteguistas en El Chipote, hasta el 27 de marzo de este año, que se confirmó que un viejo militante, el exalcalde sandinista de San Juan del Sur, Gerardo Miranda, fue llevado a El Chipote.

Miranda, exdiputado del partido rojinegro al momento de ser detenido no ejercía ningún cargo público ni dentro de la organización política, pero es un conocido operador del Frente Sandinista. Alcanzó notoriedad antes que Ortega volviera al poder, cuando intentó extorsionar en nombre de su partido y la justicia que manejaban a unos empresarios de Tola, en Rivas.

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A Miranda se le vinculó siempre con el exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, alguien muy cercano a Ortega, de quien aparentemente se ha distanciado por conflictos con Rosario Murillo. Ni antes, ni en medio, ni después de su detención, la Fiscalía, ni la Policía, explicaron qué motivó su secuestro y menos su liberación.

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Miranda también protagonizó una extraña operación política. Apareció en 2006 ocupando un escaño en la bancada del Partido Partido Liberal Constitucional (PLC), en tiempos en el que el Frente Sandinista perdía poder en la Asamblea Nacional. Días después, Miranda compareció a la par de Daniel Ortega asegurando que «su escaño en la otra acera» era una estrategia política. Una infiltración. Pero ni esos méritos, los salvaron de El Chipote, algunos años después.

LA MAGISTRADA Y UN FESTIN QUE TERMINÓ MAL

Como todos los funcionarios del Estado en la era del régimen Ortega-Murillo, las veces que tuvo oportunidad la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ileana Pérez, confesó su simpatía y defendió su militancia al asistir a marchas y ponerse camisetas del partido orteguista.

Pero en febrero de este año, Ileana Pérez fue llevada a El Chipote. Versiones periodísticas que citaron fuentes partidarias, dijeron que al régimen no le cayó en gracia que la magistrada hiciera un festín con bienes ocupados al narcotráfico. La Policía fue la primera en lanzarse contra ella.

Pérez premió con los bienes decomisados a funcionarios judiciales de su confianza, familiares y a un alcalde, decía la denuncia. Pérez no se lo podía creer. Al verse en El Chipote, entró en crisis nerviosa y se descompensó, lo que la sacó de la celda y la llevó a un hospital.

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La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ileana Pérez.

La magistrada fue separada de su cargo, bajo el supuesto del quebranto de salud. Fuentes judiciales, filtraron a medios independientes, que se ordenó no hablar del caso y que todos sus expedientes pasaran a manos de los magistrados Juana Méndez, que se haría cargo de la sala civil, y Armengol Cuadra de la región de Rivas y Granada.

EL PARAMILITAR CONFESO, EL CHINO ENOC

Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “El Chino Enoc”, nunca pensó que Daniel Ortega permitiría que fuera a su cárcel. Creyó equivocadamente que confesarse fiel a él y no a Rosario Murillo, le sería tolerado.

«El Chino Enoc» pudo haber sido un fanático más de no ser porque emprendió una férrea campaña contra Murillo en nombre del «sandinismo histórico» con quien ella ha estado enfrentado.

Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “El Chino Enoc”, junto a otro fanático orteguista.

Sáenz Cruz creyó siempre que haber disparado contra los opositores al régimen de Ortega durante el levantamiento de abril de 2018 le daba inmunidad. Pero sus cálculos estaban errados. «El Chino Enoc» que acusaba abiertamente a Murillo del desastre que vive del partido Frente Sandinista, está preso. Fue acusado por sus mismos compañeros de partido por narcotráfico y posesión ilegal de armas.

Según sus familiares, «El Chino Enoc» grita que «siente que se muere» en la celda de El Chipote donde el régimen que tanto defendió como paramilitar, lo tiene desde el 18 de mayo reciente que fue capturado en una carretera de Estelí. Desde su casa lanzaba sus diatribas contra Murillo y sus seguidores dentro del partido rojinegro, y tras amenazas estuvo bajo clandestinidad.

Los familiares le han pedido perdón a Ortega y que lo mande a casa porque sus enfermedades empeoran en prisión. Ortega no les ha respondido por más que les recuerden «sus acciones» en favor de su régimen.

EL ALCALDE QUE LO PERDIÓ TODO

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El 26 de junio, el alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández amaneció preso en la delegación departamental de la Policía. La versión extraoficial señala que el edil estaba bajo sospecha de que malversaba fondos de la comuna. Pero ni la Policía, ni la Contraloría General de la República (CGR) o el Ministerio Público, comunicaron sobre el mal uso de fondos.

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Es más, nunca hubo acusación contra el alcalde, sí se conoció que allanaron su casa y se llevaron bienes de los que hasta ahora se desconocen. También la policía intervino sus oficinas, a la que nunca volvió, porque algunos días después lo defenestraron.

López Hernández cumplía 14 años trabajando para la Alcaldía de Rivas, un fiel servidor de Ortega, cuya lealtad, al menos para otros fanáticos, nunca estuvo en duda. Pero Ortega si desconfío de él, tanto que lo mandó apresar y lo mantuvo tras los barrotes una semana.

El alcalde sandinista de Rivas Wilfredo López Hernández y su vicealcalde, Esperanza Núñez. El 19 Digital.

Pese a que se dijo que el alcalde aprovechó el proyecto “Casas para el Pueblo Bismarck Martínez”, para inscribir propiedades a nombre de terceros y quedarse con dinero del proyecto de remodelación del parque de la ciudad y otras irregularidades, el domingo 3 de julio, el exalcalde fue regresado a su casa en el reparto Los Robles, en Rivas.

Pero, fue obligado a supuestamente devolver más de 400 mil córdobas como parte de lo malversado y anular la adjudicación de las propiedades. De López Hernández, no se volvió a saber más públicamente. Nueve días después de salir de El Chipote renunció a la alcaldía. Su segunda, la vicealcaldesa Esperanza Núñez, lo hizo también, aunque ella no estuvo en la cárcel del régimen.

A excepción de «El Chino Enoc» y Roberto Larios, el último «compañero» apresado por el régimen, los otros han sido liberados. El futuro del periodista del régimen es incierto por ahora y la suerte de «El Chino Enoc» ya fue echada; la petición de perdón que le ha pedido a Ortega, aún sigue sin surtir algún efecto.

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