El doctor José Luis Borgen compareció la tarde de este jueves a la Dirección de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa), donde cuestionaron las declaraciones que ha brindado a medios de comunicación sobre la pandemia del covid-19 y le recordaron la existencia de la Ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza».
La Ley Mordaza que invoca el Minsa, entró en vigor el 30 de diciembre pasado, contempla penas de hasta 10 años de cárcel a quienes difundan lo que el régimen considere noticias falsas y/o tergiversadas «que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia».
«Lo que me dijeron básicamente es que en las expresiones que he estado dando en algunas entrevistas, según ellos, estoy diciendo cosas falsas y que están creando alarma entre la población. Me recordaron la Ley de Ciberdelitos, que el Minsa emite un mensaje semanal y que esa es la información que se debe de manejar», expuso Borgen.
Médicos independientes emiten cada semana un informe sobre la incidencia del covid-19 en Nicaragua. Los datos emitidos a través del Observatorio Ciudadano distan de la información emitida por el Minsa que se ha negado a reconocer rebrotes en el país y la alta incidencia de muertes por la pandemia.
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«La respuesta nuestra siempre es la misma, si el Ministerio de Salud pusiera la información transparente, accesible para todos, no habría como le llaman ellos, especulaciones. Lo que los médicos hacemos es dar opiniones, proyecciones estadísticas sobre lo que puede ocurrir sino se actúa contra la pandemia», manifestó el especialista.
AMENAZAN CON LA LEY MORDAZA
Borgen manifestó que cuando emite sus criterios sobre el manejo de la pandemia es para que el Minsa y el gobierno corrijan “y que traten de trabajar en consenso con todos los que estamos abocados a garantizar la salud de la población. Si sus recomendaciones no son tomadas en cuenta, dice, queda a criterio de las autoridades.
“Seguimos nosotros en la labor de fiscalización y de crítica hacia el gobierno. Lo que hay que decir que se está manejando mal es algo que hay que decir y no por el asunto de querer botar a un gobierno, sino porque nosotros los médicos defendemos el derecho a la salud”, comentó.
El pasado 13 de julio, el doctor Borgen fue citado por el Ministerio Público para que diera una explicación sobre la atención médica que brindó a la opositora María Asunción Moreno, quien fue citada un día antes y no se presentó por temor a ser detenida.
A inicios de junio, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador Daniel Ortega, atacó a los medios de comunicación y a los médicos que han cuestionado el manejo que da el régimen a la pandemia.
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“Ya los hemos dicho, medios de comunicación que nosotros (Gobierno) llamamos chachalacos (aves bulliciosas), urracas parlanchinas, que se dedican a cantar únicamente malignidades, y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida, ayer decíamos: nadie es eterno, la vida de los seres humanos es de tránsito”, dijo Murillo.
En su momento la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por los constantes ataques a los dos gremios.
OTRO CITADO
La tarde de este jueves también compareció ante el Minsa el infectólogo Carlos Quant, miembro del Comité Científico Multidisciplinario.
Las autoridades del Minsa señalaron a Quant que hay un grupo de médicos «que andan divulgado noticias falsas y que les pueden aplicar la Ley de Ciberdelitos (Ley Mordaza)».
“No se refirieron a mi directamente que yo ande haciendo algo similar. Obviamente nosotros lo que hacemos es brindar información técnica a la población en el contexto de la pandemia”, explicó Quant.
QUIEREN SILENCIO PROFESIONAL
Según el especialista, la entrevista estuvo orientada a que no hay que andar divulgando informaciones falsas sobre el comportamiento de la pandemia en Nicaragua “y que no hay que diseminar información para no causar ansiedad y angustia en la población”.
En junio del año pasado, Quant fue despedido del hospital Roberto Calderón tras denunciar la mala gestión de parte de las autoridades en la crisis sanitaria del covid-19.
