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Reporte 505

Minsa sigue operación mordaza contra médicos, la doctora Indiana Talavera se suma a la lista

La especialista en Oncología debe comparecer hoy a la 1 de la tarde, al complejo Conchita Palacios.

El Ministerio de Salud (Minsa) continúo este viernes citando a los médicos independientes para advertirles que sus declaraciones públicas sobre temas de salud, particularmente relacionados a la pandemia del coronavirus, podría exponerlos a un proceso penal. En menos de 24 horas se ha conocido que tres especialistas han sido llamados a la sede de la institución sanitaria para transmitirles la misma advertencia.

Este viernes le tocó el turno a la doctora la Indiana Talavera para que se presente con «carácter obligatorio» a la 1 de la tarde a las instalaciones del complejo Concepción Palacios.

«Con instrucciones de la Dirección Superior del Ministerio de Salud, la Dirección de Regulación Sanitaria y Dirección de Asesoría Legal, le cita para que se haga presente a la sala de Dirección de Regulación Sanitaria del MINSA (Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios) viernes 23 de julio del año en curso, a las 1:00 pm», dice la citatoria a la doctora Talavera.

Talavera es especialista en Oncología y fue despedida en abril del 2020 por las autoridades del Hospital Bertha Calderón. El despido se dio en medio de la pandemia del Covid-19. Además es miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

LA ADVERTENCIA BAJO LA LEY MORDAZA

Desde ayer jueves el Minsa comenzó a citar a médicos que han abordado públicamente aspectos relacionados con la pandemia del Covid-19. El primero en acudir fue el cirujano José Luis Borgen, a quien cuestionaron por las declaraciones que ha brindado a medios de comunicación sobre el coronavirus y le recordaron la existencia de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”.

“Lo que me dijeron básicamente es que en las expresiones que he estado dando en algunas entrevistas, según ellos, estoy diciendo cosas falsas y que están creando alarma entre la población. Me recordaron la Ley de Ciberdelitos, (mencionaron) que el Minsa emite un mensaje semanal y que esa es la información que se debe de manejar”, detalló Borgen el día de ayer.

Agregó que también «te recuerdan que el Minsa tiene la facultad de irte a revisar tu consultorio, tu clínica y otras cosas que dejaron así en el aire». Considera que no fue una intimidación directa, pero reconoció que «solamente el hecho de decir que van a ir a revisar tu clínica, y uno lo entiende, el lenguaje subliminal que a veces se utiliza».

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La Ley Mordaza que el Minsa ha comenzado a invocar a los médicos, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de octubre  del año pasado y entró en vigencia el 30 de diciembre. La norma contempla sanciones de hasta 10 años de cárcel a quienes difundan lo que el régimen considere noticias falsas y/o tergiversadas “que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”.

Otro de los citados fue el  el infectólogo Carlos Quant, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense y miembro del Comité Científico Multidisciplinario.

La Unidad Médica Nicaragüense está compuesta en su mayoría por profesionales de la salud que fueron despedidos después de abril de 2018, por ignorar una orden del Gobierno de no atender a los opositores heridos en los ataques de policías y civiles armados contra manifestaciones antigubernamentales.

El pasado 7de julio la sancionada vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, acusó de ser «falsos médicos y con falsos pronósticos» a los galenos que critican el manejo de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, y que cuestionan las estadísticas oficiales.

De esta manera, el orteguismo desmerita los aportes científicos que desde antes del inicio de la pandemia a Nicaragua han realizado médicos independientes y asociaciones médicas, ante la postura negligente de las autoridades sanitarias que desde el inicio se han negado a reconocer los riesgos ante la población, prohibiendo hasta adoptar medidas de protección, como el uso de mascarillas, en las unidades de salud públicas, con el ánimo de «no alarmar».

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