El régimen de Daniel Ortega inauguró este viernes el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, donde funcionaba la Fundación Popol Na, cuyas instalaciones fueron confiscadas en diciembre de 2018.

Popol Na fue fundado en 1990 con el objetivo de promover y defender la democracia, pero su personería jurídica fue cancelada junto a otras nueve organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado, la oenegé indicó que el régimen asaltó y ocupó la “casa de la comunidad” donde “alojamos a madres de presos políticos, campesinos, luchadoras y luchadores sociales que defienden los derechos del pueblo y la naturaleza”. “Su robo no nos desmoraliza”, acentúa.

La asesora en temas de Salud para el Gobierno, Carolina Dávila, a quien le ha tocado andar inaugurando instalaciones en las propiedades de las oenegés que fueron confiscadas, dijo que el Centro Familiar y Comunitario, beneficiará a pobladores de los Distritos II y III de Managua, y dará atención de mujeres embarazadas. Impartirán cursos de costura, brindarán charlas educativas y habrá un consultorio.   

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A finales de enero de 2019, la exguerrillera Mónica Baltodano, presidenta de Popol Na, introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad por la cancelación de la personería jurídica, hasta la fecha la instancia dominada por el partido Sandinista, no se ha pronunciado sobre este recurso.  

“Que la dictadura sepa que no pueden arrancarnos, con sus garras anilladas, nuestras convicciones de luchar junto al pueblo de Nicaragua, hasta desterrar de nuestro país el autoritarismo, la impunidad y la corrupción”, denunció la oenegé en el comunicado.

RECURSO DE AMPARO

Mónica López, directora de la Popol Na, dio a conocer que también tienen un recurso de amparo en contra del actuar policial, que se dio en diciembre del 2018, cuando se tomaron por la fuerza el edificio. “Y que además es la responsable del robo de todos los bienes de la institución. No solo fue la ocupación del edificio sino el robo de 30 años de trabajo y memoria institucional”, expuso Mónica.

En diciembre del 2018, cuando la Policía ocupó por la fuerza el edificio, se encontraban más de 15 familiares y madres de presos políticos que fueron “sujeto de abuso por parte de la Policía Nacional”. López indicó que la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de las instalaciones fue por amparar a las víctimas de la represión a la Insurrección de Abril del 2018 y por apoyar al Movimiento Campesino que se manifestó en contra de la construcción del canal interoceánico por Nicaragua.

Los miembros de Popol Na, además interpusieron una denuncia en el Ministerio Público en contra de la Policía por el robo en las instalaciones de la fundación.

“De todos esos mecanismos jurídicos a los cuales recurrimos, no hemos tenido respuesta ni de la Corte Suprema de Justicia ni del Ministerio Público”, manifestó López.  

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En las instalaciones confiscadas, además se instaló una clínica naturista. Dávila informó a los medios oficialistas que en el “mejoramiento, rehabilitación y equipamiento del centro”, el Minsa invirtió 1.5 millones de córdobas con fondos provenientes del Presupuesto General de la República.

En diciembre del 2020, todas las propiedades que fueron confiscadas a las oenegés y medios de comunicación, el régimen de Ortega se las traspasó al Ministerio de Salud (Minsa), sin brindar una explicación del proceso de adjudicación.

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