El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó este domingo de «político» el memorando del Gobierno de EE.UU. en el que acusa al país suramericano de haber incumplido sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas, aunque también ratificó sus críticas hacia la Administración de Luis Arce sobre el asunto.
En un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) sostuvo que el informe de descertificación de Estados Unidos «es político, contradictorio y de doble moral».
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«Este informe es político fundamentalmente, pero también contradictorio. Estados Unidos es el país que tiene una de las más altas tasas de consumo de drogas y muertes por sobredosis del mundo», señaló el exgobernante, que sigue siendo el máximo líder de los productores de hoja de coca de la zona central del Trópico de Cochabamba.
El también presidente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo que el Gobierno estadounidense «siempre» descertificó a Bolivia y Venezuela porque son «pueblos libres, dignos» que no se someten a «chantajes, o condicionamientos».
El político también reiteró sus críticas al Gobierno de Arce, del que está distanciado desde hace meses y al que ha acusado varias veces de una supuesta protección al narcotráfico, algo que las autoridades nacionales rechazan.
Morales cuestionó los casos sonados de envíos de drogas desde Bolivia a Europa que se conocieron este año y aseguró que en su gestión eso no ocurría.
Además, acusó al Ejecutivo de permitir que vuelvan a operar en el país la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que fueron expulsados durante su Gobierno en 2008 y 2013, respectivamente.
El político se preguntó si el Gobierno hizo «promesas internas» a la Embajada estadounidense que no se están cumpliendo.
En un memorando enviado el viernes al Congreso de su país, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Bolivia y Venezuela de haber incumplido sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico, además de incluir a ambos en la lista de países de mayor producción y tránsito de narcóticos junto a otras veinte naciones.
Además, instó al Gobierno de Arce a que tome medidas para «reducir los cultivos ilícitos de coca que continúan excediendo los límites legales establecidos en la legislación de Bolivia».
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, rechazó por «unilateral» el documento y consideró que tiene «una intencionalidad claramente (geo)política» contraria a los tratados internacionales de respeto a la soberanía de los Estados.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución vigente en Bolivia desde 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico.
En 2017, el país amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su informe anual presentado en noviembre del año pasado que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.
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El Ejecutivo boliviano presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 %, alegando diferencias «metodológicas» con la Unodc.
