El dictador Daniel Ortega ha cercenado la posibilidad de que un Consejo Supremo Electoral (CSE) creíble rectoree las elecciones de noviembre próximo al hacerse de siete de los 10 magistrados de ese Poder del Estado. La noticia no ha sido sorpresa pues la oposición tenía pocas esperanzas de que el régimen diera muestras de cambios, sin embargo el juego de Ortega no significa que es hora colgar los guantes, afirman sus adversarios. 

Tanto la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y analistas consultados por Despacho 505, coinciden en que Ortega ha perdido la oportunidad de darle al país una salida democrática a la profunda crisis sociopolítica. “Ortega demuestra que no tiene intenciones de dejar el poder”, dijo el jurista José Pallais. La dictadura ha consumado, agregó, un fraude institucional. 

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Con la decisión de hoy, el régimen ha demostrado desdén a las demandas de la comunidad internacional y la oposición nicaragüense sobre la urgencia de contar con nuevos magistrados que garantizaran unas elecciones creíbles. Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional ha reelecto dos magistrados leales al régimen: Lumberto Campbell, sancionado por Estados Unidos, y Mayra Salinas, extitular del Instituto Nicaragüense de Turismo, y han ignorado las propuestas hechas por la Coalición Nacional a través del partido regional Yatama. 

“Esto no garantiza confianza en las autoridades, es una señal de que ha creado las condiciones para que se dé el fraude institucional, no ha habido voluntad, y lo que nos corresponde es denunciar ante la comunidad internacional y seguir la lucha interna”, dijo Pallais, miembro de la Coalición Nacional. Esta organización cree que en la primera semana del mes de junio debe definir si participará o nó en las elecciones de noviembre próximo. 

Tarama Dávila, del Consejo Político de la UNAB, también señala que han sostenido reuniones con organismos internacionales y lo que queda ahora es presionar al régimen para que haya elecciones creíbles y transparentes, algo en lo que Ortega no está dispuesto a ceder. “Este mes de mayo es crucial”, señala la líder de la oposición.

Algunos sectores de la oposición ha respaldado la idea de que se participe en las elecciones, aún sin garantías, para documentar el fraude, sin embargo, la UNAB y la Coalición creen que bajo las reformas electorales de Ortega y con los nuevos magistrado electorales no habrá un proceso creíble, y por lo tanto no hay que presentarse. 

Sin embargo, el presidente de Hagamos Democracia (Hademos), Luciano García, es de la idea que los opositores reten a Ortega. Desde su punto de vista, la dictadura está haciendo todo lo posible para desincentivar la participación de la oposición y “al no tener esta apertura, vamos a demostrar que es un Gobierno ilegítimo”.

“Nosotros creemos que la oposición tiene que ir para documentar el desarrollo del fraude, de no participar lo que va a hacer es permitir al régimen instaurarse. Tienen que sentarse unidos para demostrar el fraude”, señala, Garcíaa desde el exilio en Costa Rica. También augura que las potencias del hemisferio Occidental tomarán medidas más drásticas para presionar a Ortega. 

En eso coincide la analista política Dora María Téllez quien señala además que Ortega le teme al voto masivo que pueda derrotarlo cívicamente: “Ortega ha perdido una gran oportunidad de hacer un CSE creíble y debe enfrentar las consecuencias”.

“Lo único que hace el régimen orteguista con este tipo de actuaciones es fomentar los tambores de guerra, cuando hay tambores de guerra no hay dictador que dure mucho tiempo”, advirtió el presidente de Hagamos Democracia.

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La organización política Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), rechazó la movida del orteguismo ya que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición; el asedio y la represión, entre otros, son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país, para lograr elecciones limpias, transparentes y competitivas. 

“Unamos rechaza la designación de los nuevos magistrados propietarios y suplentes al Consejo Supremo Electoral, por constituir más de lo mismo: un órgano del Estado totalmente copado por los incondicionales de la familia Ortega Murillo”, señala la misiva. 

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