El jueves fueron Erlinda, Isolda y Eliza. El viernes se conoció de Adelina. Las niñas de Mulukukú, Rosa y Justina fueron las primeras del mes de septiembre. “¡Nos están matando!”, gritan las defensoras desde todos los espacios posibles. Están alarmadas porque sumar un nuevo nombre a la lista de mujeres asesinadas por hombres se hace cada vez más frecuente en Nicaragua. De enero al 18 de septiembre han inscrito 58 nombres, ocho en lo que va de este mes, la mitad un mismo día.

“Es terrible. Tanta crisis, tantos conflictos, tanto caos que hay en Nicaragua y están pagando las mujeres y las niñas con su sangre, con su cuerpo”, expresa Maryce Mejía, enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia al analizar el escalofriante aumento de la violencia machista que tiene entre sus víctimas a menores de edad: 11 de los 58 femicidios corresponden a menores de 17 años.

Como causa principal de los asesinatos de mujeres Mejía identifica el predominio de una “sociedad desigual, machista y violenta”. No pierde de vista la influencia de las múltiples crisis que atraviesa el país, como la pandemia de coronavirus, el deterioro de los derechos humanos y la crisis sociopolítica. Considera particularmente preocupante el beneficio de libertad que el Estado ha dado a 23,367 reos comunes desde 2018, incluidos agresores sexuales y femicidas. Una situación inédita.

“Es un mensaje de impunidad a otros hombres -agresores y femicidas- para que cometan esos crímenes y que tengan la libertad de hacerlo porque no va haber un proceso judicial”, expresa.

SIETE FEMICIDIOS CADA MES

Hasta mediados de 2020, Nicaragua registra un promedio de siete femicidios cada mes. De mantener ese ritmo, el año cerraría con 85 asesinatos contra mujeres. Es un retroceso de una década en la lucha contra la violencia machista, lamenta Martha Flores de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Las estadísticas disponibles sobre femicidios en Nicaragua, indican que desde 2010 no se registraban niveles de violencia machista como la actual. Ese año cerró con 89 mujeres asesinadas. Flores explica que en la última década todas las organizaciones feministas han trabajado en la demanda de protección para las mujeres y han reprochado que los órganos institucionales insistan en minimizar la magnitud del problema, partiendo con la reforma a la Ley 779 que limita el femicidio a la relación de pareja y permite que se maquillen los datos oficiales.

En agosto pasado, cuando en las organizaciones de mujeres contabilizaban 44 femicidios, la Policía solo reportaba 12. El informe sobre la atención desde las reactivadas Comisarías de la Mujer reveló más bien que la mediación sigue siendo la principal “solución” a las denuncias de violencia machista.

Entre el 1 de febrero y el 7 de agosto, la Policía recibió 9,880 denuncias de mujeres víctimas de violencia, pero 8 de cada 10 terminaron mediando con sus agresores.

En Nicaragua prima “la desprotección institucional y un alto grado de impunidad”, señala Flores. No castigar a los agresores equivale a decirle al machista: “podes matar y asesinar y arrebatarle la vida a las mujeres”, subraya.

CADENA PERPETUA NO FRENARÁ LA VIOLENCIA MACHISTA

Los movimientos de mujeres de Nicaragua consideran urgente implementar planes integrales que frenen la expansión de la violencia machista. Hablan de educación, campañas permanentes para sensibilizar a la población y de una política de tolerancia cero con los agresores. No ven como parte de la solución un aumento de penas, coinciden al referirse a la propuesta de establecer cadena perpetua en el país para castigar “crímenes de odio”, entre los que se incluiría femicidios.

“Establecer cadena perpetua no va educar, no va a prevenir la violencia; tenemos una ley que es muy buena, que es la Ley 779, y que no la han aplicado. Si ésta la hubiesen aplicado desde un inicio hubiésemos evitado muchas muertes”, cuestiona Martha Flores de Católicas por el Derecho a Decidir.

“Aumentar años de cárcel tampoco va a reducir la violencia”, remata.

Yamileth Torres, integrante de la Red de Mujeres del Norte, considera que instaurar cárcel de por vida en el país “es una cuestión política que no tiene nada que ver con las violencias hacia las mujeres”. Duda que el fin sea emplearlo para castigar a femicidas y violadores, porque las mujeres nunca han ocupado prioridad en la agenda gubernamental.

DEFENSORAS BAJO RIESGO

Maryce Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, concuerda con que la cadena perpetua persigue disfrazar como crímenes de odio “cualquier insurrección cívica o protesta cívica que pueda ocurrir en defensa de los derechos humanos” y teme que incluso, sea empleada para perseguir y encarcelar a las defensoras, “porque sabemos que estamos frente a una dictadura criminal, fuerte y agresiva que no le importa nada”.

Reitera que la violencia machista es un problema estructural y multidimensional, por tanto, requiere de la suma de esfuerzos, compromisos y planes integrales.

Flores, por ejemplo, habla incluir estudios de género desde la Primaria para formar a la nueva generación con una visión de igualdad y respeto hacia las mujeres, y Torres considera que hace falta voluntad para castigar a los agresores, comenzando con la atención oportuna de las denuncias.

AGRESORES ENTRAN Y SALEN DE LA CÁRCEL

“En las comunidades y en las regiones donde nosotros trabajamos las mujeres se quejan de falta de atención, porque no hay recepción de denuncias, no hay una persona profesional que esté para ellas, entonces las denuncias están quedando en el aire”, expone.

La defensora de la Red de Mujeres del Norte encuentra contradicciones entre el discurso y la práctica. Mientras desde las más altas instancias de poder se habla de tener voluntad de castigar a los agresores de mujeres, en la práctica eso no se cumple.

“Están quedando libres y es un mensaje claro de que hay un estado impune, de que cualquiera que caiga preso mañana sale, porque la policía se vende, entonces ese es el mensaje que le dan al agresor”, reclama.

La tragedia de las niñas de 10 y 12 años es el ejemplo más reciente de la falta de atención a la denuncia de violencia. Carmen Rodríguez Dávila reveló a un medio de comunicación local que la mayor de sus hijas había sido víctima de violación en dos ocasiones. Denunció, pero quedó impone.

Antes, en junio trascendió el femicidio de Karla en Malacatoya, Granada. Era maestra, tenía 36 años y fue asesinada un mes después que el Ministerio de Gobernación le perdonara a su expareja el cumplimiento de una pena de tres años por agresión.

Fátima y su hija de 4 años en Matagalpa; Martha Eloísa, en Rivas; María Estela y Joseling en Managua; Tania, en Jalapa; Alyeris, en Jalapa; Rosibel, en el Caribe Sur; Mayerling, en Nueva Guinea; Domitila, en Estelí; Jessenia, en Managua; Linda en Matagalpa; Ruth en Jinotepe; son parte de una la lista que no termina.

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