El Estado no sólo desatiende la obligación de protección hacia las mujeres sino que ha cerrado los espacios de la sociedad civil que las atendían en diversas áreas. Casi 110 organizaciones no gubernamentales han sido ilegalizadas, de las cuales 30 atendían a mujeres. La indefensión se profundiza en la Nicaragua rural.

MADRIZ, BLUEFIELDS Y MATAGALPA —  Un día cualquiera de 1996, la campesina M. E. Cruz se dio cuenta de que tenía derecho a una parcela de tierra. Pensó en algún momento que solo su cónyuge, un campesino de 40 años, curtido en la guerra civil de la década de 1980, tenía ese derecho, y por lo tanto su papel estaba relegado a las labores domésticas y al cuidado de sus tres hijos pequeños. Pero ella lo supo porque un grupo de mujeres de la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa llegó a la comunidad remota del Norte del país a brindar capacitaciones sobre temas de empoderamiento y derechos femeninos. 

Fue así que consiguió que una parcela fuese suya y con los años, convertida en lideresa tras un proceso de aprendizaje en derechos, fundó una cooperativa de mujeres que se encargaban de empoderar a otras en pro de la tenencia de tierra. Pero también informaba sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y violencia de género. “Sin el apoyo de la organización (Asociación Colectivo Mujeres de Matagalpa) no hubiera asumido que yo también tengo derechos”, dice la mujer sentada en una mecedora de su pequeña finca en la comunidad La Cumplida, a 47 kilómetros de la cabecera departamental de Matagalpa. 


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Pero esa organización, que en la década de 1990 empoderó a decenas de mujeres de las montañas de la región Norte de Nicaragua, fue ilegalizada por el régimen de Daniel Ortega al cancelarle la personería jurídica el 26 de agosto de 2021, junto con otras 14 oenegés. Ese día M. E. Cruz sintió tristeza porque la conciencia por el empoderamiento de las mujeres había llegado a esa zona gracias a la labor de las organizaciones como el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. “Yo pensé que con el cierre de la radio bastaría, pero este Gobierno no quiere que las mujeres nos empoderemos”, dice, mientras añora los años en que las campesinas hacían círculos para debatir sobre el ideario feminista. 

Antes de 2021, el régimen de Daniel Ortega había despojado a esa organización de un proyecto de radio comunitaria llamado Radio Vos de Mujeres, un espacio dirigido a mujeres y con el que, entre otras cosas, se creaba conciencia sobre la violencia de género. En julio de 2015, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) cerró la pequeña estación radial y confiscó los aparatos de transmisión. “¿Sabe qué es lo doloroso?”, pregunta M. E. Cruz para luego responderse ella misma: “Lo doloroso es que todas las organizaciones nacimos con la Revolución sandinista”. La revolución que ella misma apoyó. 

El cierre de esa organización el año pasado es parte de la estrategia de la dictadura de aniquilar los espacios de la sociedad civil disidentes, y que se fortaleció en los últimos meses con la cancelación masiva de las personerías jurídicas de 107 organizaciones de diferentes tipos, y de las que 58 son organizaciones no gubernamentales ubicadas en comunidades nicaragüenses. “La mayoría de las 107 organizaciones a nivel nacional son organizaciones de mujeres”, dice Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). El régimen se valió de la Asamblea Nacional para arrasar con esas organizaciones de base, con la sanción de la Ley de Agentes Extranjeros. La norma, aprobada el 15 de octubre de 2020, controla los fondos que reciben las oenegés y las obliga a que se inscriban como “agentes extranjeros”.

Además, Ortega ha atacado a las organizaciones de la sociedad civil, tanto las nacionales como las internacionales, al señalarlas sin pruebas de lavadoras de dinero y golpistas. El cierre más reciente es el del Movimiento Autónomo de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, liderado por la feminista Sandra Ramos, que brindaba talleres de formación, empleo, procesos de paz y emporamiento.

En Nicaragua, esas organizaciones no gubernamentales implementaban sus proyectos de desarrollo, prevención de la violencia de género y empoderamiento principalmente en regiones rurales donde la pobreza es profunda. El 7 de octubre de 2020, el Secretariado de Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, una organización independiente y conformada por “32 organizaciones de cooperación solidaria para el desarrollo”, publicó una carta abierta en la que se dirigió a la Asamblea Nacional para hacerle ver que estas manejaban 25.5 millones de dólares anuales que benefician a más de 550,000 personas de las comunidades más remotas del país. 

Muchas de estas organizaciones internacionales beneficiaban a colectivos territoriales que empoderaban a las mujeres de Nicaragua. Con el cierre masivo, ha quedado la incertidumbre y el temor que la violencia machista aumente. “Con estas organizaciones no solo defendíamos el derecho a la tierra, también defendíamos el derecho a decidir por nuestras vidas y cuerpos”, dice la campesina M. E. Cruz. Su sueño de empoderar y proteger a más mujeres quedó truncado.

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Las mujeres en el campo no solo cumplen el rol de madre, también son lideresas a quienes les ha costado trabajo empoderarse para defender sus derechos. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
Las mujeres en el campo no solo cumplen el rol de madre, también son lideresas a quienes les ha costado trabajo empoderarse para defender sus derechos. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
Las mujeres en el campo no solo cumplen el rol de madre, también son lideresas a quienes les ha costado trabajo empoderarse para defender sus derechos. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505

La campesina Celia, una mujer de 34 años, huyó con su hija de ocho años de la violencia machista que ejercía su cónyuge en la comunidad de San Luis, Madriz en el Norte del país. Pasó por cuatro casas de familiares de cuatro comunidades rurales de la comunidad, confiando en que su agresor no la encontraría. Cuando conocía su paradero el hombre se empeñaba en convencerla de volver a San Luis, hasta que un día una lideresa le contó que podía hospedarse en un albergue del Centro de Mujeres Oyanka de Jalapa. Ese fue, en 2018, su santuario: “Me iba a matar”, logró decirle a una de las psicólogas que la atendió. 

Ahí estuvo tres meses hasta que finalmente se asentó en un departamento del Centro de Nicaragua donde ha seguido de cerca el cierre de las organizaciones no gubernamentales que le ayudaron a salir del círculo de la violencia en la que estaba inmersa. Oyanka era uno de los 12 centros de refugio para mujeres víctimas de la violencia machista que funcionaban hasta 2018 en los departamentos de Matagalpa, Madriz, Caribe Norte y Río San Juan, todos dependientes de la cooperación internacional. Los albergues se concentraban en las regiones Centro, Norte y Caribe donde históricamente las mujeres sufren más violencia y olvido por parte del Estado.

La personería jurídica de Oyanka fue cancelada el mismo día que la organización Asociación Colectivo Mujeres de Matagalpa, el 26 de agosto de 2021. Su funcionamiento permitía que las mujeres no se convirtieran en un número más de la ola de femicidios que experimenta el país y que en 2021 alcanzó a 71 mujeres. 

“Los albergues resguardaban a las mujeres de las violencias, de la muerte y las mutilaciones”, dice una defensora de derechos humanos de las mujeres que por temor a represalias habla para este reportaje bajo anonimato.

El cierre masivo de organizaciones no gubernamentales en los últimos dos años vino a empeorar una situación que vivían los albergues desde al menos 2013, cuando lanzaron una advertencia de que podían cerrar ante la falta de la cooperación internacional, espantada por Daniel Ortega desde que llegó al poder en enero de 2007. La Red de Albergues de Nicaragua, dirigida a mujeres y niños víctimas de la violencia, después de 2018 se redujo a cuatro, pero sin operar de forma permanente.

Pese a que el Estado de Nicaragua ratificó en 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem Do Para, han sido limitados, por no decir nulos, los recursos aportados a los albergues para mujeres. “Los centros funcionaban porque los organismos internacionales apoyaban a las organizaciones no gubernamentales de las regiones del país, sin eso no habría sido posible su funcionamiento”, dice otra defensora del Norte de Nicaragua.

Aunque la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) en el capítulo uno, obliga al Estado a proporcionar servicios de atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, así como protección física, en la práctica no está cumpliendo. La misma legislación, que es un logro del movimiento feminista, orienta a las instituciones responsables a habilitar y fortalecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijos. 

En el 2021, el régimen de Daniel Ortega despojó de su personería jurídica a más de 20 oenegés que atendían a mujeres en las zonas más recónditas del país donde el Estado no presta asistencia. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
En el 2021, el régimen de Daniel Ortega despojó de su personería jurídica a más de 20 oenegés que atendían a mujeres en las zonas más recónditas del país donde el Estado no presta asistencia. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505

María Lourdes Suazo Sánchez, de 28 años de edad, vivía en 2020 en la comunidad Hormiga Dudu, un caserío ubicado a más de una hora del pequeño centro urbano de Waslala, en el Caribe Norte. Poco más de 10 años vivió en ese lugar con su pareja Héctor Zamora González, con quien procreó dos hijos, hasta que desde el 1 de octubre de 2020 huyó porque la amenazaba de muerte.

Supo que su vida corría verdadero riesgo el día que su agresor le cortó una mano con un machete a su padrastro, en el momento que la defendía de una agresión. La probabilidad de ser asesinada por su pareja era muy alta, pero María Lourdes no tenía hacia dónde ir con sus hijos. Hasta en tres ocasiones lo había denunciado ante la Policía de Waslala, pero los oficiales le respondían que no tenían combustible para ir hasta Hormiga Dudu, la pequeña comunidad rural de caminos fangosos y casas de madera en el que viven aproximadamente 250 personas.

Waslala es un pueblo de 54,969 habitantes, surcado por montañas brumosas, llamado por la propia municipalidad “Capital del Cacao” por los cultivos del grano al que daban asistencia técnica aproximadamente 10 organizaciones gubernamentales. A simple vista es un pueblo tranquilo — en su centro urbano solo viven 11, 387 personas — pero es uno de los más inseguros para las mujeres, principalmente para las que residen en la zona rural, como Hormiga Dudu.

Y fue en el centro urbano de Waslala que esta mujer  encontró una salida a la violencia que sufría en Hormiga Dudu. Por recomendaciones de otra mujer llegó a un grupo de mujeres que operaba en el centro urbano, en 2020, quien la acompañaron en el proceso de denuncia y le brindaron apoyo psicológico y emocional, a través de personal especializado en temas de violencia. 

Pero por mucho apoyo jurídico que obtuvo, no fue posible que su agresor terminara en la cárcel, porque la Policía local a la fecha no ha logrado detenerlo, pese a que los cinco oficiales que se mantienen en la estación policial saben que merodea la comunidad, dijeron pobladores a un equipo de DESPACHO 505 que viajó a esa región del país, en febrero de 2022.

El control político férreo que ejerce el régimen de Daniel Ortega en zonas como Waslala han dejado excluidas a las mujeres lideresas consideradas opositoras, quienes son vigiladas además por simpatizantes del régimen. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
El control político férreo que ejerce el régimen de Daniel Ortega en zonas como Waslala han dejado excluidas a las mujeres lideresas consideradas opositoras, quienes son vigiladas además por simpatizantes del régimen. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
El control político férreo que ejerce el régimen de Daniel Ortega en zonas como Waslala han dejado excluidas a las mujeres lideresas consideradas opositoras, quienes son vigiladas además por simpatizantes del régimen. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505

Esos mismos cinco oficiales, equipados con una camioneta y una motocicleta, son los que se encargan de atender todos los delitos que se registran en la zona y que según las autoridades policiales tienen un 89% de esclarecimiento. Pero eso es falso, señalan los pobladores quienes se quejan de la alta inseguridad que viven las mujeres, principalmente. 

En esas zona del interior del país, como en la comunidad Hormiga Dudu, las pequeñas casas de madera están muy distantes unas de otra y las mujeres y niñas caminan con temor a ser asesinadas o agredidas sexualmente por hombres.

María Lourdes ahora está en un refugio para mujeres en Matagalpa y se siente segura, pero si hubiese vivido violencia en este 2022, habría sido más difícil para ella encontrar apoyo. En el Caribe y Norte del país han cerrado al menos 10 organizaciones comunitarias que brindaban atención a las víctimas de la violencia machista, por lo tanto,  terminaron los apoyos que recibían las mujeres, especialmente a aquellas de escasos recursos y que habitan en lugares rurales y alejados como Hormiga Dudu.

Y mientras el régimen de Daniel Ortega está desarticulando a los grupos de mujeres que luchan contra la violencia machista, los jueces especializados en violencia continúan enviando a las mujeres a que sean tratadas precisamente por estos grupos de mujeres, ya que en la comunidad no hay centros especializados en atención a violencia manejados por el Estado. Las pocas organizaciones que aún persisten funcionan al mínimo, con poco personal y escasos recursos económicos. 

Las lideresas de estas zona explican que muchas organizaciones provienen del sandinismo, es decir que durante los años ochenta del siglo pasado trabajaron por los derechos de las mujeres al lado de la Revolución sandinista, y algunas integraron lo que se conoció como Asociación de la Mujer Nicaragüense Luisa Amanda Espinoza (Amnlae).

Poco a poco, especialmente después de la derrota del sandinismo en 1990, algunas de estas organizaciones promovieron espacios autónomos del Frente Sandinista para seguir trabajando en pro de las mujeres nicaragüenses. Lo hicieron porque se dieron cuenta que en la agenda política del sandinismo no estaba como prioridad la violencia de género, el aborto, la sexualidad, el trabajo doméstico y la desigualdad de género.

Y así nacieron el Colectivo de Mujeres Itza, la Red de Mujeres Contra la Violencia, Puntos de Encuentro, el Movimiento María Elena Cuadra, Fundación Xochiquetzal, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Grupo Venancia, Centro de Mujeres Oyanka, el Colectivo 8 de Marzo, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni) y otras más.

En el campo se respira temor, las mujeres saben que cualquier expresión de defensa de sus derechos puede ser considerada una falta contra los que ostentan el poder. Se han quedado solas, dicen con el cierre de oenegés. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
En el campo se respira temor, las mujeres saben que cualquier expresión de defensa de sus derechos puede ser considerada una falta contra los que ostentan el poder. Se han quedado solas, dicen con el cierre de oenegés. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505
El cierre de oenegés como el Colectivo de Mujeres de Matagalpa genera incertidumbres y tristeza entre los grupos de mujeres rurales, dicen lideresas a un equipo que viajó al Norte del país. Fotografías de Óscar Navarrete para DESPACHO 505

Pero además de proteger a las mujeres en las zonas remotas del país, las organizaciones han impulsado cambios importantes en el país. Por ejemplo, la Red de Mujeres Contra la Violencia enarboló la aprobación de la Ley 230, Ley de Reforma al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, que penalizó por primera vez la agresiones físicas y sexuales en contra de las mujeres.

En 2010, el Movimiento María Elena Cuadra introdujo en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para que se abordara la violencia hacia las mujeres de forma integral. Y aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) después propuso un nuevo anteproyecto de ley en el mismo sentido, la iniciativa del  María Elena Cuadra fue la que más influencia tuvo en lo que hoy se conoce como la Ley 779. 

Azahálea Solís, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, explica que esa ley fue parte de la lucha de las mujeres iniciada desde los años ochenta. Tras la aprobación de esta norma el régimen introdujo en 2014 una serie de cambios que limitaron los femicidios al ámbito de pareja y obligó a mediar a las mujeres con sus agresores. La Ley 779 no pudo ser posible sin el empuje de las organizaciones de mujeres que demandan el castigo de la violencia machista. 

Por eso es que el impacto del cierre de las organizaciones preocupa a las defensoras del interior del país. Sin la existencia de estas, decenas de mujeres habrían engrosado las estadísticas de violencia de género en Nicaragua. La campesina Celia, la campesina de Madrid,  sin el apoyo del colectivo de mujeres de Waslala, en el Caribe Norte, probablemente habría muerto en manos de su agresor. “Nos han dejado en la desprotección, el Gobierno no nos protege, pero no deja que nosotras trabajemos para protegernos”, lamenta. 

Gracias al apoyo que obtuvo en su momento, dice, salió de la violencia y hoy en día aspira a seguir sus estudios en Sicología. Quiere dedicarse a atender a mujeres y niñas que han sido abusadas sexualmente.

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Desde los 18 años Jennifer Brown es defensora de los derechos humanos de las mujeres. Esta  afrodescendiente de 38 años que vive al borde del Mar Caribe es una socióloga que también empodera a las mujeres para que construyan sociedades justas, equitativas y libres del racismo.

“Quise ser la voz de la defensa de las mujeres en Bluefields”, dice la mujer de voz rotunda que sueña con reivindicar los derechos de las afrodescendientes. En Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, ha integrado la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Nicaragua, pero ahora ve con preocupación el cierre masivo de las organizaciones no gubernamentales, por parte del régimen de Daniel Ortega. 

Le preocupa que no haya un relevo generacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres ante la embestida de Ortega contra el movimiento feminista. Además, valora que a raíz del cierre de oenegés han disminuido las formaciones en defensa y promoción de los derechos en esa zona del país. “Ha aumentado la cifra de violencia, las mujeres prefieren quedarse en silencio porque no hay ese acompañamiento, no se recibe a las víctimas ya; esto nos afecta porque veremos más violencia en nuestras comunidades”, dice desde un sillón café de su casa en Bluefields.

Esa preocupación también es compartida por Raquel Bodden, una defensora que sufrió en carne propia la violencia y cuya experiencia la orilló no solo a defender los derechos de las mujeres sino a llevar un registro de la violencia machista en el Caribe Sur y habilitar  un albergue para las víctimas. 

“No hay una voz cantante que venga y nos diga ‘les vamos a apoyar’. Sentimos impotencia”, dice Bodden, quien fundó la Red de Mujeres Contra la Violencia de Bluefields, clausurada por el régimen de Daniel Ortega.

Desde 2018 las defensoras han observado mayor persecución contra organizaciones y mujeres por lo que muchas de ellas se han visto obligadas a exiliarse o esconderse. En el caso de Brown, dice, ha asumido un trabajo más intenso contra la violencia machista en el Caribe Sur. “El trabajo es más intenso (por la represión y la falta de recursos) para las mujeres que quedan pero seguimos en la lucha visibilizando todas las formas de violencia de las mujeres negras”, desafía. 

Como ella, los grupos de mujeres de Waslala, en el Caribe Norte, que hablaron para este reportaje bajo anonimato, también reiteran que el cierre de organizaciones solo traerá un aumento de la violencia machista. Las mujeres del campo se acercaban a las instituciones no gubernamentales para pedir apoyo, especialmente atención psicológica, asesoría jurídica. “La respuesta que le damos ahora es que no podemos atenderlas, no tenemos cómo”, dicen. 

Cuando los casos de violencia son muy graves, las organizaciones de mujeres buscan canalizar ayuda con otros grupos que aún están funcionando, pero en muchos casos estos les dicen que ya no tienen capacidad económica para atender porque están al borde del cierre. “No hay recursos”, “ya cerré”, son algunas de las respuestas. “En los municipios ya no hay atención”, lamenta una psicóloga de Waslala, quien explica que el acompañamiento a las víctimas también implicaba asesorarles cuando eran víctimas de violencia patrimonial, especialmente con las pensiones alimenticias.

Como consecuencia de esta situación, las víctimas de violencia machista no solo han perdido el apoyo de los grupos de mujeres, sino que quienes ya han puesto denuncia, y cuyos casos han llegado a los juzgados, han abandonado el seguimiento de las causas judiciales debido a que no hay asesorías ni recursos que les ayuden en su búsqueda de justicia. “Habrá más impunidad”, advierten. El apoyo de las organizaciones era tal que muchas costeaban los viáticos para que las mujeres siguieran los procesos, principalmente de aquellas que habitaban en comunidades muy distantes de la zonas urbanas.

Si bien el régimen se ha empeñado en los últimos dos años en cerrar las organizaciones que atendían a las mujeres ha sido incapaz de llenar el hueco que estas dejan en las zonas del interior del país. La falta del compromiso por erradicar la violencia se refleja en los raquíticos presupuestos que la Administración Ortega asigna al Ministerio de la Mujer.

Aunque el presupuesto del Ministerio de la Mujer aumentó en 2022 unos 241,700 córdobas (6,905 dólares aproximadamente) el monto total de 32.6 millones de córdobas (933,00 dólares aproximadamente) sigue siendo irrisorio para atender los problemas que enfrentan las mujeres. Además, ese dinero no se ejecuta en proyectos como los desarrollados por oenegés como empoderamiento, apoyo a legalización de propiedad y erradicación de la violencia.

“Por eso nosotras no aceptamos que seamos llamadas lavadoras de dinero, golpistas o delincuentes cuando el trabajo que hacemos es en favor de las mujeres más vulnerables del país”, reprocha una defensora de Waslala. Otras organizaciones de mujeres, que optan por no brindar nombre, aseguran que el Ministerio de Gobernación también está negando la Constancia de Cumplimiento a las organizaciones que han asumido el reto de seguir funcionando. Este documento es indispensable para gestionar fondos que aseguren el funcionamiento de espacios seguros para mujeres.

Por ejemplo, un albergue de la región Norte del país necesita más de US$70,000 dólares al año para operar, pero el Estado no aporta un solo córdoba ni deja que las organizaciones canalicen recursos. “Es como si quisieran que las mujeres sigan siendo asesinadas por sus agresores, es inhumano lo que está haciendo el Gobierno”, denuncia una mujer con más de 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres. Para ella esta acción del régimen solo busca condenarlas a la desprotección.

*Algunas mujeres, lideresas nacionales, territoriales y beneficiarias de los programas de oenegés en en el Norte y Caribe de Nicaragua, pidieron que sus nombres fueran resguardados por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.