Ortega utiliza la justicia como "órgano de represión"

El Observatorio Contra la Tortura presentó este lunes un informe en el que señala que el Poder Judicial en Nicaragua es utilizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como "órgano de represión y criminalización" de los opositores, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

"Esta instrumentalización terminó de consolidar la impunidad y perpetrar las graves violaciones a derechos humanos, ya que mantiene a las víctimas encarceladas y sin posibilidad de acceder a la justicia", señala el VI Informe denominado "Análisis sobre los procesos judiciales", que comprende de diciembre del 2021 a marzo del 2022. Este sistema de monitoreo pertenece al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

"No obstante, en el período que abarca el informe, se ha profundizado aún más en los juicios como 'método de castigo y agotamiento'. Como Colectivo, consideramos que la forma en cómo se han configurado estos procesos judiciales constituyen herramientas para generar tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como para permitir la tortura", detalla el documento.

El informe señala que se pudo constatar la detención y posterior condena de al menos 66 personas la mayoría por delitos de conspiración o menoscabo a la integridad nacional, así como propagación de noticias falsas.

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La mayoría de los detenidos se dio en el período de junio a noviembre del 2021, previo a los fallidos comicios electores del 7 de noviembre pasado, en los que Ortega y Murillo se impusieron para un periodo de cinco años más en el poder.

JUECES SELECCIONADOS POR SU OBEDIENCIA PARTIDARIA

Posterior al proceso electoral se incremento la "estigmatización y hostilidad hacia las personas presas políticas", ya que Ortega un día después de las elecciones los llamó 'hijos de perra', por lo que se puede considerar un incremento en la saña hacia las más de 181 personas presas políticas para ese entonces.

Sumado a eso el Ministerio Público, al anunciar la reanudación de los juicios contra los opositores los llamó "criminales y delincuentes". "Para la garantizar este modelo, los jueces/zas han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno", expone el documento, el cual añade que los juicios contra los opositores "solidifican el totalitarismo y la sumisión de este
Poder a la pareja presidencial".

El documento además recoge violaciones al debido proceso en los juicios contra los presos políticos como detenciones arbitrarias, sin derecho a la defensa, nula publicidad de sus procesos judiciales, malos tratos y torturas, desconocimiento de la acusación y fecha de realización de las audiencias; vigilancia de agentes policiales, lo cual les impidió hablar libremente con sus defensores en audiencia; estigmatización desde la detención e inicio del proceso, tratándoseles como culpables y “enemigos”, y privación del uso de la palabra, entre otros.

Otro de los puntos que señala el Observatorio es que las audiencias, en su mayoría, se realizaron en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote; que los juicios fueron extensos y las salas estaban rodeadas de policías.

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Según el Observatorio, 47 de los detenidos fueron procesados en Managua, siete en el departamento de Río San Juan, tres en el departamento de León, dos en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, dos en el departamento de Masaya, dos en Estelí, una en Matagalpa, una en Chinandega y otra en Nueva Segovia.

Finalmente, señala que los procesos y condenas han estado a cargo de 20 jueces de los cuales 11 se encuentran en Managua.

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