Nicaragua sigue en la lista negra de la CIDH por el “ejercicio abusivo del poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por cuarto año consecutivo incluyó a Nicaragua en un capítulo especial en su informe anual del 2021, donde señala que en el país centroamericano continúa el “deterioro progresivo” de los derechos humanos y los ataques a la institucionalidad democrática, los cuales se han profundizado producto de la instalación de facto de un “Estado de excepción en el país”, al que hay que sumarle el “prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder en el Ejecutivo”.

Entre los factores que expuso la CIDH para incluir a Nicaragua en su Capítulo IV.B del Informe Anual 2021, está el “ejercicio abusivo del poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho en el marco del proceso electoral desarrollado este año (2021), la situación de la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y, finalmente, la situación de grupos de especial preocupación para la Comisión”.

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El informe dedica un capítulo para Nicaragua, Cuba, Venezuela y Guatemala “debido a que en dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática”.

El informe sobre Nicaragua señala que en el país existe una falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y una percepción de que la Asamblea Nacional está en “plena alineación” con el Poder Ejecutivo.

“Al mismo tiempo, la población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno actual”, indica el documento.

“CONTEXTO DE IMPUNIDAD GENERALIZADA”

La CIDH observó que desde que iniciaron las protestas sociales en abril del 2018, persiste en Nicaragua con “contexto de impunidad generalizada” sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron como consecuencia de la llamada Operación Limpieza que puso en marcha el régimen de Daniel Ortega para aplastar el levantamiento popular, las cuales dejaron según el organismo, unas 355 muertes, más de dos mil heridos, cientos de despidos arbitrarias, expulsiones de estudiantes universitarios y más de 110,000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua, indican datos de Acnur.

El informe hace referencia a las fallidas elecciones de noviembre del 2021, las cuales se desarrollaron en un clima de represión, impunidad, cierre de espacios democráticos donde la CIDH “constató la intensificación de una nueva etapa de represión” la cual tenía como propósito “poner fin a la participación de la oposición aún antes de realizarse las elecciones generales” para “facilitar al presidente actual la perpetuación en el poder, así como de mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”.

“La CIDH constató que las elecciones generales tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas”, indica el informe publicado este jueves.

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Hace referencia al deterioro acelerado a la libertad de expresión en Nicaragua producto del discurso “estigmatizantes” de parte de las altas autoridades del régimen contra la prensa independiente y señalan que en el país no existen garantías para el “ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”.

“Detenciones arbitrarias y los procesos judiciales sin garantías de debido proceso contra periodistas y personas que se manifiestan críticamente; restricciones a la protesta social; la imposibilidad de la prensa de dar cobertura a actos oficiales; la falta de transparencia activa del Estado y las restricciones a la libertad de expresión en el espacio digital”, documenta el informe.

“MANEJO NEGLIGENTE DE LA PANDEMIA”

El informe comenta que la CIDH junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expusieron “su preocupación sobre el continuo manejo de negligente de la pandemia del Covid-19 y su impacto para el derecho a la salud de la población”.

Indican que constataron lo que catalogaron como “la grave situación del personal de Salud por la intensificación de la persecución, hostigamiento, ataques, así como el uso de prácticas intimidatorias mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo en su contra, lo que tendría por efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud identificados como opositores al gobierno”.

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En el caso de las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua denunciaron la violencia generalizada que viven producto de las invasiones de colonos en sus territoriales, los cuales “actuarían con la aquiescencia y tolerancia del Estado y el incentivo del sector privado”.

“Como resultado de estos hechos, en el 2021, al menos 13 personas indígenas habrían sido asesinadas y ocho heridas de gravedad”, añade la CIDH.

El documento también recoge las “graves condiciones de detención” en que se encuentra los presos políticos que fueron apresados en el contexto de las protestas populares y en particular de los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote.

La CIDH señala que para elaborar el informe, el 23 de noviembre de 2021, remitió a Ortega una copia preliminar el documento y que la respuesta que mandó dos días después, era de “total rechazo al referido Informe Preliminar, por constituir una desatinada y ofensiva recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados por ese organismo, utilizando como única fuente a sectores políticos adversos a nuestro gobierno”.

El régimen añadió que dicho informe “no reflejan la realidad nacional y cuyo único objetivo es continuar la campaña de desprestigio y difamación en contra del Estado de Nicaragüense, para seguir concretando la lista de agresiones que ha venido tramando de manera habilidosa el Imperio Norteamericano”.

Entre las recomendaciones que emitió la CIDH está la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, poner fin a la impunidad y reconsiderar su decisión de la Carta Democrática de la OEA, entre otras.

La CIDH recordó que a pesar de que Ortega denunció el 18 de noviembre del 2021 la Carta de la OEA, el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas las obligaciones hasta que concrete su proceso de salida, el cual es cumple en el 2023.