ONU alerta de “aumento inédito” de la migración en Nicaragua a causa de la represión que alcanza hasta a sacerdotes

Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “Nicaragua es actualmente uno de los Estados más represivos del planeta”. A esa conclusión llegó Bélgica tras escuchar este jueves una actualización oral sobre la situación del país de parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien advirtió de un “aumento inédito” de la migración principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos.  

Según la Alta Comisionada, en Nicaragua el régimen está acentuando todavía más la represión de la sociedad civil, que empezó con fuerza en 2018, y que últimamente hasta los sacerdotes católicos son víctimas de persecución. 

“Desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la policía y se les prohibió la entrada a sus feligreses”, denunció.  

Se refiere a la persecución y posterior cerco policial impuesto en mayo contra monseñor Rolando Álvarez en Managua y contra el padre Harving Padilla en Masaya. 

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La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recogido en los últimos meses nuevas informaciones que indica que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de oenegés. 

“Todo esto está provocando un nivel sin precedentes de salidas del país, incluso mayores a las que se registraban en la década de 1980” durante la Revolución Sandinista, advirtió Bachelet. 

Según datos de la ONU, en los últimos ocho meses la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150.000. Esto representa el 3% de la población de Costa Rica 

El número de personas nicaragüenses interceptadas en la frontera de los Estados Unidos está viviendo un incremento inédito aumentando de 3,164 en septiembre del año pasado, a 92,087 a abril de este año. En marzo de este año la cifra alcanzó 16,088, la más alta registrada a la fecha para un solo mes y ocho veces más alta que la registrada en marzo del año pasado.  

LOS PRESOS POLÍTICOS 

Sobre los prisioneros políticos, la actualización detalla que hay 173 detenidos en relación con las protestas cívicas de 2018 y medio centenar en el contexto de las elecciones del año pasado, quienes “afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas”. 

Para todos ellos Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año, aunque esto excluía a los hijos menores de edad. 

En ese sentido, la Unión Europea expresó su indignación “por los delitos de culpabilidad y sentencias duras a los prisioneros políticos de los últimos meses”.  

“Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y que se anulen sus sentencias”, dijo la representante de la Unión Europea durante el 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.  

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Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Canadá Chile y Paraguay llamaron la atención sobre la persistencia de medidas para reprimir el trabajo de la prensa, los partidos políticos de oposición, la expulsión de la OEA, el delegado de la Comisión Internacional de Cruz Roja y la cancelación de organizaciones de la sociedad civil. 

El informe indica que la Asamblea Nacional (controlada por el gobierno) ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones este año, lo que arroja un total de 454 desde noviembre de 2018, a lo que se suman medidas similares contra doce universidades, que han quedado bajo control estatal. 

Tras estas denuncias, Bachelet instó al régimen de Daniel Ortega a cesar “las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”.  

Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo. 

DICTADURA RECHAZA INFORME 

La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos "alejados de nuestra realidad" y que se trataba de "una agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido", a pesar de las denuncias de la ONU y organismos internacionales sobre la falta de transparencia de las elecciones. 

Agregó que el informe de Bachelet forma parte de una "campaña liderada por Estados Unidos" con el fin de "inmiscuirse en los asuntos internos de los países".