Magistrados orteguistas reafirman sentencias contra siete presos políticos

Los magistrados orteguistas Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Rosa Argentina Solís y Angelita Dávila Navarrete, de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, ratificaron las sentencias contra siete presos políticos de la dictadura en una audiencia en la que solo participó uno de los procesados.  

De esta forma, la justicia orteguista declaró como “no ha lugar” a los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Pallais y José Adán Aguerri por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”.  

Y las sentencias contra Violeta Granera, Tamara Dávila y Arturo Cruz por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. 

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Las presas políticas Violeta Granera y Tamara Dávila fueron sentenciadas a ocho años de prisión. El exaspirante presidencial Arturo Cruz fue sentenciado a nueve años de cárcel; mientras que, a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri y José Pallais se les impuso una pena de 13 años. 

FÉLIX, EL ÚNICO PRESENTE EN LA AUDIENCIA  

La audiencia se realizó este sábado en los Juzgados de Managua únicamente con la participación de Félix Maradiaga, a quien la dictadura dejó vérsele en público por primera vez luego de 389 días detenido en El Chipote. Los otros presos políticos no fueron llevados.  

Esto ocurrió un día después de que la esposa de Félix Maradiaga y organismos de derechos humanos lanzaron un SOS por su estado de salud, al conocer su disposición de hacer huelga de hambre en reclamo por el trato recibido en prisión. 

El grupo de los siete presos políticos fue declarado culpable el 23 de febrero en un maratónico juicio que duró siete días.  

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Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha explicado que con cada juicio y condena a los opositores se está destruyendo “hasta llegar al fondo del barril a lo que queda del Poder Judicial”. 

“Desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (Alba Luz Ramos) hasta el último juez que haya participado en esto y los fiscales tienen que ser juzgados y procesados y determinada su responsabilidad”, sostiene.