La dictadura niega a la ONU sus prácticas de tortura y malos tratos

La dictadura de Daniel Ortega envió al Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas un informe en el que asegura que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2018 no se cometió ningún acto de tortura en Nicaragua.  

El informe llegó a la ONU en mayo de 2019 con seis años de retraso, puesto que debió haber sido enviado en 2013, y fue publicado este jueves en el marco del 74 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura.  

Ortega y Murillo reportan apenas cinco denuncias por tortura —todas desestimadas porque “no se encontró mérito para el ejercicio de la acción penal”— en una década marcada por grandes manifestaciones sociales como las de abril de 2018, #OcupaInss en 2013 o los “miércoles de protesta” en 2016 todas marcadas por denuncias públicas que incluyen torturas y malos tratos avalados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.  

“El Ministerio Público en el período comprendido entre el año 2008 al año 2017, no registra ingreso de denuncia por tortura o tratos crueles vinculados a la actividad de agentes del orden. En el año 2018, se tramitaron cinco denuncias, siendo las presuntas víctimas, todos del sexo masculino, en ninguna de ellas existió medios de pruebas que comprobaran los hechos denunciados, en consecuencia, no se encontró mérito para el ejercicio de la acción penal”, indicó el régimen en su informe.  

El régimen argumenta que proceso penal en Nicaragua se rige por el principio acusatorio, lo cual implica entre otras cosas, que no se puede iniciar un proceso penal sin una acusación formulada por persona distinta al juez. La acusación, dice, puede ser ejercida por el Ministerio Público de oficio en los delitos de acción pública o por la víctima, constituida en acusador particular. “En este contexto no se ha presentado ninguna acusación en el período a informar ante los Tribunales de Justicia por los delitos de tortura o malos tratos supuestamente cometidos por agentes del orden”, agregan. 

“En el Ministerio de Gobernación no se conoció ninguna denuncia relacionada a tortura”, continúa el informe.  

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CENIDH: SÍ HAY TORTURA, PERO LAS DENUNCIAS LAS TOMAN COMO QUEJAS 

En la sesión de este jueves en la que participó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el organismo denunció con casos concretos que la tortura sí es usada como medio de persecución política, en el marco de detenciones arbitrarias, con el propósito de obtener una confesión o información, como método de sometimiento de las presas y presos políticos. 

La represión de la protesta social, según el informe del Cenidh, ha sido una política gubernamental desde 2007 cuando Ortega asumió el poder, haciendo uso de las fuerzas policiales y fuerzas de choque. 

“Las recomendaciones al Estado no se han cumplido, continúa sin investigar los casos de torturas denunciadas por familiares o víctimas dejándolas en impunidad, el Estado les alega a las víctimas que tomarán medidas administrativas contra los funcionarios y las denuncias las toman como quejas”, explicó el Cenidh.  

Esa táctica de la dictadura explicaría por qué se reportan cero casos de tortura y cero sentencias emitidas por este delito y malos tratos policiales.  

NIEGA MALOS TRATOS A PRESOS  

El Estado de Nicaragua también proporcionó las cifras solicitadas por la ONU en las recomendaciones emitidas tras la presentación del primer informe en el año 2007. 

En ese sentido, la dictadura detalla que entre 2008 y 2018 el Ministerio Público tramitó 195 denuncias relacionadas a “supuestas violaciones a los derechos humanos de presos” (188 varones y 7 mujeres), con 203 funcionarios penitenciarios involucrados, de las cuales, en cinco casos se comprobó responsabilidad administrativa y en 190 se desestimaron por no comprobarse los alcances de la denuncia.  

Los casos se resolvieron por la vía administrativa y ninguno llegó a la instancia judicial.

MINIMIZA DENUNCIAS POR MALTRATO POLICIAL

La Policía Nacional a través de la Dirección de Asuntos Internos, según el informe oficial, recibió un total de 30.299 denuncias en relación con el comportamiento y las actuaciones de sus miembros, de las cuales 3.727 corresponden a infracciones administrativas disciplinarias relacionadas con violaciones a derechos humanos.  

La dictadura detalla que 2.322 denuncias estuvieron relacionadas con el uso excesivo de la fuerza; 976 al uso indebido de arma de fuego y 429 sobre el irrespeto a la integridad física. De las 3.727 denuncias recibidas relacionadas con violaciones a derechos humanos, se investigaron 3.687 por considerarse los hechos como infracciones muy graves, las 40 denuncias restantes, fueron remitidas a los jefes respectivos de los funcionarios denunciados, para la aplicación de sanciones administrativas por tratarse de infracciones graves o leves.  

Como resultado de las 3.687 denuncias investigadas por la División de Asuntos Internos, en 1.470 que representan el 40 %, se encontró responsabilidad disciplinaria en 2.006 funcionarios. En las restantes 2.217 denuncias, que corresponden al 60 %, las investigaciones disciplinarias concluyeron sin responsabilidad administrativa. 

CONDICIONES CARCELARIAS

En esa década detallan que los Jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria realizaron 2.575 visitas a celdas de delegaciones policiales del país. 

En relación con estas visitas, se registraron 1.947 quejas referidas a: otorgar mayor tiempo de visitas con sus familiares, garantizar pase de alimentos llevados por familiares, garantizar suministro de medicamentos por parte de familiares, trasladar a centros asistenciales cuando se requiera, otorgar media hora de luz solar diario, garantizar un colchón por persona privada de libertad, acceso a libros o juegos para mayor distracción. 

Según la dictadura, a raíz de esos hallazgos y las recomendaciones formuladas, en los centros de detención se amplió el tiempo de visita con familiares de 20 a 40 minutos; se habilitó libro para el registro de pase de alimentos por parte de los familiares; se habilitó libro para el registro y control de suministro de medicamentos, que se recibe de parte de familiares con su prescripción médica; se realizó coordinaciones con centros de salud y hospitales para garantizar atención médica gratuita y su medicación, los privados de libertad que presentan problemas de salud durante su estadía en celdas policiales; se instruyó a los Jefes de Auxilio Judicial del país a garantizar luz solar a los privados de libertad, al menos una hora cada tres días; se construyó nuevo edificio de la Dirección de Auxilio Judicial (“El Nuevo Chipote”); y se rehabilitaron celdas policiales diferentes partes país, proporcionando colchonetas para mejorar las condiciones carcelarias de los privados de libertad.  

Además, asegura que la estadía de los privados de libertad en las celdas policiales es “corta”. Sin embargo, al menos 50 presos políticos detenidos desde mayo del año pasado guardan prisión en El Chipote. La mayoría ya recibió sentencia, pero la dictadura se niega a trasladarlos al Centro Penitenciario Nacional.  

TRATOS INHUMANOS EN EL CHIPOTE 

Como respuesta, las organizaciones de sociedad civil, incluida la Organización Mundial contra la Tortura, denunciaron que, a las personas detenidas, víctimas de la tortura y abuso policial se les ha deteriorado su salud producto de los golpes físicos y el maltrato psicológico al que son sometidos por el simple hecho de alzar su voz para denunciar la ausencia de democracia.  

El Estado en su informe hace referencia a que la ley protegerá a las víctimas del delito y procurará que se reparen los daños causados, también establece que los funcionarios infractores serán sancionados y castigados, no obstante, “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios del gobierno permanecen en la impunidad”.  

“Contrario a sancionar las denuncias contra los funcionarios a estos se les premia por la actuación y represión contra el pueblo promoviéndoles en sus cargos, como sucedió con altos mandos policiales, entre ellos el comisionado general Ramon Avellán señalado por las víctimas y sus familiares como perpetrador”, destacan 

Además, reafirmaron las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en El Chipote. 

En este centro de detención los detenidos son sometidos a altas temperaturas (32 grados) por el día y frías por la noche, a la mayoría no se les permite cobijas para arroparse, duermen en una plancheta de concreto, hay moho en las paredes, insectos, jelepates (chinches), mosquitos y ratones.  

Las celdas de castigo tienen las puertas selladas y son metálicas. La mayoría de los presos políticos en ese lugar sufren de problemas en la piel. Esto se repite con los presos en La Modelo y demás centros penitenciarios del país.  

Estas denuncias han sido reiteradas de parte de familiares de presos políticos, quienes presentan retratos hablados de cómo estarían los detenidos evidenciando excesiva pérdida de peso y graves condiciones de arresto.

CASOS QUE DESMONTAN MENTIRAS DEL RÉGIMEN 

Para ejemplificar la grave situación que sufren las personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua, mencionamos el caso de Fanor Ramos.  

Este se encuentra en una celda de barrotes empernado, ha sufrido golpizas por parte de los custodios del penal, las agresiones físicas son golpes en todo su cuerpo con de patadas y con el bastón policial cuando es sacado al pasillo. Los golpes han sido tan brutales que lo han dejado inconsciente, luego fue trasladado a un salón donde más de 20 custodios lo golpearon provocándole dislocación del dedo meñique de la mano derecha, provocaron que un perro de la técnica canina que llevaron oficiales de la Dirección de Operaciones Tácticas (DOT) le mordiera la pierna causándole un desgarre de cinco centímetros.  

Otro caso es el de John Cerna, quien se encuentra recluido en la galería de máxima seguridad en La Modelo. Los custodios del penal le han golpeado, lo han colgado de las esposas en un portón del pasillo y mientras estaba colgado de sus manos soportando su peso, otros custodios le pasaban golpeando con la palma de la mano abierta y el bastón policial, evitando golpear las zonas visibles del cuerpo como rostro y brazos.  

John ha sido sometido a interrogatorios a pesar de estar ya condenado y cumpliendo la sentencia de la pena impuesta. Los interrogatorios son de madrugada interrumpiéndole el horario de sueño, las preguntas que le hacen son las mismas del proceso de investigación policial que se dio al inicio de su detención, ¿Cuál es su organización? ¿Quién le financia? Le amenazan con detener a miembros de su familia y le muestran fotografías para confirmarle que son vigilados, esta práctica constante causa inestabilidad emocional, daña su salud mental y cae en estados depresivos. 

Aún con todas las pruebas en su contra, la dictadura insiste en que "ha garantizado la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses".