Una semana sin noticias de monseñor Álvarez: cumple 23 días encerrado por la dictadura

Monseñor Rolando Álvarez cumple este viernes 23 días de estar bajo arresto domiciliario impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo: una semana en Managua y 15 días en la Curia Episcopal de Matagalpa. 

El obispo fue sacado en la madrugada del viernes pasado por agentes policiales del palacio episcopal de Matagalpa junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo. Sus colaboradores permanecen detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. 

Desde entonces no se ha tenido noticias del estado de los detenidos. Lo último que se supo de monseñor Álvarez fue que, tras una visita del cardenal Leopoldo Brenes, se le vio “desmejorado”.

La dictadura lo acusa de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.

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Álvarez, cerca de cumplir 56 años, es el primer obispo arrestado desde que el sandinista Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

DICTADURA NO RESPONDE A OFRECIMIENTO DE DIÁLOGO

El papa Francisco expresó el domingo su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió "un diálogo abierto y sincero" para que "se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica", aunque, en su llamamiento al final del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, no hizo referencia al arresto del obispo Álvarez.

La dictadura no ha respondido, al menos públicamente, al ofrecimiento de diálogo del papa Francisco, pero, a través de su embajada en Londres, ha compartido un artículo titulado "Un obispo de Nicaragua está de rodillas, pero no para pedir perdón".

En ese artículo, la autora, la socióloga nicaragüense Magda Lanuza, asegura que Álvarez "fue uno de los líderes católicos involucrados en el violento intento de golpe de Estado en Nicaragua en 2018", como Ortega califica una revuelta popular que estallaron por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron aplastadas a la fuerza.

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Por su parte, el abogado nicaragüense Yader Morazán explicó que el obispo Álvarez "no está en casa por cárcel, ni en resguardo domiciliar", como lo ha definido la Policía Orteguista, sino que se trata de un "secuestro".

"Su secuestro se computa desde el 4 de agosto y no desde que fue trasladado forzosamente (el viernes pasado) y que ahora esa ilegalidad trasciende a otros familiares ajenos a su causa", afirmó Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario del Poder Judicial.

(Con información de EFE).