Monseñor Álvarez, sacerdotes y laicos son víctimas de violaciones a los Derechos Humanos

La criminalización de la fe católica que ha emprendido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua por medio de detenciones de religiosos y laicos, entre ellos monseñor Rolando Álvares, obispo de Matagalpa, constituye un caso más de violaciones a los Derechos Humanos. Es el conclusivo de un análisis realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tomando el cuenta el secretismo y la manipulación de las leyes.

Los expertos del organismo defensor han identificado al menos diez violaciones de derechos humanos contra monseñor Álvarez, así como los cuatros sacerdotes recluidos en El Chipote, los dos seminaristas y el camarógrafo de Diócesis de Matagalpa, que fueron retenidos en la Curia Episcopal el pasado 4 de agosto.

El derecho a la honra y la reputación, libertad de conciencia y religión, libertad de expresión, derecho a la presunción de inocencia, son solo algunas de sus derechos vulnerados, señala el organismo que demanda la libertad de los religiosos y de más de 190 presos políticos que mantiene la dictadura.

El organismo de derechos humanos ilegalizado en diciembre del 2018, criticó que a siete de los "investigados" que están encarcelados en El Chipote se les realizara audiencia especial de garantías constitucionales a escondidas donde les impusieron 90 días detenidos para continuar con las “investigaciones”. Lo más delicado -señala- es que la información se ha conocido por medios extraoficiales, pues el caso es manajado bajo extremo secretismo, apuntó.

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“Están ocultando todo y eso aumenta más la incertidumbre, pero la verdad es que los tienen secuestrados. A monseñor presuntamente en su casa y en El Chipote a los otros”, cuestionó la doctora Vilma Núñez, directora del Cenidh, pues el expediente del caso contra los religiosos y laicos no se encuentra en el sistema en línea del Poder Judicial, como corresponde.

“Hay una arremetida violenta, es una violación masiva de derechos humanos”, sostiene Núñez.

El caso contra monseñor Álvarez, el primer religioso de su nivel encarcelado en las últimas décadas en Latinoamérica, inició el pasado 4 de agosto cuando el obispo intentaba trasladarse a celebrar un servicio religioso. El jerarca católico permaneció bajo secuestro policial durante 15 días en la Curia Episcopal de la ciudad de Matagalpa.

Para su trasladado a Managua la Policía ejecutó un asalto a la Curia durante la madrugada. Ha informado que el jerarca se encuentra “bajo resguardo domiciliar”, mientras que el resto de religiosos y laicos fueron enviados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la cárcel conocida como El Chipote.

LOS 10 DERECHOS HUMANOS QUE VIOLENTA EL RÉGIMEN

Estos son los diez derechos humanos que el Cenidh considera que el régimen Ortega-Murillo ha violado al mantener en prisión a monseñor Álvarez, a cuatro religiosos y dos laicos.

DERECHO A LA HONRA Y REPUTACIÓN

El régimen comenzó a calumniar a los religiosos, imputándole acciones delictivas, para que la población creyera que eran delincuentes que no eran sacerdotes. Aunque la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 26 referido a los derechos de los ciudadanos en el punto dos señala que todas tienen derecho “al respeto de su honra y reputación”.

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN. Fue violentado al perseguirlos, con el acoso, no permitirles salir de la Curia a oficiar las misas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.  Este derecho no solo lo violan para los religiosos detenidos sino para los fieles católicos, porque no los dejan predicar. También infringen el derecho a ser informado por el cierre de los medios tanto televisivos como radiales de corte católico.

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hasta el momento se desconoce si hay un juicio abierto contra monseñor Álvarez y los otros detenidos.

La Policía Orteguista en un comunicado acusó al religioso de organizar “grupos violentos”, que tenía como “propósito desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.  Según el Cenidh se viola el artículo 34 de la Constitución que señala que se debe presumir la inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.

DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL. Es el derecho de una persona a movilizarse dentro del país y los religiosos y laicos están “secuestrados” desde el pasado 4 de agosto, cuando fueron encerrados en la Curia Episcopal de Matagalpa. Al obispo lo mantienen bajo casa por cárcel y el resto en El Chipote.

DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL. Al someterlo por más de 15 días a un encierro forzado, también fueron emocionalmente agredidos, con una serie de prohibiciones.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua señaló que el cardenal Leopoldo Brenes, se reunió con monseñor Álvarez el 19 de agosto y lo encontró “físicamente desmejorado”, pero espiritualmente fuerte.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCESO A LA JUSTICIA Y GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO. La captura de los religiosos y laicos se dio en medio de una serie de irregularidades, así como imputarles delitos que no han cometido; y sustraerlos del juez competente. Si cometieron delitos los tenían que acusar en Matagalpa y no traerlos “secuestrados” a Managua.

Están incomunicados, no han tramitado ningún recurso y se han vencido todos los plazos. No tienen abogados defensores de su confianza, sino les nombraron abogados de oficios.

ESTAR PROTEGIDOS CONTRA EL HAMBRE. Se desconoce cuándo se les acabó la comida a los religiosos y laicos, durante el encierro en la Curia Episcopal, pero el Cenidh señala que tienen información que tuvieron que comer aguacates verdes que cortaban de un árbol cercano a las instalaciones donde estaban asediados.

DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL. La situación de encierro y acoso a que estaban sometidos afectó su salud física.

DERECHOS HUMANOS ESTÁN INCLUIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

La presidenta del Cenidh señaló que los derechos humanos que viola el régimen Ortega-Murillo están contenidos en la Constitución Política de Nicaragua. Incluso, considera que se puso en peligro la vida de los siete detenidos al prohibir el ingreso de alimentos a la Curia.

Núñez espera que el cardenal Brenes, quien se prevé viaj a Roma para participar en el Consistorio que se realizará este sábado, pueda conversar con el papa Francisco sobre su propuesta de diálogo al régimen.

“Lo peor que podría pasar es que se acuerde el destierro de monseñor (Álvarez), lo cual sería una violación más de derechos humanos, porque él ha dicho que no se quiere ir del país que tiene derecho a estar en su patria”, señala la defensora de derechos humanos.