La Asamblea otorga al MEM el control del las exportaciones de oro de las casas de empeño

La Asamblea Nacional traspasó el control de las exportaciones oro de las casas de empeño y comerciantes de metales preciosos al Ministerio de Energía y Minas (MEM). Lo actuado corresponde a la iniciativa de reforma a la Ley especial sobre exploración y explotación de minas que Daniel Ortega envió al Parlamento con carácter de urgencia.

La iniciativa fue aprobada este lunes de forma exprés con el voto favorable 79 diputados. Otros cinco votaron en contra y uno que estaba presente, no votó. Ninguno de los 85 parlamentarios presentó moción ni expresó consideraciones sobre la reforma. Simplemente cumplieron con el pedido del Ejecutivo.

Ortega había alegado en su "propuesta" que la reforma era necesaria para asignar funciones “al ente rector de los recursos minerales del país”, es decir al MEM, “funciones y responsabilidades relacionadas a la organización del sector minero y muy en especial de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)”.

El texto aprobado otorga el poder de autorizar la procedencia y el seguimiento a las exportaciones de minerales de las casas de empeño y préstamos, y a los comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas; de estos últimos autorizará los acuerdos que suscriban con concesionarios mineros, planteles de beneficio, mineros artesanales o pequeños mineros.

En caso de incumplimiento, "el MEM está facultado para el cierre o intervención del sujeto obligado”, señala el nuevo inciso del artículo 77 de la norma.

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La reforma fue enviada por Ortega luego de la intervención a la red de casas de empeño Prisa y que resultó en una solicitud de orden de captura internacional contra su propietario Mario Hurtado. Las autoridades nicaragüenses acusan a Hurtado de supuesto "lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos", pero él sostiene que es un caso político. Además de Prisa, el régimen intervino otras tres empresas propiedad de Hurtado.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONCESIONES

A partir de ahora, el MEM ejecutará un plan de seguimiento y revisión de las concesiones que han concedido a la fecha y tendrá la facultad de cancelar dichas concesiones cuando el régimen considere que han incumplido los acuerdos. Pero además el Estado será juez y parte en estas concesiones mineras.

“El Estado a través de las alianzas y asociaciones con empresas privadas, públicas o mixtas que proponga y autorice el Ministerio de Energía y Minas (MEM), podrá participar en las actividades establecidas en la presente”, señala la reforma al artículo 2 de la ley.

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Además, en el artículo 76 se establecen cambios a la administración del Fondo de Desarrollo y Promoción Minera, el cual pasará a manos del MEM. Esto significa que la institución además de las investigaciones se encargará de ordenar la minería artesanal y a pequeña escala (Mape), así como de erradicar el mercurio en el proceso de extracción artesanal. Incluso, tendrá a su cargo la instalación de “plantas de beneficio de procesamiento de sustancias minerales en áreas de reserva minera y otras”.

La reforma también cancela dos concesiones que otorgaron a la estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). Una ubicada en los municipios de la Libertad y Santo Domingo, en Chontales y la segunda ubicada en el municipio de Villanueva en Chinandega.