La familia de monseñor Leonardo Urbina cumplirá dos meses sin verlo

Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez cumplirá este martes dos meses sin que su familia lo vea, tras su secuestro policial y posterior acusación por abusar supuestamente a una menor y por el que fue condenado a 49 años de prisión, por los operadores judiciales del régimen Ortega-Murillo.

Este sábado trascendió también que el papá del sacerdote, introdujo ante los tribunales de justicia y por séptima ocasión, una petición para que le aprueban una defensa privada que pueda promover el proceso de apelación, debido a las sobradas irregularidades del juicio en su contra.

El religioso, que administraba la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, fue detenido la mañana del miércoles 13 de julio por agentes de la Policía del régimen, cuando fue citado a una estación policial para responder por una denuncia de la que no le dieron mayores detalles.

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Ese mismo día la Fiscalía acusó al religioso en el Juzgado Segundo Distrito Penal Especializado en Violencia y Adolescencia de Managua por los delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de la menor. Según la entidad acusadora del régimen, los abusos ocurrieron entre diciembre del año pasado y febrero de este año.

EN INDEFENSIÓN TOTAL

José Ángel Urbina Hernández, de 78 años, papá de monseñor Urbina, explicó a comienzos del mes a DESPACHO 505 que durante todo el juicio, no tuvo acceso a las audiencias y que la Defensoría Pública, tampoco le brindó información del proceso.

Contó que no se le entregaban las copias de las actas de las audiencias y la defensora pública que le asignaron a su hijo, tampoco le contestaba las llamadas. Relató que entre el 22 de julio y el 30 de agosto, solicitó en cinco ocasiones que el judicial nombrara como abogado defensor privado a Francisco Omar Gutiérrez y no hubo respuesta. Este jueves la familia del religioso volvió a insistir en la petición del cambio de defensa para la Apelación de la condena.

“Como permite el Art. 102 CPP (Código Procesal Penal) cuando se trata de privados de libertad como mi hijo, a quien no hemos visto ni tenido ningún contacto en siete semanas, pido por séptima ocasión se tenga como defensor privado de nuestra elección en sustitución de la defensora pública que compareció ofreciendo sus servicios y que usted le escogió”, señala el documento dirigido al juez Edén Aguilar, titular del juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua.

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El proceso contra el religioso fue calificado por varios juristas independientes de poco transparente, y plagado de irregularidades de todo tipo. El sacerdote fue defendido por la defensora pública, Jennifer Elliett Hernández Granera, en un juicio exprés que se celebró en dos audiencias y con la declaración de diez testigos que la familia desconoce hasta ahora.

Todos los testigos fueron de la Fiscalía. Ni uno de la parte defensora, lo que deja en evidencia también la indefensión en la que los operadores de justicia de la dictadura, dejaron al religioso. En el escrito, el padre de monseñor Urbina, señaló que a su hijo le celebraron juicio y lo condenaron con un defensor público que hasta la fecha no los ha recibido, ni les explicó nunca como iba el proceso.

DEFENSOR PARA APELACIÓN

La Fiscalía lo acusó por dos supuestos delitos de abuso sexual por lo que recibió una condena de 24 años y le sumaron 25 por la supuesta violación.

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En el escrito introducido por Urbina, de 70 años, también incluye la apelación contra la condena de su hijo, señalando las anomalías en el proceso como la el juicio fuera de su jurisdicción y varias imprecisiones sobre las fechas en que ocurrieron los supuestos delitos. Además de la acción ilegal de haber sido juzgado en otra jurisdicción territorial.

El padre Urbina es el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica al que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, condena a puertas cerradas por haber cometido supuestos delitos comunes, en un contexto de guerra feroz contra los lideres de Iglesia Católica que le han plantado cara ante los abusos contra los derechos humanos.