El proceso judicial contra colaboradores de monseñor Álvarez es ilegal. Así responde la dictadura al diálogo con El Vaticano

Nueve días después que el papa Francisco confirmara que hay diálogo con el régimen de Daniel Ortega, el Ministerio Público acusó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, a cargo de monseñor Rolando Álvarez, quien hoy cumple 51 días de secuestro policial.

“La dictadura deja claro que no quiere diálogo con quienes le piden ceda en sus acciones represivas”, opina la investigadora Martha Molina, quien ha recopilado los ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica nicaragüense desde las protestas de abril de 2018.

Los procesos iniciados contra los sacerdotes y colaboradores de monseñor Rolando Álvarez son políticos, dice Molina. En la acusación figura como víctima el Estado y la sociedad nicaraguense, pero no se detalla el delito del que son acusados. Los detenidos llevan 36 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como "El Chipote".

El obispo Álvarez no aparece en la acusación y supuestamente continúa bajo la figura de “resguardo domiciliar”. “El hecho que no hayan acusado a monseñor Álvarez, es evidencia de que no tienen como criminalizarlo”, señala Molina.

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“Está claro que en Nicaragua ni se respeta el Estado de derecho, ni las garantías procesales”, critica la investigadora.

“Son personas inocentes que deberían ser liberadas de inmediato, (con este caso) el Poder Judicial reincide con detenciones arbitrarias”, reaccionó por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

ABOGADA: CAUSAS NACIERON ILEGALES

La abogada independiente Alexandra Salazar dijo a DESPACHO 505 que las causas contra estos religiosos nacieron sin sustento legal, por tanto, todo lo que sigue será ilegal. “No hubo orden de captura firmada por un juez, ni allanamiento ordenado por juez, no conocíamos investigación en su contra. No se puede apresar a alguien e imputarles delito después”, explica Salazar.

La abogada agrega tres anomalías más: primero los acusan cuando han pasado más de 30 días. “El Código Procesal es claro sobre los plazos, nadie puede mantener a una persona detenida más allá de los tiempos que la ley establece”, señala la experta.

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“Estas personas, desde que fueron detenidas, no les permiten comunicación con sus abogados, ni con sus familiares. Esas son garantías mínimas en un proceso legal”, asegura. La tercer anomalía, es el silencio de los tribunales de apelaciones que deben resolver rápidamente los recursos de exhibición personal cuando queda demostrado que hay irregularidades en una detención y que también es un derecho irrenunciable de todo procesado.

EL DIÁLOGO DE LA DICTADURA

Los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y el camarógrafo acusados permanecieron 15 días secuestrados por la Policía Orteguista en la Curia Episcopal de Matagalpa junto con monseñor Rolando Álvarez.

Mientras estaban secuestrados, la Policía señaló al obispo de supuestamente “organizar grupos violentos, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”. Sin embargo, hasta ahora no han ofrecido pruebas.

La investigadora Martha Molina no cree que las acusaciones sean el fin de las intenciones del diálogo con la Santa Sede. “Pienso que la idea del líder de la iglesia católica es abrir un puente, es difícil establecer un diálogo con criminales, queda claro con las últimas acciones que nunca actuarán de buena fe, pero el Papa pondrá su mejor esfuerzo, eso es seguro”.

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El régimen mantiene en prisión al menos siete sacerdotes de diferentes partes de l país, dos de ellos ya tienen condenas por supuestos delitos comunes y uno aún no ha sido acusado.

Con los dos seminaristas, el camarógrafo y el obispo Álvarez, aumenta a 11 el total religiosos secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.