La Fiscalía pide un año para demostrar “culpabilidad” de colaboradores de monseñor Álvarez

El Ministerio Público solicitó a la jueza Nalia Nadezhda Úbeda Obando, titular del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, hasta un año -bajo la figura de tramitación compleja- para investigar y demostrar la supuesta culpabilidad de cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, colaboradores de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.

La Fiscalía pretende vincularlos a los delitos de crimen organizado. Argumentó que requieren de mayor tiempo para investigar a los religiosos, vinculando los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología y la comunicación con el crimen organizado.

"La razón por la cual la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva", señala la petición de la Fiscalía.

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El pasado 21 de septiembre fueron acusados los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz y Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

Todos ellos fueron capturados ilegalmente la madrugada del 19 de agosto en la Curia Episcopal de Matagalpa junto al obispo de Matagalpa, a quien mantienen bajo arresto domiciliar.

ESPERA REPORTE DE REDES SOCIALES

La Fiscalía agregó que también están a la espera del informe de redes sociales, por lo que la tramitación compleja es “idónea” y “necesaria” en relación a la  cantidad, complejidad y tecnicismo de las pruebas que presentaran en juicio.

Según el artículo 135 del Código Procesal Penal, la tramitación compleja se solicita cuando se trata de causas relacionadas con tráfico internacional de drogas,  terrorismo, legitimación de capitales, delitos bancarios y tráfico de órganos o personas y una vez que el juez admite la petición, el plazo máximo del juicio se extiende hasta 12 meses.

Como era de esperar, la jueza orteguista no sólo admitió la acusación y decretó la prisión preventiva de los siete acusados, sino también que accedió a tramitar la  causa bajo la figura de tramitación compleja, ampliando el plazo máximo de investigación hasta por un año.

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La Fiscalía señala a los padres de usar radios difusoras y los púlpitos de las iglesias para realizar acciones contra el régimen de Daniel Ortega, pero no mencionan ningún caso.

En el caso del camarógrafo, el Ministerio Público expresa que realizaba grabaciones fuera de la Curia Episcopal de Matagalpa que posteriormente eran transmitidas en Canal 12 y Radio Católica.

NOMBRA A CUATRO DEFENSORES PÚBLICOS

La judicial nombró a cuatro defensoras públicas para la defensa de los seis religiosos y el camarógrafo, y programó la audiencia inicial para el 7 de octubre.

Las defensoras públicas manifestaron que la acusación presentada por la Fiscalía carece de claridad y que tampoco describía la participación de los acusados en los hechos imputados.

Asimismo, pidieron rechazar la acusación por no reunir los requisitos y en caso contrario solicitaron, cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario y prevención periódica.

También, rechazaron la petición de la tramitación compleja, porque consideran que la Fiscalía tuvo el tiempo suficiente para presentar los actos de investigación.