La Justicia argentina investigará a Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad

El juez federal Ariel Lijo ya notificó a la Justicia de Nicaragua sobre el caso, mientras que a la Cancillería argentina le pidió que solicite a la CIDH un informe sobre si han iniciado procesos relacionados con la denuncia.

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  • October 06, 2022
  • 05:35 AM

Los abogados Darío Richarte y Diego Pirota presentaron este jueves una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, para que se inicie una investigación penal contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y al menos nueve funcionarios de su administración. La denuncia tendría como fin determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad a partir de abril del 2018 cuando comenzó la crisis política.

En la denuncia se solicita que se cite a una declaración indagatoria los máximos responsables del régimen de “Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares”, según detalla un informe del portal de noticias argentino Infobae.

El inicio de la investigación se basa en el artículo 118 de la Constitución Política argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal. El fiscal Eduardo Taiano manifestó que además del mandato constitucional están los compromisos internacionales asumidos por la Argentina los que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

El fiscal explicó que la Corte Penal Internacional no puede juzgar los eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua ya que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma. Infobae señala que el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

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El juez pidió a la Cancillería de Argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”. Entre los funcionarios señalados para que se investiguen está Francisco Díaz Madriz, consuegro de Ortega y jefe de la Policía, al asesor presidencial Néstor Moncada Lau, el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo; el ministro de Transporte e Infraestructura el general en retiro Oscar Mojica.

LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA ACUSACIÓN

También fueron incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa; Sonia Castro, exministra de Salud y actual asesora presidencial y Ovideo Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El artículo de Infobae indica que ya existen precedentes donde la justicia argentina ha investigado denuncias por delitos de lesa humanidad que sucedieron en otros países, como las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

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La denuncia que presentaron los dos abogados en los tribunales de Comodoro Py, hace referencia al contexto social que vive Nicaragua desde el 2018, cuando el régimen aplastó las protestas populares a punta de bala y represión y que dejó al menos 355 muertos, según datos Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También recoge informes de la CIDH, del Consejo de Derechos Humanos (ONU), la organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.

Según Infobae, quien tuvo acceso a la denuncia, el 28 de mayo de 2021, comenzó otra fase de la estrategia represiva del régimen sandinista. “Entre los elementos característicos de este período se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno. Desde esa fecha hasta el 2 de agosto, más de treinta personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos”, recoge la denuncia que firmaron los abogados.

En el documento también hacen referencia a los ataques contra la iglesia Católica de Nicaragua, así como la detención del obispo Rolando Álvarez y los otros sacerdotes.

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