El escalofriante recuento de los hechos que sustenta la acusación argentina contra Ortega y Murillo
Los abogados que acusan a Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad señalan que abunda la evidencia que demuestra que el aparato policial, utilizó “armas de tipo militar y armamento de disparo indiscriminado, como ametralladoras ligeras RPK o AK" contra la población


- October 07, 2022
- 10:14 PM
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Darío Richarte y Diego Pirola, los abogados que impulsan una denuncia internacional en Argentina contra el dictador Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo y su círculo de represores por cometer crímenes de lesa humanidad, soportan el caso con informes de al menos ocho organismos de derechos humanos y el testimonio de víctimas del régimen y sus familiares.
La acusación documenta con precisión en 98 páginas a la que tuvo acceso DESPACHO 505, los hechos que los llevan a presumir que Ortega, Murillo y sus cómplices son responsables de persecución, secuestros, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas contra ciudadanos que en 2018 se manifestaron en demanda de jutisticia, democracia y libertad en Nicaragua.
Según el documento acusatorio, el régimen respondió a la crisis social y política de abril de 2018 con el uso desproporcionado de la fuerza. Aseguran que tienen cómo probar que la fuerza policial atacó con armas letales y de precisión a manifestantes. Ofrecen abundantes pruebas en los informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, (AI), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Los juristas piden que se investigue penalmente a la dictadura nicaragüense y a al menos nueve funcionarios para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad a partir de abril de 2018. La denuncia se ampara en el artículo 118 de la Constitución Política de Argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal.
MIL TESTIMONIOS, VIDEOS Y AUDIOS ENTRE LAS EVIDENCIAS
La denuncia tiene como punto de partida el secuestro ilegal de monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, como una de las víctimas más recientes de la represión de Ortega y Murillo.
“Así las cosas, la ilegalidad de su detención en un marco de notorias violaciones a derechos fundamentales reconocidos en los Tratados Internacionales, y bajo un régimen que se encuentra cometiendo delitos de lesa humanidad; sumado al agravamiento de su estado de salud, JUSTIFICAN LA INMEDIATA INTERVENCIÓN DEL 3 JUEZ DE TURNO a quien solicitaremos que se arrogue las facultades reconocidas por nuestra Constitución Nacional y actúe de manera urgente”, se lee en el escrito acusatorio.

En lo que sigue, los abogados exponen el contexto político-social que ha impuesto Ortega en el país desde las protestas cívicas de 2018. Mencionan que la CIDH visitó Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo de 2018 y observó que, tras el inicio de las protestas, la mayoría de las afectaciones a la vida e integridad de los ciudadanos son consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estales, o por parte de terceros (paramilitares) con “la aquiescencia o tolerancia de autoridades estatales”.
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Agregan que el organismo internacional pudo constatar diversas formas de violencia perpetradas por el Estado nicaragüense contra su población, gracias a más de 1.000 testimonios y abundante información documental suministrada por las mismas instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, así como videos, fotografías, audios y evidencias técnicas como las de balística, que recibió durante su estadía en el país.
Al documento agregan que la CIDH recibió múltiples testimonios que demuestran que la mayoría de las personas detenidas en el marco de las protestas, habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando algunos de los tratos descritos a alcanzar el umbral de tortura, durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban privadas de su libertad.
Mencionaron como unos de los ataques más graves el que perpetraron policías y parapolicías el Día de las Madres contra las Madres de Abril que exigían justicia para sus hijos asesinados. “El Gobierno hizo un excesivo, desproporcionado y a veces innecesario uso de la fuerza, e implementó una estrategia en ocasiones deliberadamente letal en contra de los manifestantes”, expone parte de la acusación.
LA OPERACIÓN LIMPIEZA, PARAPOLICÍAS Y LAS ARMAS LETALES
Los juristas argentinos también evidencian que le respuesta de Ortega y Murillo a las demandas de cesar los ataques, “fue recrudecer su estrategia represiva, mientras anunciaba una Operación para la Paz, que se conoció popularmente como Operación Limpieza”. Explican que la estrategia “consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enfrentar a las personas manifestantes a través de grupos combinados de parapolicías armados y agentes de la Policía Nacional”.
En la acusación también citan los informes de Amnistía Internacional. “Mediante el análisis de imágenes y testimonios, el organismo concluyó que el Gobierno utilizó de manera generalizada y ostentosa a grupos parapoliciales armados con los cuales coordinó acciones violentas contra personas que participaron en las protestas con el objeto de multiplicar su efecto represor y su capacidad letal, así como para sembrar el terror en la población”.
Los abogados añaden que están documentados casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. “El Estado ejerció el uso de la fuerza letal, fue generalizado, desproporcionado y, en muchas ocasiones, indiscriminado y se documentaron casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que constituyen una grave violación de derechos humanos y un crimen de derecho internacional”, sustentaron.
Aseguraron que abunda la evidencia que demuestra que el aparato policial, utilizó “armas de tipo militar y armamento de disparo indiscriminado, como ametralladoras ligeras RPK o AK en modo automático, que impiden garantizar el menor daño posible a la integridad física y a la vida de la persona”. Ello explica la cantidad de muertos, que según la CIDH, en su última actualización, fijó en 355.
LOS RESPONSABLES: ORTEGA, EL PRIMERO
Los abogados también citan en la acusación los informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que también documentó “diversas acciones de intimidación y acoso por parte de la policía (orteguista), como la detención selectiva (…)”.
“Las encarcelaciones y privaciones de la libertad fueron una constante del régimen administrado por el Gobierno del matrimonio Ortega-Murillo desde el 18 de abril de 2018 hasta la presentación de esta denuncia. Las detenciones comenzaron operando como una forma de represión ilegal de las protestas sociales y se convirtieron en un ataque contra la población civil para generar terror y disuadir cualquier tipo de manifestación política contraria a las ideas del Gobierno”, agregaron.
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Los abogados explican en su denuncia que la Policía y parapolicías actuaron bajo el mando de la Presidencia, (Ortega) como su Jefe Supremo. “Por su lado parte, Amnistía Internacional considera que, dado el contexto en el que sucedieron las muertes y tomando en cuenta la arquitectura institucional que organiza a las fuerzas de seguridad en el país, existen razones para pensar que dichas muertes, habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la República”.
Sobre la investigación, el fiscal argentino Eduardo Taiano, explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos con base al principio de jurisdicción universal. En el pasado, la Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país: las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.
Una de las primeras diligencias que tomó el juez federal Ariel Lijo, tras admitir la denuncia contra Ortega y Murillo y los nueve funcionarios represores, fue la de enviar un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.