Nicaragua bajo la política del miedo
La nueva ola represiva en Nicaragua no solo criminaliza a los opositores de la dictadura, sino que dirigen la persecución y secuestro a sus familiares


- October 09, 2022
- 12:15 AM
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Desde el 2018 el régimen de Daniel Ortega aplica en Nicaragua la política del miedo para evitar que la población denuncie las violaciones de los derechos humanos y el secuestro de personas que son acusadas por traición a la Patria.
Organismos de derechos humanos contabilizan a 215 personas presas políticas, aunque advierten que las cifras podrían ser mayores, porque una decena de familiares prefieren mantenerse en silencio para evitar aparecer en las listas de presos de conciencia.
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señala que Ortega ha desatado una política de terror lo que ha empujado a que muchos familiares no interpongan una denuncia. Los que se atreven, lo hacen bajo anonimato con la esperanza de que si sus nombres no salen publicados, sus parientes saldrán libre.
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Incluso, Carrión advierte que el miedo también ha llevado a muchos ciudadanos a cuidarse a la hora de publicar en las redes sociales o interponer denuncias públicas sobre la captura de pobladores.
“Él que publica evidencia un abuso de poder y se convierte en una denuncia abierta y eso tiene su costo, porque el Estado sigue arremetiendo contra todo tipo de derechos y ha incrementado el Estado de terror por eso se explica que detienen cinco personas y decenas salen desplazados dentro del país o fuera del país”, indica.
DOCUMENTAR LA DENUNCIA DE MANERA PRIVADA
Por su parte Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que la acción de omitir el nombre del capturado se corresponde a una reacción a la estrategia del miedo que el régimen de Ortega ha implementado de manera generalizada en Nicaragua.
“Casi generalmente el familiar llama, pero lo primero que nos dicen, los llamo, por favor solo para que quede documentado, solo para que sepa, pero por favor no digan nada. Entonces lo que nosotros hacemos es documentar privadamente, pero sin posibilidad de realizar ninguna gestión ni decir nada”, explicó Núñez.
La defensora de derechos humanos relata que los familiares tienen un doble miedo, uno es que si por hacerlo público se complique la situación del detenido y tienen temor por ellos mismos ser víctima de espionaje de los llamados Consejos del Poder Ciudadano.
“Ya no se sabe al lado de quién estás”, expresa la presidenta del Cenidh quien pide no criticar a las personas que toman esa decisión, ya que “cada quien sabe hasta donde es capaz de resistir o qué posibilidades tiene de enfrentar o evadir esos miedos”.
OLA REPRESIVA CONTRA FAMILIARES
Los defensores de derechos humanos les preocupa que en la nueva escalada represiva del régimen Ortega-Murillo se dirijan ataques contra los familiares de los opositores.
"No solo se criminaliza al opositor sino también a su familia", denuncian. El caso más evidente es de Javier Alberto Álvarez Zamora, a quien la Policía Orteguista llegó a buscar a su casa y al no encontrarlo detuvo a su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas con doble nacionalidad: nicaragüense y francesa.
Posteriormente las fuerzas policiales detuvieron a Félix Ernesto Roiz Sotomayor, esposo de Ana Carolina.
"El país entero es rehén de una mafia ya ellos no son gobernantes, han rebasado cualquier parámetro para calificarlo como dictadura, su comportamiento es delictivo, de terrorismo de Estado", denuncia la presidenta del Cenidh.
Núñez frente a esta situación aboga por la creación de nuevos mecanismos para defender los derechos humanos ya que en Nicaragua la falta de independencia de poderes impide la presentación de recursos ante las instancias como el Poder Judicial o la Policía.