Jueces orteguistas niegan a defensores de presos políticos el derecho a fotocopiar expedientes judiciales

Los jueces orteguistas no están permitiendo que abogados de presos políticos tengan acceso a una fotocopia de los expedientes y las acusaciones que el Ministerio Público ha presentado en los últimos meses en su contra.

Esa es otra forma en la que el régimen Ortega Murillo violenta derechos constitucionales a los prisioneros políticos, denuncian defensores de derechos humanos.

En el sistema electrónico del Poder Judicial donde se pueden verificar los avances de los procesos, hay constancia de las reiteradas ocasiones en las que los abogados solicitan a los jueces que se les permita tener acceso a los expedientes para sacar una fotocopia.

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A través de los escritos, los abogados también piden a los jueces que giren oficio a las autoridades del complejo policial "Evaristo Vásquez Sánchez", conocido como el Nuevo Chipote, para que se les permita entrevistarse en privado con los acusados.

Así mismo, piden que se autorice a los acusados recibir visitas de sus familiares, pero en el sistema Nicarao se puede apreciar que los jueces dan largas a cada una de las peticiones, limitando de esa manera el derecho a la defensa de los presos políticos y el derecho al ejercicio de su profesión de los abogados.

JUECES "SORDOS"

Una de las víctimas de estas anomalías es el exgerente del extinto periódico El Nuevo Diario, Arnulfo José Somarriba, quien el pasado 30 de setiembre fue acusado de supuestamente conspirar para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Aunque el proceso se ventila a puertas cerradas y en completo sigilo, al igual que el resto, en el sistema en línea del Poder Judicial se puede comprobar que, desde el 6 de octubre, el abogado defensor está solicitando copia del expediente.

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El abogado volvió hacer la petición el 11 de octubre y, al no obtener respuesta, hizo otra solicitud el 3 de noviembre, pero como el sistema no actualiza los procesos penales de los presos políticos, se desconoce si el juez ya autorizó a la defensa acceder al expediente para sacar las fotocopias.

Aunque la Justicia Orteguista oculta en el sistema en línea las actas de audiencia, el caso ya está en juicio.

Lo único accesible es que el proceso está radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo del juez Ángel Fernández González.

MÁS CASOS

Otros reos políticos perjudicados son Jeannine Horvilleur Cuadra, su hija Ana Carolina Álvarez y el esposo de esta; Félix Ernesto Roiz Sotomayor. En este caso también se observa lo difícil que es para los abogados defensores acceder a los expedientes judiciales de los prisioneros políticos del régimen Ortega Murillo.

La defensa de madre e hija pidió el pasado 13 de octubre autorización para obtener una copia del expediente y 15 días después envió una solicitud similar. Esa petición es la última actividad que se registra en el sistema, por lo que también se desconoce si la defensa finalmente obtuvo la documentación.

Aunque tampoco están disponibles las actas, el caso ya fue remitido a juicio ante el juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón.

Lo mismo ha sucedido con el preso político de Carazo, Freddy Martin Porras, acusado el 1 de octubre pasado en audiencia preliminar por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

Cinco días después, su defensor solicitó sin éxito una copia del expediente al juez Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

El 19 de octubre, la defensa reiteró la solicitud y una entrevista con el acusado, pero tampoco hubo reacción de parte del juez.

Al igual que en los otros casos, en el sistema en línea el proceso no está actualizado, pero se detalla que Porras ya fue remitido a juicio ante el juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, Luden Martín Quiroz, quien tampoco ha respondido las peticiones.

VIOLENTAN DERECHOS CONSTITUCIONALES

Defensores de Derechos Humanos confirmaron que la negativa de los jueces orteguistas violenta el artículo 34.4 de la Constitución Política de Nicaragua, que señala que toda persona tiene derecho en un proceso a que se le garantice "su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa".

Indican que a la vez están dejando en indefensión a los presos políticos, ya que el artículo 281 del Código Procesal Penal (CPP) señala que el juicio se realizará sobre la base de la acusación, a la cual no han tenido acceso los abogados defensores.

También señalan que se está violentado el artículo 124 del CPP, el cual detalla que las partes tienen derecho a obtener copias de las actuaciones judiciales sin ningún trámite.