La Policía Orteguista secuestra al excarcelado Carlos Valle y eleva el número de presos políticos a 240
La familia había callado la detención, pero han pasado ocho días y no saben nada de él. Otros secuestrados han sido acusados por lo que organismo de derechos humanos alertan de un aumento de las encarcelaciones.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue secuestrando y procesando a quienes considera sus enemigos, lo que ha aumentado a al menos 240 los presos políticos en el país hasta los primeros diez días del mes de noviembre.
La tarde de este sábado, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, que en el exilio dirige la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, confirmó que la Policía del régimen sacó de su casa sin motivo alguno, ni orden de captura al excarcelado político Carlos Valle. Hasta este domingo, su familia desconoce el paradero de Valle, ni sus condiciones de salud, menos su situación legal.
“No sabemos cómo está, si lo acusan de algo, no sabemos nada”, señaló la también excarcelada política Elsa Valle, hija de Carlos, quien salió del país de forma irregular con su mamá, su hijo y hermanos con la intención de cruzar a Estados Unidos y refugiarse ante la escalada represiva en contra de su familia.
“Los policías preguntaban por mí, por nosotros, nos buscaban a todos”, contó Valle. “Los secuestros continúan, la dictadura no detiene esta escalada represiva”, lamentó Cuevas por su lado.
FAMILIARES CON MIEDO
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó al finalizar el mes de septiembre que la cifra de personas presas políticas en Nicaragua aumentó a 219.
En sus registros, señaló que 21 son mujeres y 198 hombres, 10 de ellos se encuentran en prisión desde antes de los eventos políticos de abril de 2018. Además, mencionó que, durante el mes de septiembre, el régimen agregó 14 detenciones que se sumaron a los registros que había hasta agosto.
De las 14 detenciones, cinco de ellas se manejan en anónimo. Los familiares explicaron que no quisieron denunciar el secuestro por miedo a las represalias y con la esperanza en que las gestiones que hacían les garantizara la libertad. Pero no todos son oídos.
“Es gente dura, no tienen compasión, más bien corrieron a acusar, hemos visto que no tienen misericordia con la gente suya, menos de quienes sospechan que son opositores”, dijo un familiar de un detenido que pidió no ser nombrado.
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CACERÍA EN VÍSPERAS DE FALSOS COMICIOS
El observatorio de incidencias políticas Urnas Abiertas y el grupo Monitoreo Azul y Blanco, denunciaron la semana pasada que la dictadura arrestó a al menos 31 personas en el contexto las falsas elecciones municipales del 6 de noviembre pasado.
De las 31 personas detenidas, tan solo 10 fueron dejadas en libertad y entre las 21 algunas han sido acusadas, como es el caso de los opositores caraceños Karla Patricia Vega Canales, Allan Bermúdez y Sandra Acevedo. A la lista se unieron Mildred Rayo y Miguel Flores, de la Unidad Azul y Blanco (UNAB). Los últimos fueron capturados cerca de la frontera con Costa Rica y los tres primeros son ya procesados por supuestamente cometer el delito de conspiración y propagación de noticias falsas.
El caso de Carlos Valle es parte de esas detenciones. Según su hija, fue detenido el 5 de noviembre cerca de las 8:00 de la mañana en su casa, el mismo día que ellas salieron del país por Honduras, rumbo a Guatemala y después México para intentar el cruce a Norteamérica y ponerse a salvo.
DETENCION VIOLENTA
La casa de Valle fue asaltada por los agentes de la dictadura. Saltaron muros y forzaron puertas para llevárselo. Antes revolvieron la casa buscando algo que la familia desconoce. Según sus familiares, el excarcelado iba aún medicado debido a problemas de salud que ha presentado últimamente.
“Tenemos miedo por mi padre”, dijo su hija. Cuevas señaló que la familia había callado el secuestro con la esperanza que lo dejaran libre, pero al pasar ocho días sin saber de él, no pueden seguir el silencio, ante lo que ellos calificaron de injusticia. Según la excarcelada, ellos habían cesado alguna acción política para evitar la represión.
“Es una detención ilegal, tanto así que sus familiares es la fecha y desconocen la situación de don Carlos”, apostilló el defensor de derechos humanos. Sobre las detenciones las autoridades de la dictadura guardan silencio.
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