La dictadura se acerca a las tres mil oenegés canceladas

La ministra de Gobernación, Amelia Coronel, ordenó la cancelación de otros cien organismos sin fines de lucro en Nicaragua. Con esta nueva disposición suman 2,800 las oenegés, entre nacionales y extranjeras, que han sido ilegalizadas desde enero 2022.

LEA TAMBIÉN: Más de 13 mil millones de córdobas circularán en diciembre en Nicaragua

En el acuerdo ministerial de cancelación de personalidad jurídica fueron incluidos 91 organismos nacionales y nueve extranjeros. Según Gobernación, todos obstaculizaron la labor de control y vigilancia yal no reportar estados financieros detallados, información de sus donantes con nombres y apellidos, número de cédula de identidad y pasaporte.

“No reportaron por más de tres a ocho años juntas directivas del país de origen, actualización del poder del representante legal y estados financieros conforme periodos fiscales con desglose detallados de ingresos y egresos”, señala la resolución administrativa publicada en La Gaceta.

Entre las organizaciones extranjeras canceladas hay dos de España, dos de Costa Rica; cuatro de Estados Unidos y una de Francia.  

MISMOS ARGUMENTOS PARA LOS NACIONALES

Los mismos argumentos utilizó la institución para ilegalizar a las 91 asociaciones o fundaciones nacionales. En la lista se encuentran organizaciones cristianas, gremiales, algunas que se dedicaban a brindar apoyo a personas que padecieron cáncer y enfermedades crónicas.

También fueron incluidas la Asociación de Recicladores de Nicaragua, la Asociación de Desmovilizados 22 de Marzo, así como a fundaciones que brindaban asistencia a mujeres, a productores, comerciantes, jubilados, y a las regiones del Caribe de Nicaragua.

LEA TAMBIÉN: CSE infló resultados para entregarle el control de las alcaldías al FSLN, denuncia Urnas Abiertas

Desde finales del 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es acusado de reprimir y perseguir la libertad de asociación en Nicaragua, imponiendo un férreo control a los organismos y fundaciones sin fines de lucro.

Las primeras afectadas fueron organizaciones de derechos humano, centros de pensamiento y asociaciones civiles identificadas como "opositoras". A estas se han ido sumando cientos de fundaciones que brindaban asistencia a los sectores más pobres del país.

Los diputados orteguistas, los primeros en asumir el plan de ilegalización masiva de oenegés, dijeron en su momento que este es un "trabajo de limpieza". También advirtieron que el plan es cerrar miles de organismos que a su juicio "no estén haciendo nada".