Aminta Granera será investigada en Argentina por su responsabilidad en la masacre del 2018

La exdirectora de la Policía, Aminta Granera Sacasa, será investigada en Argentina, junto a Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 12 funcionarios de la dictadura para determinar la responsabilidad que tiene en la represión de abril de 2018.

Según información publicada por el medio argentino Infobae, la investigación es producto de una ampliación que se hizo a la denuncia presentada en Argentina contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y gente de su entorno en octubre pasado, por delitos de lesa humanidad.

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A la primera acusación, interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, le siguió una segunda denuncia, a inicios de este mes de noviembre, presentada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y fue ampliada este jueves para incluir a Granera.

Antes, ya habían sido denunciados también el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz Madriz; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo; el exmilitar Oscar Mojica; el diputado Gustavo Porras; el director del INSS, Roberto López; el exmilitar Oscar Valladares, la exministra de Salud, Sonia Castro; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez y la magistrada judicial Alba Luz Ramos.

SOBRE GRANERA

Sobre las razones de investigar a Granera es por su vinculación a las acciones u omisiones en la masacre desatada en Nicaragua desde abril del 2018. La ampliación de la denuncia explica:

“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la señora Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, describe el documento.

Granera se retiró como jefa de la Policía Nacional en agosto de 2018, cuando ya se había ejecutado lo peor de la represión de 2018, cuando paramilitares y policías produjeron la muerte de más de 355 nicaragüenses durante la represión a las protestas ciudadanas de ese año.

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Granera fue nombrada en 2006 por el expresidente Enrique Bolaños y debió dejar el cargo en 2011, pero se quedó en el cargo de manera ilegal, por imposición de Daniel Ortega.

EDUCACIÓN Y PRESOS POLÍTICOS

La ampliación de la denuncia también abarca a la expulsión de estudiantes de las universidades públicas ejecutadas por el régimen Ortega-Murillo.

Parte del documento de ampliación exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”.

En ese sentido se reforzó la denuncia sobre la situación de los presos políticos, explicó Infobae.