Dictadura acusa a dos pequeños empresarios y a una opositora a quienes secuestró la semana pasada

Los operadores de justicia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusaron por delitos políticos a la opositora Guisella Ortega y a su sobrina Walkiria Ortega, esta última propietaria de Ortega´s Multiservicios, a quienes agentes del régimen detuvieron la semana pasada.

Junto a Guisella y Walkiria, fue también acusado Francisco Hernaldo Velásquez Delgado, propietario de Copynic. Ortega´s Multiservicios es una empresa dedicada hacer subliminaciones publicitarias y de ocasión y Copynic, distribuye copiadores y mobiliarios de oficina.

Los familiares de los secuestrados políticos dijeron desconocer los cargos que les imputan, y que tampoco se les ha permitido tener alguna comunicación con ellos. En la acusación contra los ciudadanos, se lee tan solo que la víctima es “El Estado de Nicaragua y la Sociedad Nicaragüense”, lo que hace creer que son juicios políticos.

En redes sociales, los clientes de Ortega´s Multiservicios, empiezan a quejarse porque no hay ninguna persona en la empresa que les responda por los servicios contratados, en muchos de los cuales, ya habían adelantado dinero. Los familiares denunciaron que la Policía del régimen, ocupó los talleres ubicados en el barrio La Fuente, Managua y congeló las cuentas bancarias de sus propietarios.

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TRAS DETENCIONES VIOLENTAS

Guisella Ortega fue detenida tras el estallido social del 2018. Después recapturada meses después. Tras su liberación, en sus redes sociales denunció el asedio del que era víctima de parte de fanáticos y policías del régimen. Pero en el caso de Walkiria, sus familiares dicen que no se metía en política.     

La detención de Guisella Ortega fue, según sus familiares, con lujo de violencia. “Entraron a la casa con fuerza, rompiendo todo lo que encontraban en su camino. A ella (a Guisella) la sacaron a la fuerza delante de su bebé que amamanta todavía. La niña quedó al cuido de un adolescente que era la única compañía que tenía. Todo, como si se tratara de una criminal”, denunciaron los parientes.

No negaron que Ortega se haya declarado opositora. Ella misma tenía en sus redes videos y fotos, por lo que consideran que la forma en que la detuvieron fue un exceso. “Se la llevaron como delincuente”, se quejaron. “No debería ser un delito levantar la bandera de su país”, reclamaron.

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MÁS PRESOS POLITICOS

Según una publicación de 100% Noticias, Guiselle Ortega era seguida por la policía del régimen y muchas veces la amenazaron, anunciándole que "iban tras ella". Denunciaron que  al momento de su arresto, la Policía le ocupó su tarjeta de pago y no han podido recuperarla, mientras su hija necesita que le compren leche y pañales.

La dictadura orteguista mantiene un estado policíaco y represivo desde el 2018, con detenciones que ha aumentado en 219 la cifra de presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en una actualización hecha en septiembre.

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En el contexto de la farsa electoral municipal de comienzos de este mes, hubo al menos 14 detenciones y aunque algunos fueron liberados, los secuestros han continuado, igual que las acusaciones y aperturas de juicios celebradas a puerta cerradas y sin que les respete mínimos derechos a los procesados como hablar con un abogado y comunicarse con sus familiares.