Organizaciones urgen que la ONU renueve el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos

Un total de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales — de las cuales 12 conforman el Colectivo 46/2, coalición que monitorea la cooperación de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU— solicitan que se renueve el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, debido a “la gravedad y amplitud de la crisis de derechos” que vive Nicaragua.

En una declaración conjunta expusieron que hay más de 150.000 nicaragüenses en el exilio y dejaron sentado que los nicaragüenses son la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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Asimismo, manifestaron que las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Participantes

Juan Carlos Arce, del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se sumó a la campaña que pide la renovación por dos años más de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establece el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Olga Valle, de Urnas Abiertas, Alexandra Salazar, Gaia Hefti de Race, Equality and Human Rights, y Raohael Viana David (ISRH) participaron en el pronunciamiento en el que evidenciaron que los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales.

También establecen que con la cancelación de la personería jurídica de más de 2,500 organizaciones de la sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica.

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“Hoy día, el gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas. Ante ello, la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU es condenable. Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año”, exponen.

Régimen incumple recomendaciones  

Los expertos de la ONU emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta.

“El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Interamericano también denota la falta de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos. Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH.

Las defensores y las organizaciones llamaron a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.