Obispo Álvarez en manos de dos verdugos de la Justicia Orteguista

La suerte del obispo Rolando Álvarez está en manos de dos verdugos comprobados de la justicia de Daniel Ortega. La jueza a quien se le asignó el caso es Karen Chavarría Morales, quien ha juzgado y condenado a varios presos políticos, y el fiscal, de oscuro pasado, Manuel de Jesús Rugama.

El 9 de marzo pasado, la jueza Karen Chavarría Morales, a cargo del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Managua, dejó de ser una operadora judicial más de la dictadura de Daniel Ortega y fue integrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a su lista de “corruptos y antidemocráticos”.

Por esos meses, el rostro de Chavarría Morales había aparecido en todos los medios de comunicación al ordenar la captura, allanamiento y juicio contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios. La jueza le regresó la tranquilidad al dictador, al impedir que la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro lo echara del poder, tal y como lo hizo su madre en 1990. Chamorro Barrios, se perfilaba como la candidata con más potencial para ganarle a Daniel Ortega, según las encuestas.

Chavarría carga en sus hombros también la responsabilidad de haber complacido a Ortega en su venganza contra sus antiguos compañeros de armas en aquel Frente Sandinista que derrotó a la dictadura de Somoza, un régimen que él ha sabido superar con creces. Se trata de la misa jueza que le celebró audiencia al comandante y exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco. Contra él, ordenó prisión para esperar juicio y contra Chamorro Barrios casa por cárcel, hasta sus condenas.

CON ENEMIGOS EN CASA

La jueza Karen Chavarría Morales, es una antigua conocida de las causas judiciales ordenadas por el régimen Ortega-Murillo desde la rebelión de 2018, pues ha cumplido fielmente el mandato de celebrar juicios espurios y repartir condenas contra los opositores. Una de las últimas, fue contra la opositora Ana Margarita Vigil a la que condenó a 10 años de prisión en febrero pasado.  

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A la jueza Chavarría Morales, la conocen en los pasillos judiciales como una militante del Frente Sandinista “muy disciplinada” y lo ha demostrado, al extremo de sembrar también enemigos dentro de sus mismas filas para quedar bien con sus superiores. Es muy sabido que desde su cargo como coordinadora política en el área de los juzgados locales de Managua “quemó” a varios compañeros que “incumplían con el trabajo partidario”, dijo una fuente judicial en marzo pasado.  

Como premio por su buen desempeño “contra los malos militantes” pasó a ser la coordinadora política del Frente Sandinista en los juzgados de Distrito Penal. Fue ella por mucho tiempo quien mandó informes a la dirigencia del partido en Managua, de cómo se comportaban los trabajadores del complejo judicial. Allá hay muchos que esperan verla caer en desgracia como otros que alguna vez como ella, juraron lealtad y ejecutaron acciones ordenados por el régimen y que hoy lamentan.

FANATICA ORTEGUISTA  

Chavarría Morales nació en Managua, se graduó de abogada en la Universidad Centroamericana (UCA) en el año 2002 y en 2008 fue nombrada jueza en tiempos en que los nombramientos los hacían los magistrados, antes de instalar la Ley de Carrera Judicial.

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La jueza se declara fanática de Daniel Ortega. Es de las que prefieren las camisetas con la imagen del “comandante presidente” a las psicodélicas que manda a imprimir por miles Rosario Murillo. Ese fanatismo radical es conocido en el complejo judicial de Managua. “Le temían antes porque no dudaba en acusar a los compañeros, ahora más porque su fidelidad ciega a El Carmen”, dijo la fuente.       

Una Karen Chavarría Morales con muy poca experiencia fue enviada a impartir la ley como jueza Local Único de La Concordia, en el departamento de Jinotega y ahí estuvo hasta el 2015, cuando fue regresada a Managua, nombrada como jueza Octavo Local Penal, un cargo que desempeñó hasta el 2017.

Se conoció en el 2018 por su crueldad al negarle la petición de casa por cárcel por razones humanitarias a la exrea política Ruth Matute, originaria Masaya, después que fue operada para reemplazarle su marcapasos. Pese a que después de la delicada cirugía, Matute presentó un cuadro febril, la jueza del régimen dijo que no encontraba ningún mérito para cambiarle la medida carcelaria.

“GARROTES AL ENEMIGO” LE VALIÓ PROMOCIÓN

A inicios de este año, Chavarría fue reconocida por el Poder Judicial “por su destacada labor y compromiso con el fortalecimiento institucional”, pero en los juzgados tienen claro que su rápido ascenso, tiene que ver con su filosofía de “garrotes al enemigo” que ensayó en la causa contra Matute.

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Antes de los juicios políticos del 2018, Chavarría Morales ocupaba la silla en el juzgado octavo penal de audiencia, pero en julio de ese año, fue nombrada en el lugar de Indiana Gallardo, a quien el poder judicial castigó por reclamar a las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa, malos tratos contra los primeros presos políticos de las protestas de hace cuatro años.     

A partir de ese momento, la jueza sancionada tuvo en sus manos los expedientes de una veintena de presos políticos como los hermanos Cristhian y Santiago Fajardo; María Adilia Peralta, Jaime Navarrete, entre otros manifestantes secuestrados de Carazo, Estelí, Matagalpa y la Isla de Ometepe. A todos los condenó.

UN FISCAL DE OSCURO PASADO

El acusador de monseñor Álvarez es el fiscal Manuel de Jesús Rugama. Dejó de ser policía porque vio que allá no tenía futuro. Lo dijo muchas veces en su circulo de confianza, además de varios enemigos que tenía con otros oficiales de buen rango, estaba claro que no era un buen policía.

Así que entró a estudiar leyes. Pero aunque desde hace años viste de civil, y ejercía de abogado, su policía interior nunca lo abandonó: es prepotente, conflictivo y siempre quiere imponerse por la fuerza, dicen quienes lo conocen.

Manuel de Jesús Rugama, podría hoy ser un abogado en apuros, cazando clientes en las afueras de los juzgados, pero como muchos sandinistas tuvo la suerte del regreso de Daniel Ortega, que nunca despreció a los radicales en sus filas. El es uno de ellos.

Rugama fue primero fiscal departamental en Chinandega. En septiembre de 2012 fue acusado de maltratar a jueces, abogados, policías y otros trabajadores del Poder Judicial de Chinandega y León. La molestia llegó a ser tal, que la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), y los jueces suscritos en el departamento de Chinandega por el Tribunal de Apelaciones de Occidente, solicitaron que la Fiscalía lo trasladaran de allá. No lo aguataban. Lo señalaron de abuso de autoridad y de obstaculizar el sistema de justicia de occidente.

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FANÁTICO Y SIN ESCRUPULOS

Una investigación interna de la Fiscalía lo sacó de la institución dos meses tras una sanción administrativa que se extendió a un año, después que Ajumanic lo acusó de insoportable, hasta que Ana Julia Guido llegó al Ministerio Público en 2014 y lo incorporó de nuevo.

Su pasado policial y su fanatismo orteguista, le valió el nombramiento de Director del Departamento de Capacitación. En junio del 2021, le asignaron trabajar la denuncia contra Cristiana Chamorro. Se necesitaba un abogado “inescrupuloso” que torciera la verdad hasta donde pudiera y la acusara. Era el indicado.

Los periodistas a quienes entrevistó en la Fiscalía cuando supuestamente investigaban los delitos de la Fundación Violeta Chamorro, lo recuerdan igual que sus compañeros abogados del mismo partido: “prepotente, mentiroso y manipulador”.