Sonia Castro es señalada de “cinismo institucional”

Organización médica  sostiene que la ministra de salud, Sonia Castro, cae en “cinismo institucional” al pretender desvincularse de haber utilizado el sistema de salud pública en el esquema represivo contra los manifestantes.

Los hospitales fueron convertidos en cuarteles, las ambulancias utilizadas para trasladar armados y el servicio de urgencias fue negado a los heridos en los ataques a ciudadanos que a partir del 18 de abril se alzaron en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, exponen representantes de la Unidad Médica Nicaragüense  al cuestionar la pretensión de la  ministra de salud, Sonia Castro, de desvincularse del esquema represivo contra manifestantes, y que según organismos internacionales, fue dirigido desde el más alto nivel.

Castro practica “cinismo institucional” al seguir negando que dirigió la instrumentalización del sistema de salud pública, sostuvo el doctor José Luis Borge Rayo, especialista en Urología y uno de los más de 350 médicos despedidos del sistema público por oponerse a la orden de no atender a los ciudadanos heridos.

El doctor Borge sostiene que algunos médicos fueron presionados por las autoridades para revelar la identidad de pacientes que atendieron por heridas de armas de fuego.

 “Se constató que muchos médicos fueron obligados a denunciar a los heridos que atendieron en algunos lugares, de tal manera que posteriormente fueron entregados a la policía, para que fueran encarcelados, enjuiciados, algunos torturados, otros desaparecidos”, declaró en conferencia del prensa ese lunes.

La semana pasada, la titular del Minsa expresó a una televisora local que nunca giró una orden administrativa para que se le negara la atención médica a los protestantes heridos y que “ha habido una gran manipulación en torno a ese tema”.

A inicios del mes de mayo, en la ciudad de León, Sonia Castro y Judith Lejarza, directora del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra), “personalmente expulsaron a médicos internos y estudiantes de medicina, y prácticamente impidieron la atención de heridos”, rebatió el doctor Borge.

Cuando ella niega que estas acciones fueron por orientaciones administraciones “miente completamente”, señaló.

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“Los videos y todos los testimonios están claros y todo fue debidamente constatado por organismos de derechos humanos internacionales” , siendo el caso más emblemático el de Álvaro Conrado, el adolescente que fue trasladado con vida al hospital Cruz Azul, el 20 de abril, y le fue negada la atención, recordó el médico al señalar que este tipo de acciones se repitieron en otros hospitales del país. 

El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) documentó el caso de Cristian José Pineda Martínez, de 28 años, quien el 7 de mayo de 2018 acudió al Heodra de León en busca de atención médica. “De la información disponible, surge que a la víctima se le habría negado el acceso al hospital por considerarlo un estudiante que participaba en las protestas contra el gobierno y que falleció allí mismo”, dice el documento presentado a finales el 20 de diciembre en Washington, tras ser expulsados del país.

El GIEI constató que algunos pacientes fueron dado de alta a pesar del grave estado y otros recibieron atención inadecuada.

El organismo cita el caso de Kevin Roberto Dávila López, a quien en el Hospital Lenín Fonseca, luego de practicarle dos cirugías, fue llevado a sala de operaciones nuevamente, “porque había caído en coma y que algunos médicos y enfermeras le dijeron que ‘quién lo mandaba a andar en protestas’”.

“Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. Las investigaciones deberán determinar la dimensión de este fenómeno, qué tipo de órdenes emanaron de la Ministra de Salud, Sonia Castro, y de la Dirección de cada hospital; qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron -o no- para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”, recomienda el GIEI en su informe sobre los hechos de violencia registrados entre el 18 de abril y 30 de mayo.

HOSPITAL COMO CUARTEL

El hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí –dijo- fue convertido en un “cuartel de guerra”, porque cuando fuerzas combinadas de policías y parapoliciales ejecutaron la llamada Operación Limpieza “encadenaban los portones y desde ese mismo hospital salían los grupos de paramilitares a atacar los tranques, y se impedía durante los ataques el ingreso de heridos”, expuso Borge.

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El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge el testimonio de un paramédico de la Cruz Roja que relata cómo trabajaron en medio de los ataques, sin apoyo de la institución de Salud.

“Nosotros como paramédicos voluntarios salimos junto con los estudiantes de medicina a atender a los heridos en la calle, en medio del fuego cruzado que los policías ejecutaron contra la población civil desarmada. Igualmente, muchos médicos y paramédicos voluntarios que se encontraban atendiendo a los heridos fueron atacados por las fuerzas de la Policía y muchos fueron detenidos. Las ambulancias del Minsa no apoyaron en los traslados, solamente se contó con unidades de la Cruz Roja”.

DESPIDOS CONTINÚAN

Sobre los despidos de médicos, que según la Asociación Médica Nicaragüense continúan, la ministra Sonia Castro justificó que se trata de “medidas disciplinarias” asociadas a denuncias de pacientes o fallas internas.

No obstante, los médicos sostienen que se trata de represión laboral. “Los despidos siguen de forma selectiva y sin causas justificadas”, denunció Borge.  

“Están inventando causas que luego no pueden sostener. Están utilizando como testigos y acusadores a miembros del Movimiento de Médicos Sandinistas en contra de los que sí están ejerciendo la labor de atender a la población”, mencionó Borge refiriéndose a los pocos casos de médicos que son llevados a consejo disciplinario.