Ministro de Exteriores de España anuncia que un grupo de desterrados aceptó la oferta de la nacionalidad española

Un grupo aún no determinado de los presos políticos excarcelados y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega aceptaron la oferta de la nacionalidad española, informó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

El representante de la diplomacia española tildó de “desafortunada” la decisión de despojarlos de su nacionalidad nicaragüense.

“Y ya son varios los que ya han dicho que sí a ese ofrecimiento y estaremos encantados de acogerles lo ante posible”, afirmó Albares en un acto oficial sobre la presentación del Programa Democracia de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid). 

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El ofrecimiento de España se conoció el pasado 10 de febrero, unas horas después de la excarcelación y el destierro de los 222 presos políticos. Fueron declarados apátridas, según la dictadura, “por traidores a la patria” bajo una reforma al artículo 21 de la Constitución Política y la aprobación de una Ley Especial de Pérdida de la Nacionalidad.

Sin embargo, para que entre en vigencia la reforma a la Constitución, necesita ser aprobada en una segunda legislatura de la Asamblea Nacional en el 2024.

“ESPAÑA ES SU CASA”, DICE ALBARES 

Según el representante de Exteriores de España “el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas”. El proceso de naturalización sería un trámite ágil pues “es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo”. 

“España es su casa, como lo es de todos los que defienden la libertad y la democracia”, reiteró el funcionario español. 

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El pasado 9 de febrero, en una decisión unilateral, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a Estados Unidos a 222 presos políticos entre los que se encuentran los siete aspirantes a la Presidencia en las fallidas elecciones de noviembre del 2021.

También integran la lista sacerdotes, empresarios, estudiantes, campesinos, feministas, activistas de derechos humanos. A todos los inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección y los despojaron de sus derechos ciudadanos. También han sido borrados del Registro Civil de las Personas.