Organismo de derechos humanos solicita a la CIDH medidas cautelares urgentes para monseñor Rolando Álvarez

Con la detención y condena de monseñor Rolando Álvarez, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola al menos unos diez artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según una denuncia internacional que presentó este lunes el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos en Latinoamérica (Calidh), quien solicitó medidas cautelares para el religioso quien presuntamente se encuentra recluido en la galería 300 conocidas como El Infiernillo.

En el escrito el organismo de derechos humanos solicita que el caso del obispo sea remitido a consideración de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ya que, con el encarcelamiento de Álvarez, la dictadura ejerce un patrón de “censura, castigo y venganza por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos” cometidas desde abril del 2018 cuando iniciaron las protestas populares.

“Se solicita a la Comisión dicte medidas cautelares urgentes por su preocupación ante el seguro deterioro acelerado de su salud física y psíquica del prelado, quien actualmente se encuentra aislado en la cárcel la Modelo como una forma de tortura, trato cruel e inhumano”, señala la denuncia que firma el presidente del organismo Jorge Mamani.

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El Estado de Nicaragua fue declarado por la CorteIDH, en “desacato permanente” ya que se había negado a liberar a los presos políticos.

PREOCUPADOS POR PENAS DESPROPORCIONADAS

Álvarez el pasado 9 de febrero se negó a subir a un avión junto a 222 presos políticos que fueron excarcelados y posteriormente desterrados a Estados Unidos. En represalia Ortega dio a conocer que el religioso fue remitido a las celdas de la Modelo, anteriormente se encontraba recluido en su casa-

Un día después el 10 de febrero, fue declarado traidor a la patria, despojado de su nacionalidad y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel tras ser declarado culpable de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones y agravada desobediencia o desacato a la autoridad.

La sentencia se dictó sin que le realizarán un juicio previo y la juez Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Nadia Tardencilla, emitió la sentencia de culpabilidad e inmediatamente dictó las penas.

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 Calidh le expuso a la CIDH su “preocupación por la aplicación de penas desproporcionadas, severas e inexistentes como las impuestas al prelado”.

Según Calidh los artículos de la Convención que violenta Ortega están relacionados a las garantías constitucionales, libertad de conciencia, religión, derecho a la nacionalidad, derecho a la circulación y residencia, derecho a la libertad personal entre otros.

En los primeros días de noviembre del 2022, Calidh presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el régimen y otros siete funcionarios ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires.