El trabajo de los diputados en 45 días: seis sesiones, siete horas de trabajo y tres leyes por 600 mil dólares
Los diputados sesionaron seis veces y aprobaron tres leyes, dos de ellas para quitar la nacionalidad y confiscar bienes de los opositores al régimen.


- February 22, 2023
- 02:37 AM
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En Nicaragua, la productividad de los diputados en los primeros 45 días del año se cuenta con los dedos de las manos: tres leyes aprobadas. Todas sin objeciones ni debates y a pedido de Daniel Ortega. Por ese trabajo el Estado desembolsó al menos 590.586,61 dólares que equivalen a 21 millones 446,621.21 córdobas. Lo suficiente para cubrir 4,540 sueldos mínimos en el país.
En todo ese tiempo los diputados asistieron a seis sesiones legislativas, eso les significó únicamente siete horas de trabajo, por las cuales cobraron en concepto de salario 518.700 dólares, de los cuales 345.800 corresponden al sueldo del mes de enero y 172.900 dólares de los primeros 15 días de febrero.
Los 91 diputados que integran el Parlamento, 74 de la bancada sandinista, también recibieron entre enero y febrero 71.886,61 dólares en combustible. La cuota mensual de combustible para cada uno es de 400 litros, a razón de 47,81 córdobas que es el precio por litro en vigor.
Para el analista político Pedro Fonseca, en Nicaragua el rol del Parlamento ha quedado reducido "a obedecer ciegamente a las órdenes expresas de la pareja gubernamental”. Ese papel -señala- convierte a los diputados en cómplices de la dictadura por "devengar salarios y prebendas que no le corresponden y que muchos menos se han ganado".
Dos de las tres leyes fueron aprobadas el 9 de febrero por el Parlamento: una es la norma que reforma al artículo 21 de la Constitución Política y la otra la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad. Ambas fueron aprobadas de forma exprés para justificar el destierro a Estados Unidos de 222 presos políticos que fueron declarados culpables de delitos considerados traición a la patría mediante una sentencia del Tribubal de Apelaciones de Managua.
Las nuevas leyes también fueron utilizadas por la disctadura para quitar la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, la mayoría en el exilio.
Antes del destierro de los 222 presos políticos, el trabajo legislativo en Nicaragua se limitaba a la aprobación de la reforma a la Ley creadora de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. Esta fue un pedido de Ortega para poder nombrar como gerente de los aeropuertos al comisionado Iván José Escobar Ramírez, exjefe de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía.
PARLAMENTO REDUCIDO A UNA OFICINA DE ORTEGA
El exdiputado y analista político Eliseo Núñez también opina que en Nicaragua se desvirtió el rol del órgano legislativo. Primero porque los diputados, aunque son electos por medio del voto, es el partido FSLN quien tiene la última palabra para decidir si continúan ocupando su puesto o no.
“Ya no hay una representatividad del diputado con el elector; ahora la representatividad es del partido con el elector y eso no es un modelo de democracia representativa”, explica Núñez.
El exdiputado considera que el Parlamento funciona como una oficina legislativa de la Presidencia y “esa interpretación de coordinación armónica la llevan al punto de sometimiento de la Asamblea al Poder Ejecutivo”.
“Ahora, (la Asamblea) básicamente es la que valida las decisiones de Ortega y sin discutirla”, critica el exlegislador.
ASÍ SESIONARON LOS LEGISLADORES
La actividad legislativa 2023 inició el 9 de enero, con la instalación de la 39 legislatura en un acto que se realizó en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ese día, el presidente de la Junta Directiva, el orteguista Gustavo Porras, se dedicó a exaltar la figura de Ortega y reiterarle su lealtad y subordinación: “Nuestro modelo es la unidad, la cohesión y la coherencia entre todos los Poderes del Estado, subordinados a unos mismos intereses, los del pueblo nicaragüense, conducidos por el jefe del Estado de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra”, dijo Porras.
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La segunda sesión del Parlamento se realizó el 12 de enero y asistieron los 91 titulares, duró una hora y 44 minutos y allí aprobaron la reforma a ley creadora de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. Fue la única del mes de enero.
La siguiente plenaria se realizó cinco días después, y el orden del día consistió en la presentación del informe de gestión del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general en retiro Denis Membreño. La sesión duró una hora.
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El trabajo legislativo lo retomaron el 19 de enero, 10 diputados se ausentaron y solo 81 estuvieron presentes en la plenaria. Porras ese día se vio obligado a presentar excusas porque en la agenda no había iniciativas de ley, sobre lo que alegó que su bancada pidió que se dedicaran a hacer menciones especiales. La sesión duró unos 25 minutos.
El Parlamento cerró enero con la sesión del día 31. En la agenda tampoco había iniciativas de ley, solo la presentación de otro informe, esta vez de Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN). Ese día, los 91 diputados no tardaron mucho en el hemiciclo, ya que la sesión se suspendió a los 27 minutos.
“Vamos a quedar convocados para el día de mañana (1 de febrero), si acaso no viniera ninguna iniciativa nosotros avisaríamos”, dijo Porras para justificar la salida temprano.
No obstante, los diputados regresaron al trabajo hasta el 9 de febrero con la oden de reformar la Constitución y aprobar la ley que oficializa la pérdida de la nacionalidad.
NO RINDEN CUENTAS DE SU TRABAJO
Un experto en temas de transparencia que pidió no ser identificado, recuerda que los diputados están sujetos a la rendición de cuentas y a que la población pueda fiscalizar su labor y demandar el cumplimiento del trabajo.
“Lamentablemente vivimos en un país donde no existe Estado de derecho y una de las características es que no existe independencia de poderes que debería funcionar como un mecanismo de fiscalización”, señala el experto.
Recuerda que los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas están establecidos en la Ley orgánica del Poder Legislativo, y también puede ejercerlo la Contraloría General de la República (CGR).
“En la práctica sabemos que todos los poderes están coactados y se deben al Poder Ejecutivo. No funciona ese sistema de contrapoderes para nada”, comenta el experto.
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Este año la Asamblea Nacional se asignó 766.1 millones de córdobas del Presupuesto General de la República (PGR) de los cuales 599.9 millones son para servicios personales: salarios y prestaciones sociales. Otros 60.7 millones los destinan para el pago de servicios básicos, telefonía celular, mantenimiento de equipos, entre otros servicios.