Desconfianza, miedo y zozobra: la amenaza del destierro y la confiscación asfixia a los nicaragüenses

Nunca antes hubo tanto miedo a hablar en Nicaragua. Todos se sienten vigilados: una palabra mal dicha o un gesto puede levantar sospechas que te conviertan en traidor a la patria. El fantasma de la confiscación y el destierro siembra terror

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  • February 24, 2023
  • 12:53 AM

“Lo que ahora vivimos es un ambiente de incertidumbre, miedo y angustia”. Así describe ‘María’ la vida en la Nicaragua bajo las reglas de un régimen cada vez más represivo y vengativo. Ella ve, oye y calla. Eso mismo hacen sus conocidos.

La tensión ha aumentado en los últimos días, a raíz de la excarcelación, destierro y despojo de nacionalidad que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplicó contra 222 presos a los que se “condenó” por delitos considerados traición a la patria. Una “fórmula” que un día después replicó para desnacionalizar y confiscar los bienes de otros 94 nicaragüenses.

Por ese mismo miedo, ella no revela su identidad, no dice a qué se dedica ni dónde vive. En su barrio la vigilancia es constante de parte de simpatizantes del Orteguismo y cualquier palabra puede ser malinterpretada.

María cuenta que no habla con nadie sobre ningún tema que genere polémica, su esperanza es que “esto pronto terminará” y que pueda volver a conversar como lo hacía antes con su familia y amigos sin el temor de terminar como traidora a la patria y perder su nacionalidad y la casa que le ha costado mucho esfuerzo.

El despojo de la nacionalidad y la confiscación de bienes, es la última ”arma” de de represión diseñada por el régimen de los Ortega-Murillo en contra de los ciudadanos y de las voces disidentes.

LOS APÁTRIDAS

Pablo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), percibe una sofisticación de los métodos de represión de Ortega “con la crueldad como una práctica normalizada”.

“Estamos hablando de un Estado en total desacato de sus deberes internacionales en el marco de un terrorismo de Estado, un Estado Policial de excepción y que ahora utiliza la deportación forzada como método represivo ante la vista de todos los sistemas de derechos humanos en el mundo”, expone Abrao quien también es especialista internacional en derechos humanos.

Los primeros afectados con declararlos apátridas fueron los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos. Le siguió monseñor Rolando Álvarez quien por ser declarado traidor de la patria lo despojaron de la nacionalidad y lo condenaron a más de 26 años de cárcel.

Los últimos en la lista fueron 94 ciudadanos que el pasado 15 de febrero les quitaron la nacionalidad y señalados de cometer actos que menoscaban la integridad nacional en concurso real con la propagación de noticias falsas, sin que se les realizará un juicio previo.

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En la lista figuran religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios, comerciantes, entre otros, a los que un Tribunal de Apelaciones de Managua los declaró "traidores a la patria" y ordenó el decomiso de sus bienes.

OTRO NIVEL DE REPRESIÓN

Para Adriana Domingo, oficial legal del programa para Nicaragua de Raza e Igualdad, el declararlos apátridas a los 317 ciudadanos es la continuación de la represión contra el pueblo de Nicaragua.  

“La privación arbitraria de la libertad, el destierro, despojo de propiedad y apatridia son acciones que evidentemente buscan callar las voces críticas y a quienes defienden los derechos humanos”, detalla la oficial de Raza e Igualdad.

Señala Domingo que el despojo de las propiedades de manera arbitraria y sin juicio previo se suma a otra “forma de aleccionamiento social orientado a reprimir cualquier apoyo, comunicación o contacto de la comunidad con las personas contra las cuáles se dirigen estos actos, aislándoles y finalmente obligándoles a optar por el exilio”.

DESPOJO SIN PRECEDENTES

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, vive en carne propia el despojo de la nacionalidad, ya que es uno de los 94 al que Ortega declaró apátridas. Señala que en la historia reciente de Nicaragua no hay un precedente de este tipo de medida, la que genera más terror entre la población.

“Este es otro nivel de represión dirigido a desnaturalizar a las personas que nacimos en el país, pretenden obcecadamente ponernos como que no existimos, como que sino nacimos porque han ordenado tomar medidas administrativas en todo lo que tiene que ver con el nacimiento y registro”, denuncia Carrión, quien considera que la medida la tomó la dictadura porque pretende “perpetuarse en el poder como una nueva dinastía”.

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Para Carrión, la dictadura ha superado a la tiranía de los Somoza y rompe récord en los abusos y violaciones a los derechos humanos.

“Superan incluso a (Augusto) Pinochet, Pinochet se la quitó (la nacionalidad) a varios chilenos en su tiempo, pero a unos cuantos, pero nada que ver con un avión lleno que los mandan desterrados y el mismo día les quitan la nacionalidad y en el caso de nosotros sin juicio”, critica Carrión.

El despojo de la nacionalidad la ejecuta el régimen de los Ortega-Murillo luego de que el Parlamento reformó el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, pero que entrará en vigencia luego que se apruebe en segunda legislatura, es decir hasta el 2024.

AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS EN NICARAGUA

Otra irregularidad es que los parlamentarios afines al Orteguismo aprobaron una Ley especial de perdida de la nacionalidad para regular esa reforma a la Constitución. La misma Carta Magna en el artículo 20 indica que los nicaragüenses nunca pierden su nacionalidad.

Tanto Abrão como Domingo coinciden en que Nicaragua es firmante de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, la cual establece que está prohibido la privación “arbitraria” de la nacionalidad por el derecho internacional y más como “una sanción impuesta por motivos políticos”.

“Entonces, queda muy bien establecido que estas prácticas de represión no deberían ser utilizadas en ningún país que respete y garantice los derechos y una democracia plena”, expone Abrão.

Domingo, oficial Legal del Programa para Nicaragua de Raza e Igualdad señala que este tipo de acciones buscan la división de la sociedad, así como dominarla y someterla a sus intereses personales y es un efecto del “agravamiento terrible” de la crisis política que vive Nicaragua.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido denunciados por cometer prácticas de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias hacia las personas privadas de la libertad por razones políticas, y que ahora con la expulsión del país, “cometen otro crimen de lesa humanidad”, detalla la oficial de Raza e Igualdad, quien expresa que estas son prácticas que han puesto en marcha “por regímenes represivos y dictatoriales.

“Generalmente, estas acciones van acompañadas de la falta de vigencia de un Estado de Derecho y la democracia”, comparte Domingo.

LAS ETAPAS DE LA REPRESIÓN

Organismos de derechos humanos han manifestado que Ortega desde el 2018 ha puesto en marcha diversas etapas de represión, la primera fue la represión “tradicional”, la cual se caracterizó por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles a partir de abril del 2018 por unas reformas a la Seguridad Social.

La siguiente fue la llamada "Operación Limpieza", que la dictadura puso en marcha para desmontar las barricadas que estaban en todo el país. Esta etapa fue la sangrienta ya que salieron a las calles grupos de paramilitares para atacar a la población.

Les siguieron los encarcelamientos a los principales dirigentes opositores, cierre de medios de comunicación y captura de periodistas y el éxodo masivo de ciudadanos.

Luego el régimen puso en marcha el asedio, acoso, intimidación contra las voces disidentes, la prohibición de marcha y manifestaciones, continúo con los ataques a los templos católicos, la captura y enjuiciamiento de liderazgos por medio de leyes represivas las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.

Posteriormente por medio del Parlamento comenzaron a cancelar las personerías jurídicas a los organismos sin fines de lucro tanto nacionales como internacional y en los últimos meses se ha recrudecido los ataques contra la iglesia Católica.  

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