PGR "visita" propiedades confiscadas de los 94 desnaturalizados
Durante una conferencia de prensa virtual denominada ¡Somos y seguiremos siendo nicaragüenses! un grupo de 45 de los 94 declarados apátridas por Ortega denunciaron "la barbarie sin precedentes", porque pretende "aplastarnos civil, económica y moralmente".


- March 03, 2023
- 11:20 AM
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La Procuraduría General de la República (PGR) inició este viernes una cruzada de intimidación a los familiares de los 94 nicaragüenses desnacionalizados al realizar visitas sorpresivas en las propiedades confiscadas.
La exguerrillera Mónica Baltodano, una de las declaradas apátridas por Ortega, reveló que funcionarios de la PGR realizaron “visitas” a algunos de los inmuebles de los 94 ciudadanos para tomar fotografías y realizar medidas de las propiedades.
“Estas acciones pretenden aterrorizar a los ocupantes que están en los inmuebles, ya sean familiares, y aterrorizar a quienes rentan esas propiedades”, explicó Baltodano, quien despojada de su nacionalidad junto a su hija y su esposo.
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La PGR visitó el condominio donde vivía la periodista Sofia Montenegro y la activista Azahálea Solís.
Luis Carrión, exguerrillero sandinista, afectado por la decisión de Ortega indicó que las propiedades fueron “inmovilizadas” en el Registro de la Propiedad y no se pueden traspasar a nadie.
“Esta acción de convocar a los que están ocupando los inmuebles a que se presenten tiene la intención de empezar a cobrarles un alquiler. Este proceso de confiscación va yendo paso a paso, pero se va produciendo”, declaró Carrión.
PGR CONFISCA PROPIEDADES QUE ESTÁN HIPOTECADAS
El economista Enrique Sáenz comentó que la desnaturalización que ahora viven también abre un debate sobre las propiedades que todavía las están pagando a los bancos del Sistema Financiero Nacional. En su caso particular dijo que una institución financiera, la cual le financió la compra de una propiedad, le sigue cobrando y le solicitó que se abocará con la PGR para definir la situación.
“Nosotros no podemos seguirle pagando por una propiedad que el Estado alega que le pertenece. La persona que nos atendió nos dijo que ese era un caso de la gerencia general del banco porque ellos no habían recibido ninguna notificación por parte de la Procuraduría sobre este tipo de propiedades”, señaló Saénz.
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Por su parte Moisés Hassan relató que le confiscaron no solo sus bienes sino también la pensión de retiro, lo que considera como "un acto cruel e inhumano" ya que dependen de ese dinero para sobrevivir.
Para Hassan estas medidas del régimen es para mostrarse fuerte ante sus bases y plantean la hipótesis de que no van a dejar el poder.
ZARPAZO A LOS DERECHOS CIVILES
Un grupo de 45 de los 94 nicaragüenses desnacionalizados consideraron la medida de Ortega como una “barbarie sin precedentes” y “un zarpazo” a los derechos civiles y revela la naturaleza “criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político”.
“Denunciamos la barbarie sin precedentes y repudiada por numerosas naciones del mundo, de pretender aplastarnos civil, económica y moralmente, mediante la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos; la prohibición de ejercer nuestros derechos civiles y políticos a perpetuidad; la confiscación de nuestros patrimonios”, señala parte del comunicado.
Indicaron que desconocen qué ha pasado con la citatoria que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de una nota de prensa a las personas que ocupan sus viviendas.
INCERTIDUMBRE SI PUEDEN UTILIZAR EL PASAPORTE
Silvia Nadine Gutiérrez, también declarada apátridas e hija de la excarcelada Eveling Pinto, expresó que tienen temor e incertidumbre por el uso de pasaporte en los diferentes países donde se encuentran los enlistados.
Durante la conferencia de prensa virtual denominada ¡Somos y seguiremos siendo nicaragüenses!, hicieron un llamado a las Organización de Naciones Unidas (ONU), a la de Estados Americanos (OEA), a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la “brutal agresión” de la dictadura.
Los ciudadanos nicaragüenses señalaron que Ortega los despojó de la nacionalidad por medio de una resolución “ilegal”, porque viola los derechos humanos, la legislación nacional y los convenios internacionales.
También solicitaron la liberación de monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, y de los más de 37 presos políticos que permanecen en la cárcel. También agradecieron a los países como España, Chile, Colombia, México, Ecuador que ofrecieron la nacionalidad a los desterrados y a Estados Unidos que recibió a los 222 desterrados políticos, así como a Costa Rica que los ha recibido con solidaridad.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que están documentando este caso de los 94 desnaturalizados y esperan la próxima semana reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver el tema.
Baltodano criticó el silencio del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y del Partido de los Trabajadores por la situación que enfrenta Nicaragua y que es contrario a los principios de democracia que pregonan dentro de sus principios.