Daniel Ortega allana el camino para anular al sector privado nicaragüense

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplicó este lunes la guillotina al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y al menos 18 de sus cámaras, a pesar de que el órgano empresarial había adoptado una política de silencio desde que asumió la presidencia el empresario energético César Zamora. La disolución de las organizaciones gremiales empresariales es un “pésimo mensaje” a los inversionistas nacionales y extranjeros y es interpretada como una pretensión de la dictadura de desarticular al sector privado que ahora queda sin interlocutores ante las diferentes instancias del Estado.

“La dictadura pretende desarticular al sector privado organizado y quitarle el liderazgo y la representatividad que tiene. No lo va a lograr”, señala con firmeza Lucy Valenti, expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Turismo (Canatur), una de las cámaras disueltas por el Ministerio de Gobernación (Migob) que adujo que no las organizaciones no habían completado el proceso de convalidación y las señaló de falta de transparencia en la información que presentaron.

Para Valenti, las disoluciones de este lunes son una “venganza” y una respuesta “desesperada” de la dictadura de los Ortega-Murillo a la comunidad internacional que ha rechazado el destierro de 222 presos políticos — incluidos el presidente y vicepresidente del Cosep, José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas —, el despojo de la nacionalidad de 94 ciudadanos y la condena a 26 años de cárcel de monseñor Rolando Álvarez.

Por su parte, la investigadora Elvira Cuadra señala que las cancelaciones de este lunes profundizan la percepción de inseguridad jurídica y afecta el clima de negocios, las inversiones y el índice de riesgo país que tiene Nicaragua, ya que Ortega ha “desarticulado al sector privado y cierra los canales de comunicación que tenían con el Gobierno y que son necesarios”.

“Esto plantea un problema mayor para el sector privado y para el Gobierno porque hay una gran cantidad de acciones que requieren coordinación gremial y ya no se van a poder realizar”, considera Cuadra.

CANCELACIONES PROFUNDIZAN LA DESCONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS

El economista Enrique Sáenz dice que la disolución de las gremiales es una medida de “represión política” y un “zarpazo” que profundiza la desconfianza, pone en riesgo la inversión ya que los empresarios la pensarán dos veces para instalar, modernizar o ampliar sus negocios “frente a una dictadura que ha demostrado que no respeta ningún derecho”.

“Sino hay inversión, no hay trabajo, sin trabajo no hay ingreso”, expone Sáenz quien cree que ese será el primer impacto de las cancelaciones, además considera que puede haber fuga de capitales. Sáenz coincide con Cuadra en que una de las posibles consecuencias será el aumento del riesgo país que otorgan las empresas calificadoras y que toman en cuenta los organismos financieros internacionales para otorgar financiamiento al país.

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Según Sáenz si aumenta el riesgo país, los créditos vendrá con tasas de interés más altos, la cual se trasladará a los usuarios de ese financiamiento, por eso vaticina que las repercusiones económicas a corto, mediano y largo plazo “son devastadoras”. “Ortega es como el borrachito de la esquina que agarra a pedradas a todo mundo, a los que no le hacen nada, a los amigos, familiares, adversarios, a los indiferentes, se pelea con todo el mundo, solo que él está borracho de poder, de soberbia, los borrachos no dialogan”, compara el economista.

CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN

El investigador Manuel Orozco es del criterio que Ortega está arrastrando al país a un “hueco oscuro” y que la cancelación de las cámaras empresariales es la continuidad de la represión y parte de la hoja de ruta del régimen para “talibanizar” a Nicaragua. También opina que los Ortega-Murillo pretenden tener el control del país mediante la eliminación de “cualquier interlocución social y económica que no sea parte del sistema de Gobierno mismo”.

“La consecuencia inmediata es que la interlocución que tienen las cámaras de empresas frente el Estado y la sociedad en general, queda eliminada.  Lo que queda es la interlocución creada por el mismo régimen y que opera dentro del marco Estado-partido, de la misma manera que configuró a las organizaciones ‘de masa’ en los años ochenta en donde la credencial de identificación era pertenencia al sistema revolucionario a cargo del partido y sus comandantes”, recuerda Orozco.

Las consecuencias de esta medida, dice la expresidenta de Canatur, se verán reflejadas en la actividad económica, la cual se verá “obstaculizada frente a la imposibilidad de un sector privado que no tendrá interlocución con el gobierno para impulsar su actividad económica”.

“El régimen creó unas “cámaras propias”, que no tienen ninguna representatividad y son más bien fantasmas. Pretenderán decir que ellos son ahora los representantes empresariales. Pero el pueblo sabe que no es así y los empresarios también lo saben”, apunta por su lado Valenti.

Esa “cámara propia”, a la que se refiere Valenti, es Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), la cual se ha arrogado la representatividad del sector empresarial en la mesa de negociación del salario mínimo.

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Para Valenti estas disoluciones mandan un “pésimo mensaje” a los inversionistas nacionales y extranjeros, que sufren “un impase” desde abril del 2018, cuando comenzaron las protestas populares de abril y que dejaron al menos 355 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esto empeora la situación y asesta un terrible golpe a la imagen país para el desarrollo de los negocios. La empresa privada es el motor del desarrollo de cualquier país y esto lo que está haciendo es profundizar la radicalización del país y llevándolo cada día más a la destrucción económica tal a cómo pasó en Cuba”, expone Valenti.

 CADUR ORGANIZABA FERIA

El golpe fue tan inesperado para el sector privado que la Cámara de Urbanizadores (Cadur), otra de las canceladas, se preparaba para una feria de viviendas, que estaba prevista para el 25 y 26 de marzo, anunció recientemente Héctor Lacayo, presidente de Cadur.

Incluso señaló que “hay muchas expectativas positivas” para este año y que las empresas agremiadas en Cadur contaban con al menos 41 proyectos habitaciones.

“Este año hemos tenido reuniones con los diferentes bancos, con los gerentes, y los gerentes de créditos hipotecarios donde están destinando montos muy importantes, por ejemplo, el BDF nos anunció ya 20 millones de dólares para crédito hipotecario para este año; diferentes bancos oscilan entre 10 millones (de dólares), cada uno por banco”, declaró el pasado jueves 2 de marzo Lacayo, según información que recogieron medios oficialistas.

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Mientras que un experto en temas internacionales, quien pidió omitir su nombre, las cancelaciones no lo tomaron por sorpresa ya que el régimen había puesto obstáculos para la convalidación de su estatus. Sin embargo, cuestiona cómo estas cancelaciones afectarán el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta) y la integración de la región.

“Y cómo afecta esta decisión, también, los proyectos de desarrollo financiados por las instituciones financieras internacionales, que igualmente contemplan esa participación. El sentido político de la decisión es muy claro: esto pone punto final al famoso modelo “de diálogo y consenso” y enrumba al país hacia la incertidumbre”, comparte el experto.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas quedaron en el desempleo y qué pasará con las personas que cursaban estudios de maestrías, diplomados y seminarios que ofrecía la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin). Nicaragua sería el primer país de Centroamérica que no contaría con organizaciones gremiales empresariales que los represente.