Michelle Bachelet: No hay condiciones para un diálogo genuino

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene en que si las detenciones y condenas de presos políticos persisten “los esfuerzos actuales para comenzar un diálogo que resuelva la crisis política y social en el país se verán inevitablemente socavados”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este viernes que mientras continúen las acciones represivas y los procesos penales contra opositores en Nicaragua, no existen condiciones para sostener un diálogo “genuino”.  Instó al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos.

"El arresto y encarcelamiento de líderes de la oposición, posiblemente en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU, dificulta claramente la creación del entorno propicio para mantener un diálogo genuino e inclusivo, que el Gobierno dice querer", expresó Bachelet a través de un comunicado divulgado este viernes, luego que Daniel Ortega anunciara que el próximo 27 de febrero se instalará una mesa de negociación con la Alianza Cívica para buscar una salida a la crisis iniciada en abril de 2018.

Bachelet sostiene en que si las detenciones y condenas de presos políticos persisten “los esfuerzos actuales para comenzar un diálogo que resuelva la crisis política y social en el país se verán inevitablemente socavados”.

"Estoy profundamente preocupada por la aparente falta de debido proceso y el aumento de la criminalización de la disidencia en Nicaragua", dijo Bachelet en el comunicado girado desde Ginebra, en el que insta a las autoridades nicaragüenses “a que liberen a todas las personas privadas de libertad en relación con su derecho intrínseco a la protesta pacífica y la disidencia, y que garanticen que las personas que cooperan con la ONU y otras organizaciones de derechos humanos no sufran represalias".

"Es un principio fundamental de la democracia que personas de todos los sectores de la sociedad puedan participar libremente en el debate sobre el futuro de su país, sin temor a ser arrestados o intimidados", insistió.

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Bachelet también abogó porque se realice una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas que participaron en las protestas, “para garantizar que los casos hayan sido tratados adecuadamente en cada etapa por la Policía, fiscales y jueces".

Menciona las condenas de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, sentenciados a 216 y a 210 años de prisión, respectivamente; y del líder estudiantil Jonathan López, sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel.  También hace referencia al caso de los exmiembros del Ejército de Nicaragua, Carlos Brenes y Tomás Maldonado para los que la Fiscalía pide penas de 32 y 34 años respectivamente.

VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO

Organismos de derechos humanos que ejercen la defensa de los presos políticos, en su mayoría acusados de terrorismo, han denunciado violaciones al debido proceso de las más de 700 encarcelados, entre líderes campesinos, ciudadanos que participaron en protestas, estudiantes, activistas políticos, periodistas y miembros de sociedad civil.

La nota oficial de la Alta Comisionada recoge las denuncias de la falta de independencia del Poder Judicial nicaragüense, reflejada en señalamiento de nula transparencia en los juicios contra opositores, “cuestionamientos respecto a la credibilidad e independencia de los testigos, restricciones indebidas de las pruebas y testigos presentados por la defensa, y limitaciones de acceso de los acusados a sus abogados”.

“Otras personas que han expresado opiniones disidentes, incluidos estudiantes, periodistas y un juez de la Corte Suprema de Justicia, han huido del país”, dice el comunicado.

LA NEGOCIACIÓN DE ORTEGA

El presidente Daniel Ortega anunció la instalación de una nueva mesa de negociación,  sin ofrecer cumplir con las condiciones que diversos sectores sociales y la comunidad internacional, han señalado como indispensables para que se dé un encuentro de ese nivel.

“Para abrir una nueva ruta hablamos de entablar un encuentro, instalar una mesa en ese encuentro para negociar, para consolidar la paz en nuestro país. Negociar para construir esa nueva ruta, ese nuevo camino para que el país se pueda ir recuperando de los efectos del intento de golpe de abril”, dijo Ortega en alusión al deterioro económico que enfrenta el país.

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Inmediatamente después del anuncio, la Alianza Cívica dio a conocer a sus delegados negociar: Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, Max Jerez, José Adán Aguerri, Carlos Tünnerman y José Pallais.

Además habrán seis suplentes: Felipe Argüello, Azahalea Solís, Valeska Valle, Michael Healy, Diego Vargas y Ernesto Medina.

Ortega no dijo quiénes serán los representantes del Gobierno. Tampoco mencionó si en esta nueva negociación será llamada la Conferencia Episcopal como mediadora o si convocarán a garantes internacionales.

La crisis de Nicaragua inició el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas al seguro social, la represión orteguista provocó al menos 325 muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.