El Departamento de Comercio de Estados Unidos sanciona a la Policía Orteguista 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Policía Orteguista a la lista de control de exportaciones por denuncias de que está implicada en graves abusos de derechos humanos en Nicaragua.  

La institución ya estaba sancionada desde mayo de 2020 por el Departamento del Tesoro que bloqueó sus bienes en Estados Unidos, pero ahora con la nueva sanción del Departamento de Comercio se limita también su capacidad de adquisición de tecnología estadounidense. 

La designación de la Policía en la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso difícil de obtener. 

El Departamento de Comercio indicó que a la policía a la lista “por participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

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“Estas actividades son contrarias a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”, dijeron en un comunicado.

Las autoridades considerarán las solicitudes de empresas para vender tecnología a la Policía Orteguista bajo una presunción de denegación.

CONFIRMACIÓN DE CRÍMENES

Esta nueva sanción llega una semana después de que el Departamento de Estado publicara un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un control sobre los otros poderes del estado, como el legislativo, judicial y electoral del país. 

También señala que la dictadura “no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018”. 

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El informe también confirma que la familia Ortega Murillo, el Estado y las alcaldías de Nicaragua están “plagadas de corrupción”.

En el contexto de la crisis sociopolítica desatada por la represión a las protestas de 2018, Estados Unidos ha sancionado a miembros de la familia presidencial, altos mandos policiales y militares; así como a instituciones como la Policía, Fiscalía, Consejo Supremo Electoral y Telcor.