Desastre por cierre masivo de oenegés en Nicaragua: 23,000 desempleados y U$255 millones perdidos

Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado el cierre de 3,364 oenegés en Nicaragua. Esa decisión política ha dejado 23,483 desempleados, pérdidas de al menos 255 millones de dólares en proyectos y 3.4 millones de nicaragüenses en condición de vulnerabilidad, según un informe de la Fundación del Río presentado este jueves.

Según Amaru Ruiz, presidente de la Fundación, el análisis de datos realizado en una alianza de organizaciones evidencia la violación a la libertad de asociación en Nicaragua y el desastre que ha provocado. Subrayó de manera particular la afectación a los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüenses por la falta de atención de parte del Estado.

El informe arroja que desde 2018 en Nicaragua ha desaparecido el 46% de las 7,227 organizaciones que existían hasta el 2018. Asimismo, identifican que el operativo de exterminio de oenegés se registró en 2022 con una concentración del 98% de los cierres, los cuales fueron oficializados en 73 ediciones de La Gaceta a través de cuatro instrumentos: decretos de la Asamblea Nacional, acuerdo ministerial, ley especial de cambio jurídico y resoluciones administrativas.

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En el caso de 2023, el Ministerio de Gobernación, que desde agosto de 2022 tiene la facultad de cancelar personerías jurídicas, ha ilegalizado 119 oenegés nacionales, tres internacionales y 31 han optado por la “disolución voluntaria”, detalla el informe.

El monitoreo identifica que la “disolución voluntaria” ha sido empujada por la política represiva del régimen. Uno de los indicios que los lleva a esa conclusión es que algunas organizaciones tenían proyectos en ejecución más allá de la fecha del anuncio de sus cierres. Otras se quedaron sin recursos económicos, precisan.

LAS OENEGÉS CON AVAL DEL RÉGIMEN

Por otro lado, Amaru Ruiz llamó la atención sobre 43 organizaciones que han recibido convalidación del régimen, la mayoría de perfil deportivo. La convalidación es un proceso que deben hacer las organizaciones registradas antes de la aprobación de la Ley 1115, Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, que exige ese trámite para continuar funcionando.

“No es tan complicada la convalidación, el problema es que te la den”, expuso Ruiz quien considera que genera sospechas que a unas organizaciones les aprueben el proceso y a otras no.

Las anomalías en el proceso de convalidación de las organizaciones deportivas llevan al investigador a valorar la hipótesis de que también se hace a discrecionalidad y únicamente es ágil para aquellas oenegés en las que “alguna manera ellos (régimen) tienen o ejercen el control”.

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES ANULADAS

El estudio identifica la detrás de la anulación masiva de personerías jurídicas hay cuatro claros intereses del régimen de Nicaragua: criminalizar de su labor, desarticular el tejido social territorial, ejercer el control de la cooperación y tener la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.

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Los organismos nacionales cancelados atendían temas de derechos humanos, procesos de desarrollo y construcción de viviendas. En el caso de las internacionales el 74% se dedicaba a proyectos de desarrollo; el resto eran religiosas y de investigación.  

El promedio de operación de las oenegés canceladas era de 19 años y el menos el 39% estaban activas en su cierre, el cual se hizo en base a la evidencia que encontró el estudio en la revisión de página web, redes sociales, comunicaciones personales entre otras herramientas.

El monitoreo señala que el 52% de las organizaciones nicaragüenses canceladas tenían como domicilio el departamento de Managua, pero con incidencia en todo el país y que el 40% de las internacionales eran originarias de Estados Unidos, le sigue  España, Alemania, Costa Rica y de Italia.

Para este estudio seleccionaron una muestra en base a las primeras mil oenegés nacionales canceladas de estas el 53% estaban activas, es decir 537 y de estas tomaron el 10%. Ruiz indicó que la muestra no fue más amplia, “pero debido al temor de las organizaciones pues obviamente algunas no accedieron”.

NICARAGUA, UN MAL EJEMPLO

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Popol Na, Fundación del Río y Las Segovias, han presentado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) tras agotar las vías legales en Nicaragua.

Como alternativa a la voraz persecución interna, al menos 25 organismos enfocados en Nicaragua se han constituido fuera del país para continuar brindando asistencia.

El monitoreo también advierte que, en Centroamérica, países como El Salvador, Guatemala han tomado como ejemplo el modelo de Nicaragua para controlar el trabajo de las oenegés. También está el caso de México y Venezuela.