El Reino Unido expresa su “profunda preocupación” por la condena a monseñor Álvarez 

El continuo deterioro de los derechos políticos y humanos en Nicaragua, así como la condena a 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, “es profundamente preocupante”, asegura el Gobierno del Reino Unido.  

“Seguiremos planteando nuestra preocupación por los derechos políticos y humanos en Nicaragua, incluido el encarcelamiento del obispo Álvarez y de todos los presos políticos, e instaremos al Gobierno nicaragüense a que respete los derechos humanos de todos los nicaragüenses”, señaló el Gobierno británico. 

En una respuesta parlamentaria enviada al diputado independiente David Alton, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país destacó las conclusiones del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo mandato fue renovado por dos años más con el apoyo del Reino Unido. 

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El Grupo de Expertos condenó las restricciones al espacio civil y la represión radical contra opositores políticos, clérigos, medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos y concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. 

La embajadora británica, Rita French, hizo dos declaraciones sobre Nicaragua en las que denunció el clima de represión, intimidación y acoso, y expresó el apoyo de su país a las recomendaciones del Grupo de Expertos, entre las que se encuentra la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez.

SANCIONES SIGUEN VIGENTES

El Reino Unido mantiene vigentes sanciones contra 15 funcionarios del régimen nicaragüense, incluyendo a Rosario Murillo, Fidel Moreno, Gustavo Porras, altos mandos policiales y asesores del dictador Daniel Ortega.  

Entre los sancionados se encuentran los comisionados generales Francisco Díaz, Ramón Avellán, Fidel Domínguez, Justo Pastor Urbina, Juan Valle Valle y Luis Alberto Pérez Olivas.  

También está sancionada la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal general, Ana Julia Guido; la exministra de Salud, Sonia Castro; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el magistrado electoral Lumberto Campbell; Francisco López, tesorero del Frente Sandinista.  

Todos están sancionados por abusos de corrupción y violaciones de derechos humanos.