Alianza Cívica y UNAB demandan reforma electoral que garantice no reelección y cárcel por fraude

La Alianza Cívica y la UNAB demandan una reforma electoral que garantice la no reelección presidencial, nuevos magistrados en el CSE y la inhabilitación vitalicia para quien manipule las elecciones.  

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UBAB) presentaron su propuesta de reforma electoral unificada en la que demandan establecer la no reelección presidencial, el cambio de todos los magistrados del Poder Electoral y reformar la Constitución para que exiliados y excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega puedan optar a cargos de elección popular.  

La Alianza Cívica y la UNAB ponen tres condiciones antes de iniciar cualquier proceso de reforma electoral: liberación de los presos políticos, el cumplimiento de las garantías ciudadanas, así como el seguimiento y observación electoral internacional. 

Durante la presentación de la reforma, familiares de presos políticos respaldaron la propuesta y advirtieron “no aceptaremos ir a un proceso electoral sin la liberación completa de todos los presos políticos”, dijo Tamara Zamora, mamá de Amaya Coppens, presa política del régimen. 

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NO REELECCIÓN Y CÁRCEL POR FRAUDE  

La propuesta plantea una reforma a la Constitución Política para el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). En esta reforma se debe incluir la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente, además de prohibir la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo. Esto inhabilitaría a Rosario Murillo de optar al poder en las elecciones generales de 2021. 

La propuesta contempla restablecer el umbral electoral 50 % + 1 para poder ganar la presidencia, de lo contrario ir a una segunda vuelta electoral.  

Proponen la eliminación de diputaciones sin voto popular. Esto consiste en suprimir de la Constitución Política las dos diputaciones respectivas, tanto para el presidente saliente en el período inmediato anterior a la elección general y el candidato a presidente del segundo lugar.  

Asimismo, sugieren “penalizar el fraude y la manipulación de los procesos electorales con la inhabilitación vitalicia, además de las penas contempladas en el Código Penal”. 

La propuesta también contempla establecer la posibilidad de solicitud del Referéndum Revocatorio a mitad del mandato para el cargo de presidente y vicepresidente. 

QUE EXILIADOS Y EXCARCELADOS PUEDAN OPTAR A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Para garantizar el derecho de los exiliados y excarcelados políticos del régimen a optar a cargos de elección popular, la Alianza Cívica y la UNAB demandan la derogación del tiempo de residencia continua de cuatro años para postularse al cargo de presidente y vicepresidente; de 2 años para postularse al cargo de diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional y el Parlacen; y de 4 años de residencia continua para alcaldes, vicealcaldes y Concejos Regionales de la Costa Caribe.  

Como segunda opción para garantizar ese derecho, plantean la posibilidad de “establecer un artículo transitorio para que no se inhiba para postulación a cargos de elección popular a personas vinculadas a partir de los eventos de abril 2018”.