La detención y condena de monseñor Álvarez ilustra la represión contra los miembros del clero

Nicaragua fue incluida dentro de la lista de 17 Países de Particular Preocupación (CPC) por las violaciones “sistemáticas, continuas y atroces” al derecho a la libertad de religión, según el informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por siglas en inglés).

El informe detalla que la detención y condena contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí “es ilustrativo de su represión contra los miembros del clero” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Fue acusado de ‘conspiración’, ‘difundir noticias falsas’ y ‘dañar al Gobierno de Nicaragua y la sociedad’. La vicepresidente Murillo justificó la detención del obispo por argumentando que servía para ‘guardar la paz, seguridad y tranquilidad de familias nicaragüenses’”, expone el documento de la USCIRF.

Álvarez fue uno de los obispos que participó como mediador en el fallido Diálogo Nacional en el 2018 y crítico del historial de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

En febrero de este año fue condenado a 26 años de cárcel y despojado de su nacionalidad. Actualmente, está detenido en La Modelo y se desconoce su estado de salud desde marzo cuando se difundieron las primeras imágenes del religioso.

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En el informe anual del 2023, que publicó el organismo, señala que, durante el 2022, documentaron “una regresión significativa en países como Afganistán, China, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia”.

Además revela que en el 2022 en Nicaragua “empeoraron considerablemente” las condiciones de libertad religiosa y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “escaló” en su campaña de hostigamiento y severa persecución contra la Iglesia católica apuntando al clero, además eliminaron organizaciones afines a esta e impusieron restricciones a las prácticas religiosas. Además, expulsó al nuncio monseñor Waldemar Sommertag.

PROPONEN SANCIONES A VIOLADORES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

En la celebración de la Semana Santa de este año, Ortega prohibió las procesiones, reduciéndolas a lo interno de los templos, además capturó a los ciudadanos que desafiaron la medida.

El informe publicado este miércoles plantea una serie de recomendaciones a la administración de Joe Biden dentro de las que se destaca “imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del Gobierno nicaragüense responsable de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones de congelar los bienes de esas personas y/o prohibiendo su entrada a los Estados Unidos bajo los derechos financieros relacionados con los derechos humanos y autoridades de visas, citando religiones específicas violaciones de la libertad”.

DISCURSO DE ODIO Y CÁRCEL A RELIGIOSOS

Según el informe, las violaciones a la libertad religiosa incluyen los discursos de odio contra la Iglesia católica y la negación de entrada al país de sacerdotes.

“El Gobierno de Nicaragua intensificó su represión contra miembros del clero. A pesar del alto nivel de persecución contra los líderes católicos desde las protestas de 2018, 2022 fue el primer año en que el Gobierno encarceló a miembros del clero”, expone el documento.

En el 2022, Ortega encarceló y condenó al sacerdote Manuel Salvador García, así como a monseñor José Leonardo Urbina y obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez.

“En agosto (2022) la Policía realizó un allanamiento de madrugada en la iglesia del obispo Álvarez en Matagalpa, lo detuvieron y lo pusieron bajo arresto domiciliario en Managua. Otros sacerdotes detenidos en 2022 incluyen a Óscar Benavides en agosto y Enrique Martínez Gamboa en octubre”, detalla el informe.

CIERRE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La represión del régimen incluye la expulsión de sacerdotes, y religiosas, cierre de universidades católicas, organizaciones sin fines de lucro ligadas a la Iglesia católica así como el cierre de medios de comunicación radiales y televisivos que pertenecían a diferentes diócesis.

“En mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó la remoción de la Episcopal Conferencia del Canal Católico de Nicaragua. En su lugar, el régimen comenzó a transmitir Nicarao TV, ampliamente percibida como red de propaganda. Telcor también ordenó el cierre de al menos ocho estaciones de radio operadas por la Iglesia católica”, agrega el documento.

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El personal a cargo de la investigación recomienda que se debe de presionar a Ortega para que libere incondicionalmente a los sacerdotes que están detenidos, así como permitir que los presos políticos tengan acceso a Biblias y consultas religiosas.

Igualmente, plantean que se debe realizar una mayor fiscalización a los préstamos y asistencia financiera que se brinde a Nicaragua de conformidad con la Ley Renacer.