Ortega traspasa DNP al Estado, tras sanciones

Asamblea Nacional aprueba ley que traspasa los inventarios de la sancionada DNP al Estado. Según Ortega, tras las sanciones, es una medida para garantizar el suministro de combustibles a la población nicaragüense.

Con votos 73 votos a favor la Asamblea Nacional aprobó esta mañana una iniciativa de ley enviada que traspasa los inventarios de la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) al Estado de Nicaragua.

Daniel Ortega ordenó a aprobación de dicha ley tras las sanciones impuestas por Estados Unidos que alcanzan a su hijo Rafael Ortega Murillo y a las empresas bajo su control: DNP, El Goliat e Inversiones Zanzíbar, esta última vinculada al esquema de corrupción como minorista de combustible.

Según Ortega, es una medida para garantizar el suministro de los productos derivados del petróleo a la población nicaragüense.

Sin aludir a las sanciones del Departamento del Tesoro oficializadas el pasado jueves, Ortega expuso que ante "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas", la ley pretende "evitar que la satisfacción de los intereses colectivos de la sociedad nicaragüense pueden verse vulnerados, en este caso el suministro confiable continuo, eficiente, seguro, adecuado e ininterrumpido de los combustibles y los productos derivados del petróleo".

"POMPEO NO ES FUNCIONARIO DE NICARAGUA"

Quien sí se refirió a las sanciones fue el diputado orteguista Edwin Castro, quien ante el rechazo de sus colegas opositores al traspaso de DNP al Estado, defendió la movida del régimen argumentando que "(Mike) Pompeo (Secretario de Estado de los Estados Unidos) no es funcionario de Nicaragua… aquí esta ley es para darle tranquilidad, ordenamiento y feliz navidad al pueblo", dijo.  

"(Los nicaragüenses) no tienen por qué responder, ni aceptar, ni doblegarse a sanciones unilaterales de otros países sin derecho ninguno en Nicaragua, ni basado en ninguna ley internacional...  peleles y vendepatrias asuman su lugar en la historia", dijo iracundo acusando, una vez más a la oposición, por el desastre económico en el país a consecuencia de la crisis que Ortega se resiste a resolver por medio de una negociación.

"Tengan compasión del pueblo y no vengan a levantar argumentos de otros países aquí en Nicaragua", reprochó el funcionario al dirigirse a aquellos que cuestionaron la resistencia de Ortega a un diálogo.

"Se enredan los que quieren, el Estado está cumpliendo con su obligación de garantizar suministro de hidrocarburos... aquí no retorna el somocismo, ni las mañas ni las artimañas". fue otra de las frases del diputado, previo a la votación de la iniciativa que su líder les mandó aprobar con carácter de urgencia.

LO APROBADO

La Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, básicamente traspasa todos los inventarios de DNP al Estado de Nicaragua que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse de su administración.

La Ley de aseguramiento soberano del suministro de combustibles está compuesta por cinco artículo, el primero declara "declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, Sociedad Anónima".

En el mismo se indica que los inventarios e DNP pasan a ser propiedad estatal y que serán operados y administrados por "instituciones y/o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorice y/o delegue", según las relaciones comerciales con el resto de agentes económicos que integran la cadena de suministro de hidrocarburos, de conformidad a la Ley No. 277, Ley de suministro de hidrocarburos.

El segundo artículo ordena garantizar la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de combustibles y productos derivados del petróleo en el país.

El articulado además reconoce la facultad del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), como ente regulador, para velar por el cumplimiento de la norma que es declarada "de orden público y de interés supremo nacional y deroga cualquier disposición que se le oponga".

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